Manifiesto. En defensa de los derechos, de la razón y de la equivalencia humana

El Consejo Científico de ATTAC España, integrado por personas con amplia experiencia en sectores de la investigación, la acción social y pública o la academia, y con un fuerte compromiso por la democracia y la justicia social, denuncia la amenaza contra nuestra democracia orquestada por el Gobierno del Partido Popular que, en un abuso continuo de poder, es responsable del desmantelamiento del Estado de Derecho, de la ofensiva patriarcal contra los derechos humanos de las mujeres, de la represión policial, del terror económico que destroza la vida de familias enteras y se ceba en la infancia y sectores más vulnerables, y de la sustitución de la confianza ciudadana por el miedo y las amenazas constantes a derechos fundamentales. Un riesgo de estas características reclama una respuesta a la altura. El Consejo Científico de ATTAC está convencido de que nuestra democracia está en peligro. Es tiempo de recuperar el ánimo ciudadano que, en otro contexto histórico, logró traer un nuevo régimen de libertades.

En este manifiesto denunciamos que muchos supuestos con los que se pretenden justificar las reformas legislativas impuestas por el gobierno central son productos ideológicos que no tienen sostén teórico ni refrendo democrático. La ciencia no es neutra: tiene ideologías e intereses.

España es hoy uno de los países europeos con mayor desigualdad en la distribución de la renta, producto tanto de una desequilibrada distribución primaria de los ingresos como de la ausencia de mecanismos redistributivos adecuados.

Las desigualdades en la distribución primaria son el reflejo de una intolerable desigualdad de poder entre capital y trabajo así como la persistencia de estructuras patriarcales que valoran de forma desigual la aportación laboral de hombres y mujeres. La reciente reforma laboral, al desmantelar gran parte de la negociación colectiva y mantener el salario mínimo interprofesional en niveles de pobreza, no hacen sino agravar de forma dramática estas desigualdades. Algo que contrasta con la tolerancia que reciben los ingresos de las élites, a menudo propiciados por estructuras institucionales que favorecen el parasitismo y el abuso. Como se pone de manifiesto particularmente en la falta de una política seria de persecución del fraude fiscal y de operaciones en paraísos fiscales, y la tolerancia con los especuladores que supone la amnistía fiscal realizada por el gobierno.

Rechazamos seguir alimentando el triunfo de un modelo económico que sacrifica a las personas y rompe las bases de la convivencia social. Una lógica económica que condena a la precariedad a las personas con menos recursos y sume en la desesperación a una parte creciente de nuestra sociedad. La sanidad, y la enseñanza se están convirtiendo en mercancías que solo estarán al alcance de quien pueda pagarlas en el mercado. Las bases del contrato social, que se tienen que sustanciar en una esperanza de vida compartida, se está quebrando, creándose una brecha que nos regresa a situaciones de la dictadura e, incluso, del siglo XIX.

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DERECHOS HUMANOS, ¿DE QUIEN?

Vicenç Navarro* en el diario PÚBLICO

Es extraordinaria la selectividad que existe en los medios de información de mayor difusión de España en la cobertura de las violaciones de los derechos humanos hoy en el mundo.

Cuando tales violaciones ocurren en Cuba, la noticia ocupa grandes espacios mediáticos. La liberación de presos políticos en aquel país, por ejemplo, ha ocupado una gran atención de tales medios, así como de los establishments políticos tanto de España como de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, por ejemplo, dominado por los partidos pertenecientes a las sensibilidades conservadoras y liberales, ha pasado varias resoluciones sobre lo que llaman “la flagrante violación de los derechos humanos en Cuba”.

Me parece bien que se denuncie la violación de derechos humanos en Cuba, pero me parece enormemente incoherente (para expresarlo de una manera amable) que se permanezca en silencio frente a las violaciones mucho más extensas y más dramáticas que las ocurridas en Cuba y llevadas a cabo en países gobernados por las derechas, tales como Colombia.

En realidad, este silencio muestra la falta de credibilidad de tales medios en su supuesta defensa de los derechos humanos. Lo que están haciendo es utilizarlos para promover sus puntos de vista políticos e ideológicos. No son las violaciones de los derechos humanos (que utilizan para sus fines ideológicos), sino su objetivo de promocionar su ideario político lo que motiva su atención a tal violación.

Hoy, uno de los países que está cometiendo mayores violaciones de derechos humanos en América Latina y en el mundo es Colombia, sin que los medios de información españoles de mayor difusión hayan informado sobre ello.

Colombia ha sobrepasado este año a Sudán como el país que tiene un porcentaje mayor de personas desplazadas de sus hogares por causas políticas. De una población total de 44 millones de habitantes, 5,2 millones (casi el 12% de la población) han sido desplazadas por causas políticas, siendo los grupos más afectados por estos desplazamientos forzosos las poblaciones indígenas, tal como documenta el asesor jurídico de los Sindicatos del Acero de EEUU, Dan Kovalick, en su artículo “Colombia Slips Into the Abyss” (Counterpunch, 10-03-11).
Es probable que esta situación se acentúe con el Tratado de Libre Comercio con EEUU, pues facilitará las inversiones estadounidenses en la producción de aceite de palma, que es una de las causas del desplazamiento de la población indígena, conseguido por medios violentos y liderado por los infames paramilitares, que utilizan la lucha contra la guerrilla como excusa para expulsar a miles y miles de campesinos de sus tierras.

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EEUU (presionado por las grandes corporaciones estadounidenses) tendrá un impacto muy negativo en el pequeño campesino colombiano, tal como ha ocurrido con semejantes tratados bilaterales de EEUU con México y con Haití.

Como ha reconocido recientemente nada menos que el que fue presidente de EEUU Bill Clinton, el mayor promotor del tratado de libre comercio entre Haití y EEUU cuando fue presidente, tal tratado ha dañado a Haití. Cito directamente sus declaraciones:

“El tratado bilateral con Haití favoreció a los grandes agricultores de mi Estado, Arkansas, pero ha dañado enormemente a los pequeños campesinos de Haití. Fue un gran error… Y tendré que vivir el resto de mi vida con el sentimiento de haber sido responsable del deterioro de la capacidad de producir alimento por parte del propio pueblo de Haití” (mencionado en el artículo de Kovalick).

Otra enorme violación de los derechos humanos es la situación laboral en Colombia. Según la Escuela Nacional Sindical (ENS) de Colombia, 51 sindicalistas fueron asesinados en 2010, y en lo que va de año ya se ha asesinado a cuatro sindicalistas (incluyendo tres maestros). Como escribe el mismo Dan Kovalick (esta vez en el diario Huffington Post, 09-03-11), este número de sindicalistas, 51, es idéntico al número de sindicalistas asesinados en 2008, cuando el candidato Obama expresó su desacuerdo con el tratado bilateral de comercio entre Colombia y EEUU. El candidato Obama se opuso a la ratificación del tratado, refiriéndose a los asesinatos políticos de los sindicalistas como la causa de su oposición. Un indicador más del abandono de muchas de sus promesas ha sido el hecho de que el presidente Obama, con el mismo número de sindicalistas muertos hoy que entonces, apoye ahora tal ratificación. La situación de abuso que está ocurriendo en Colombia ha dado pie a que la Confederación Internacional de Sindicatos se oponga también a que se establezca un tratado bilateral entre la Unión Europea y Colombia semejante al que probablemente se aprobará en EEUU este año. Es probable que ambos parlamentos, el Congreso de EEUU y el Parlamento Europeo, que se llenan la boca hablando de derechos humanos, aprueben tal tratado.

¿Se imaginan ustedes qué ocurriría si fueran asesinados 51 sindicalistas en Cuba? Ocurre en Colombia y ni siquiera es noticia. ¿Dónde están los “grandes defensores de los derechos humanos” como Mario Vargas Llosa, José María Aznar, Bernard-Henri Lévy, Moisés Naím y otros? y ¿dónde se pueden leer los editoriales de los grandes medios de difusión protestando por tales hechos? Por cierto, cuando estoy terminando de escribir este artículo, leo en la agencia EFE que el abogado Ricardo Alberto Sierra, que representaba a los familiares de las víctimas de los paramilitares de la región del Pacífico (20.000 asesinados), acaba de ser asesinado ante su familia. ¿Hasta cuándo la comunidad internacional, supuestamente defensora de los derechos humanos, continuará con su silencio ensordecedor?

* Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

Los gobiernos tratan con guante de seda a los poderes abusadores (Human Rights Watch)

Demasiados gobiernos aceptan las racionalizaciones y excusas de gobiernos represivos, sustituyendo la presión para promover el respeto a los derechos humanos con métodos más suaves como el “diálogo” privado y la “cooperación”, señaló Human Rights Watch hoy durante la publicación de su Informe Mundial 2011. En lugar de manifestarse con firmeza contra los líderes abusivos, muchos gobiernos, entre ellos los Estados miembros de la Unión Europea, adoptan políticas que no generan presión para el cambio.

El informe de 649 páginas, el vigésimo primer examen anual de Human Rights Watch sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume las principales cuestiones de derechos humanos en más de 90 países y territorios, lo que refleja el extenso trabajo de investigación que Human Rights Watch llevó a cabo en 2010.

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“El apoyo ritual al ‘diálogo’ y la ‘cooperación’ con los gobiernos represivos es con demasiada frecuencia una excusa para no hacer nada acerca de los derechos humanos”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Los ‘diálogos constructivos’ de la UE se encuentran entre los ejemplos más notorios de esta tendencia global”.

El diálogo y la cooperación son importantes a la hora de abordar los problemas de los derechos humanos y, de hecho, lograr la cooperación es un objetivo clave de la defensa de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch. Pero cuando existe una ausencia de voluntad política para respetar los derechos, la presión cambia el balance costo-beneficio que lleva a un gobierno a elegir la represión.

Cuando los gobiernos exponen o condenan abusos, condicionan las ayudas militares o las contribuciones presupuestarias al fin de las violaciones, o exigen el enjuiciamiento y castigo de los responsables de violaciones, elevan el costo para los gobiernos abusivos, dijo Human Rights Watch.

Varios países de todo el mundo, de norte a sur, son infractores recurrentes, sin embargo, la UE insiste especialmente en recurrir a la ideología del diálogo y la cooperación, aseguró Human Rights Watch. Incluso cuando la UE emite un comunicado sobre su preocupación por un tema de derechos humanos, a menudo no está respaldado por una amplia estrategia de acción para el cambio.

La credibilidad de la UE como una fuerza defensora de los derechos humanos en todo el mundo también se basa en su voluntad para abordar los abusos contra los derechos humanos por parte de sus propios Estados miembros. Con un amplio historial de discriminación y creciente intolerancia hacia migrantes, musulmanes, romaníes y otros, un procedimientos de asilo deficiente y medidas abusivas contra el terrorismo, los Estados miembros y las instituciones de la UE deben mostrar un mayor compromiso político para garantizar que el respeto de los derechos humanos a nivel local coincida con la retórica de la UE en el extranjero.

Entre los ejemplos más recientes de la incapacidad para ejercer presión se destacan la actitud excesivamente obsequiosa de la UE hacia Uzbekistán y Turkmenistán; la suave reacción de los países occidentales ante ciertos autócratas favorecidos africanos como Paul Kagame, de Ruanda, y Meles Zenawi, de Etiopía; y la cobardía casi universal para hacer frente a la represión cada vez más profunda de las libertades fundamentales en China. El apoyo más efectivo a los derechos humanos en China en 2010 provino de la adjudicación del comité noruego del Premio Nobel de la Paz al disidente chino en prisión Liu Xiaobo.

Con todo, la presión no ha desaparecido, señaló Human Rights Watch. Sin embargo, se ha utilizado principalmente sólo en los casos de gobiernos cuyo comportamiento es tan vergonzoso que eclipsa por completo otros posibles intereses en juego, como es el caso de Corea del Norte, Irán y Zimbabue.

El uso del diálogo y la cooperación en lugar de la presión ha cobrado mucha popularidad en las Naciones Unidas, y son utilizados tanto por el secretario general, Ban Ki-moon, como por muchos miembros del Consejo de Derechos Humanos, señaló Human Rights Watch. Además, las principales democracias de los países del cono sur del mundo, como Sudáfrica, India y Brasil, han promovido tímidas gestiones como respuesta preferida a la represión. Ejemplos recientes incluyen la tibia respuesta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a la represión birmana, la actitud deferente de Naciones Unidas hacia las atrocidades cometidas durante la guerra de Sri Lanka y la política flexible de India hacia Birmania y Sri Lanka, dijo Human Rights Watch.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, intensificó su atención a las cuestiones de derechos humanos en su segundo año de mandato, pero sus elocuentes declaraciones no siempre han venido acompañadas de acciones concretas. Tampoco ha insistido en que los diversos organismos del Gobierno de Estados Unidos transmitan mensajes sobre derechos humanos firmes y de manera consistente, con el resultado de que el Departamento de Defensa y varias embajadas del país–en Egipto, Indonesia y Bahréin, por ejemplo— a menudo emiten mensajes divergentes.

Los diálogos de cualquier clase, ya sean públicos o privados, tienen mayor impacto cuando van ligados a criterios concretos, señaló Human Rights Watch. Los criterios ofrecen una dirección clara para el diálogo y exigen a los participantes resultados precisos. Sin ellos, los gobiernos represivos manipulan estos diálogos, considerando su mero inicio o reanudación como un signo de “progreso”. Por ejemplo, un informe de la UE de 2008 sobre su estrategia para Asia Central llegó a la conclusión de que la implementación avanzaba adecuadamente, pero no aportó nada más allá de “una intensificación del diálogo político” como una medida de “progreso”.

“Este es un momento especialmente inoportuno para que los defensores de los derechos humanos pierdan su voz pública”, dijo Roth. “Los gobiernos abusivos y sus aliados, en su intento por evitar el cumplimiento riguroso de los derechos humanos, no han tenido reparos en alzar la suya”.

Por ejemplo, Sri Lanka presionó con firmeza a la ONU para tratar de sofocar uno de sus paneles de asesoramiento sobre la rendición de cuentas por crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado con los Tigres Tamiles. China orquestó un importante esfuerzo para disuadir a los gobiernos de asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel para Liu Xiaobo. Además, China hizo un esfuerzo similar para bloquear una propuesta que buscaba crear una comisión de investigación de la ONU sobre los crímenes de guerra cometidos en Birmania, la cual contaba con el firme apoyo de Estados Unidos y varios miembros de la UE.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha mostrado una disposición especialmente tímida, y muchos países se han negado a votar por las resoluciones dirigidas a una nación determinada. En un ejemplo extremo, en lugar de condenar a Sri Lanka por los abusos brutales cometidos contra civiles en los últimos meses del conflicto con los Tigres Tamiles, el Consejo felicitó a Sri Lanka, dijo Human Rights Watch.

Si bien los acuerdos de asociación y cooperación de la UE con otros países están rutinariamente condicionados al respeto básico de los derechos humanos, la UE ha cerrado un pacto comercial significativo y perseguido una sociedad de pleno derecho y cooperación con Turkmenistán, un gobierno severamente represivo, sin imponer ninguna clase de condiciones para mejorar la situación de los derechos humanos ni poner en marcha ningún tipo de mecanismo para garantizar mejoras por adelantado, aseguró Human Rights Watch. Además, la UE abrió el debate para la adhesión de Serbia a pesar de que este país no ha detenido ni entregado a la justicia a Ratko Mladic, el líder militar de los serbios de Bosnia durante la guerra y presunto criminal de guerra, un requisito clave para el comienzo de las negociaciones. Asimismo, la UE levantó las sanciones impuestas a Uzbekistán después de que fuerzas de seguridad masacraron a cientos de personas en 2005 en la ciudad de Andiján, a pesar de que el Gobierno uzbeko no tomó ninguna medida para cumplir con ninguno de los criterios exigidos por la UE para levantar esta clase de sanciones.

De la misma manera, en su primer año de mandato, el gobierno de Obama simplemente ignoró las condiciones de derechos humanos para la transferencia de ayuda militar a México, en virtud de la Iniciativa Mérida, a pesar de que México no cumplió los requisitos sobre el enjuiciamiento de oficiales militares abusivos en los tribunales civiles. Sólo en su segundo año, el Gobierno retuvo parte de la ayuda.

“El diálogo y la cooperación son importantes, pero el gobierno abusivo debe ser el responsable de demostrar una verdadera voluntad de mejorar”, dijo Roth. “En ausencia de una voluntad política demostrada por los gobiernos abusivos para el cambio, los gobiernos de buena voluntad necesitan ejercer presión para poner fin a la represión”.