CATASTROIKA

Nueva y magnífica película de los creadores de “Debtocracy”, los periodistas Aris Chatzistefanou y Katerina Kitidi, que utilizan este término para dar nombre a este nuevo documental, lógica secuela y continuación del anterior, en el que se examinaron las causas de la crisis de endeudamiento en Grecia y en la periferia de Europa.

Está coproducida por cuestación popular y está disponible de forma gratuita bajo licencia Creative Commons.

El documental descubre los resultados de la actual venta de los recursos públicos de Grecia, exigidos a fin de afrontar la inmensa deuda soberana del país. Slavoj Zizek, Naomi Klein, Luis Sepulveda, Ken Loach y Greg Palast hablan sobre las medidas de austeridad del gobierno griego así como del ataque contra la Democracia en Europa, tras la propagación general de la crisis financiera. Académicos y especialistas como Dani Rodrik, Alex Callinicos, Ben Fine, Costas Douzinas, Dean Baker y Aditya Chakrabortty presentan aspectos desconocidos de los programas de privatización en Grecia y en el extranjero.

DEUTOCRACIA

Jaume Asens & Gerardo Pisarello 
  Juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona Ilustración por Iker Ayestaran (artículo publicado en PÚBLICO)

A tres años de la crisis, son ya cientos de miles los indignados que en diferentes ciudades europeas impugnan el ataque a los derechos sociales básicos de la población. Frente a ello, cada nuevo recorte en educación o en sanidad, cada nueva contrarreforma laboral, cada propuesta de incremento de la edad de jubilación es presentado como un requisito ineluctable para honrar las deudas, obtener más fondos y salvar el euro. La circularidad del proceso aboca a un túnel sin salida. ¿Hasta dónde habrá que recortar, privatizar o desregular para saciar a los acreedores? ¿Y para pagar exactamente las deudas de quién?

La deutocracia, en realidad, es eso: el gobierno de los acreedores. Un puñado de tenedores de deuda capaz de imponer su voluntad sobre la de millones de personas. La categoría ha dado título a un sugerente documental realizado, no por casualidad, por periodistas griegos: Leonidas Vatikiotis, Knaterina Kitidi y Ari Hatzistefanou. Su trabajo reúne varias virtudes. De entrada, muestra cómo el crecimiento de la deuda pública obedece a los subsidios y privilegios otorgados a sectores económicos muy minoritarios. O como en el caso español, al rescate de una deuda privada generada sobre todo por un grupo irresponsable de entidades financieras. Estas políticas no han sido gestadas por quienes padecen los recortes. Han sido acordadas por gobiernos colonizados por unos poderes salvajes que no dudan, llegado el caso, en especular contra ellos. Y que cuentan como aliados con todo tipo de intermediarios: agencias de rating, bancos centrales, órganos de regulación que no regulan.

Las preguntas son obligadas: ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar que la ya deteriorada democracia no acabe devorada por la insaciable deutocracia? Lo primero, como se desprende del documental griego, es detener el perverso chantaje que pide más ajustes, más rescates y nuevos recortes. Y para eso hace falta remover la opacidad con la que funciona este mecanismo. Dejar claro el origen, la composición y las condiciones de reproducción de la deuda. Deslindar la pública de la privada. Y rechazar aquellos pagos cuya legitimidad no pueda probarse. La propuesta de no pagar la deuda ilegítima no es nueva. Ocupó un papel central en países que experimentaron colapsos financieros similares a los de la eurozona como Ecuador o Argentina. En ellos, la sociedad civil, los movimientos sociales, presionaron para que la deuda de sus países –o al menos una parte de ella– fuera considerada “odiosa”. Esta última noción fue desarrollada por un jurista ruso, Alexander Sack, en 1920. Exministro zarista y nada sospechoso de radicalismo, Sack entendía que una deuda podía considerarse odiosa o ilegítima cuando: a) se había gestado sin conocimiento ni aprobación del pueblo; b) se gastaba en actividades que no redundaban en beneficio del pueblo; c) el prestamista era consciente de esta situación.

No hace falta ser un avezado fiscal para advertir que buena parte de la deuda europea responde a esta caracterización. Al menos en el caso español, sería impensable sin las ingentes ayudas otorgadas a la banca, a los promotores inmobiliarios y a grandes constructores. Este proceso ha tenido lugar casi sin debate. Sin que la responsabilidad de estos grupos en la crisis haya sido debidamente esclarecida y sin beneficio alguno para la mayoría de la población. El crecimiento de la deuda pública no ha servido para proteger a las familias con hipotecas fraudulentas e impagables. Tampoco para redirigir el crédito hacia emprendimientos social y ambientalmente sostenibles. Y menos para reforzar unos servicios públicos infradotados en relación con la media europea. Todo lo contrario. Los rescates han tenido lugar sin mayores contraprestaciones. Y sus beneficiarios no han dudado en utilizarlo para engrosar sus ingresos o para especular contra los propios poderes públicos. Ni los grandes inversores, ni las agencias de rating, ni la Unión Europea, ni los supuestos órganos de control interno, como el Banco de España, han sido ajenos a este proceso. Es más, mientras más ha crecido la deuda pública, mayores han sido los intereses exigidos por sus compradores y más dura la exigencia de recortes sociales y laborales.

Nada de esto es inevitable. En Islandia, la población ha logrado imponer un referéndum para no pagar la deuda generada por unas pocas entidades financieras. Y ha conseguido sentar en el banquillo a algunos banqueros y políticos. En España, Grecia, Portugal e Italia, se han iniciado acciones penales contra las agencias de rating por exagerar la mala situación financiera de ciertos países con fines especulativos. Los movimientos sociales y sindicales griegos han ido más allá y han impulsado, con juristas y economistas, un comité de auditoría de la deuda. Este comité se inspira en una experiencia similar que tuvo lugar en Ecuador en 2005. Su objetivo es determinar qué deudas deben pagarse y cómo, y cuáles no. ATTAC y otras organizaciones sociales están proponiendo que estos comités se expandan por toda Europa. Rechazar la deuda ilegítima y escalonar el pago del resto es fundamental para frenar el colapso social que se avecina. Porque lo que está en juego no es sólo la supervivencia de algunos derechos sociales básicos. Es la disputa entre democracia y deutocracia, entre democracia y oligarquía. O, como dicen los indignados, entre la libertad real, para todos, o la servidumbre indefinida a manos de un puñado de poderes financieros y económicos y de sus intermediarios políticos.

Debtocracia (Gobierno de la deuda)

Magnífica e ilustrativa pelicula sobre la tragedia que está viviendo el pueblo griego

Este documental está elaborado por 2 periodistas griegos sobre la situación económica que atraviesa Grecia. Analiza la situación comparativamente con la resolución de la crisis en otros países que estuvieron en una situación similar, aunque con la diferencia de no pertenecer a la zona euro.

En la segunda parte desarrolla un interesante concepto, la “deuda Odiosa”:

Deuda ilegítima. ¿Están los pueblos obligados a pagar deuda contraída por gobernantes corruptos?

El documental gira en torno a un concepto fundamental: “Deuda ilegítima”. Y no es un concepto nuevo, en modo alguno. Se ha usado antes, y se ha aplicado. Como muestra la película, fueron los Estados Unidos de América quienes inventaron la idea, y se sirvieron de ella para obligar al Estado español a conmutar la deuda que Cuba sostenía desde tiempos inmemoriales con la “madre patria”. ¿A cuento de qué tenían los cubanos que pagar una deuda contraída por gobernantes que ellos no solo no eligieron, sino que les fueron impuestos precisamente por sus acreedores? Lógica aplastante.

Iraq

Pero en el Siglo XXI también tenemos otro ejemplo. El mismo protagonista, USA, pretendía que a Iraq se le condonara la deuda tras derrocar al dictador Hussein, por considerar que el pueblo iraquí no tenía por qué afrontar una deuda moralmente ilegítima contraída por un deleznable líder. Al final no sucedió así de forma literal, tal vez porque se percataron de que aquello podía sentar un precedente incómodo, pero en la práctica eso fue lo que vino a suceder. Deuda ilegítima, el pueblo no paga.

Ecuador

Sin embargo, el ejemplo más espectacular de todos, y más próximo a la realidad griega o española, nos lo brinda Ecuador. La tesis de fondo es la misma. Ecuador era un país que dedicaba el 50% de su PIB (Producto Interior Bruto) a pagar las letras de créditos contraídos tiempo atrás. Una situación insostenible. El planteamiento de Rafael Correa cuando llegó al poder fue el siguiente: ¿Cómo llegó Ecuador a contraer esa deuda? Ecuador era y sigue siendo un país exportador de petróleo, con muchos recursos como para no haber llegado a esa situación, ¿cómo pudo ocurrir? Las conclusiones que se extrajeron fueron obvias: los anteriores gobiernos de Ecuador se habían dejado corromper por aquellos que ahora expoliaban el país a costa de un crédito que los ecuatorianos no podían pagar.

Auditoría a la deuda

No obstante, esto había que demostrarlo, ¿y cómo se puede demostrar? Mediante una auditoría, simple y llanamente. Una auditoría que desglose cada contrato, cada acuerdo, cada crédito solicitado… si dicha auditoría demuestra que tras aquellos contratos existe fraude manifiesto, la deuda podrá ser considerada a todos los efectos ilegítima, y los ecuatorianos no estarán moralmente obligados a seguir pagándola. Al nuevo gobierno de Correa no le fue fácil llevar a cabo dicha auditoría. A pesar de ostentar la presidencia, los órganos y administraciones estaban celosamente guardados por personas con intereses muy definidos. Sin embargo, al final lo consiguieron.

No obstante, ni siquiera necesitaron dejar de pagar unilateralmente. Cuando Correa anunció que Ecuador consideraba aquella deuda ilegítima, y que por tanto tenían intención de dejar de pagarla, los bonos bajaron su precio estrepitosamente. Todos los accionistas que habían comprado deuda ecuatoriana la vendieron a precio de saldo. ¿Y quién la compró? Ecuador. De esa sencilla forma, oculta por los medios de comunicación, o al menos no promocionada como merecería, Ecuador se libró de la mayor parte de su deuda.

La solución griega

Y eso es lo que está intentando Grecia también. Muchos en el país heleno abogan por que se lleve a cabo una auditoría similar a la ecuatoriana, para demostrar que se trata de una deuda contraída por gobernantes corruptos y corrompidos precisamente por aquellos a quienes se les debe el dinero. Mientras el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europea pretenden que los griegos puedan seguir pagando la deuda a toda costa, con rescates que en realidad no hacen otra cosa que incrementar todavía más la insostenible deuda, nos encontramos con que dicha deuda ha sido contraída mediante fórmulas esencialmente corruptas, y el propio FMI y el BCE están detrás de todo el asunto, auspiciando y salvaguardando los intereses de los acreedores.

Precisamente tras el famoso Pacto del Euro se encuentran las tesis del FMI y del BCE… seguir pagando la deuda a toda costa. Con rescates que la incrementan todavía más, y que encima han de estar precedidos por recortes sociales sin precedentes. Más horas de trabajo, contratos más precarios, reducción de las pensiones, retraso en la edad de jubilación, servicios públicos vendidos a los mismos acreedores a quienes se les da en bandeja mano de obra barata con muchos menos derechos de los que antes se tenía… la impostura está servida, y los grandes medios de comunicación, que pertenecen a los mismos imperios económicos a los que los Estados deben la mayor parte de ese dinero, no van a plantear siquiera la existencia de otra posibilidad que no sea seguir pagando y seguir aumentando la deuda. Aunque se trate de deudas contraídas ilegítimamente por gobiernos corruptos y aunque suponga hipotecar naciones enteras de por vida.