Accionistas de S&P y Moody’s se preparan para COMPRAR BARATO EN LAS PRIVATIZACIONES


Diario Público
En mayo de 2010, inmediatamente después de la decisión de la UE de emprender un duro ajuste coordinado en todos los países, el jefe de deuda soberana de Moody’s, Pierre Cailleteau, dejaba su puesto en la agencia que, con sus rebajas de calificación, había desempeñado un papel clave en la crisis de la zona euro. Y en septiembre, Cailleteau estaba ya en Lazard, uno de los grandes bancos de inversión estadounidenses.

Un año después de aquella dramática decisión, que puso contra las cuerdas al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la privatización de las cajas una de las consecuencias imperativas del giro de mayo de 2010, está a punto de iniciar una nueva fase con la salida a Bolsa de Bankia, prevista para julio y que marcará el tono del proceso de privatización de las cajas de ahorros en España. Y el principal asesor de la operación será precisamente Lazard, el banco donde recaló Rodrigo Rato tras salir del FMI y que en septiembre fichó a Cailleteau, el hombre que año tras año colocaba a España como el peor país en su “índice de miseria”.

Lazard no es la única conexión con Moody’s de la OPV: los cuatro bancos elegidos para colocar el tramo institucional Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan y UBS también controlan fondos que tienen acciones de la agencia, entre el 0,22% y el 0,43%. Y todos participan del accionariado de su principal competidor, Standard & Poor’s, que se reparte con Moody’s más del 80% de la cuota de mercado mundial. Si se agregaFitch Ratings, acaparan el 95% de la torta.

Ola de privatizaciones

Pero si el foco se coloca en los compradores potenciales de acciones, las vinculaciones con las agencias aún son mayores. Ante la ola de privatizaciones en marcha Bankia, Banca Cívica, Loterías, Aena y las cajas compitiendo a la desesperada por capital todos los analistas sitúan en la parrilla de salida a los grandes fondos estadounidenses, que llevan meses catando el sector y estudiando comprar acciones de cajas, cuanto más baratas, mejor: BlackRock, que mueve una cantidad que dobla y supera el PIB español, y sus mayores rivales, Capital Group y Fidelity.

Tanto BlackRock como Capital son accionistas importantes de Moody’s, con el 6,3% y el 16,3%, respectivamente. Y también de S&P, de la que controlan el 5,3% y el 12,3%. Fidelity llegó a controlar en 2010 el 8% de Moody’s.

La importancia que para el proceso de privatización tienen estos fondos de inversión accionistas de las agencias de rating que han forzado precisamente ese proceso es tal que el pasado octubre el rey recibió en la Zarzuela al consejero delegado de BlackRock, Lawrence Fink.

En realidad, estos fondos ya hace tiempo que son muy activos en España. También en los sectores donde se obtienen ganancias gracias a la crisis.

BlackRock, por ejemplo, es uno de los actores más importantes de la Bolsa española, pero también le saca partido cuando cae: es de las entidades que apuesta a corto; es decir, que gana si la acción baja. Y es el dueño de iShares, una de las principales herramientas de ETFs, el vehículo de moda precisamente para hacer apuestas a la baja.

Estos fondos con acciones significativas en Moody’s y S&P tienen también participaciones en los principales bancos españoles, clientes todos de las agencias de rating y también víctimas cuando les rebajan la calificación: tanto BlackRock como Vanguard tienen más del 1% de los cuatro grandes Santander,BBVA, Popular y Sabadell y Capital Group suma hasta el 7% del Santander. El sector bancario lleva años exigiendo la privatización de las cajas, ahora encarrilada en parte por la presión de las calificadoras.

BlackRock, Vanguard yT. Rowe Price tienen asimismo inversiones significativas en deuda pública: en este momento, suman un mínimo de 7.500 millones se euros. Y en este mercado, las calificadoras desempeñan igualmente un papel clave: si rebajan la nota de la deuda soberana, el Estado se ve obligado a pagar un interés mayor para poder colocar sus bonos.

En 2010, España tuvo que pagar más por su deuda. Según el último Informe Anual del Mercado de Deuda Pública, el bono español a 10 años pasó del 4% al 5,45%. Y los grandes beneficiarios fueron los inversores extranjeros, que ya acaparan el 55% del saldo total tras ganar este año tan rentable 8,6 puntos.

Aunque las entidades de crédito perdieron globalmente peso, los mayores fondos individuales con deuda pública española pertenecen al Banco Santander y al BBVA, grandes clientes de las agencias de rating: los ingresos de estas proceden de las entidades cuyos productos califican.

“El conflicto de intereses de las calificadoras es múltiple e increíble y uno de los más descarnados es que los fondos participen de su accionariado”, afirma el economista Alejandro Inurrieta, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Y añade: “El problema es que son demasiado poderosas y el que trate de limitar su poder tiene muchos números para salir chamuscado”.

Cautela del Gobierno

El último que lo ha pedido, la semana pasada, es la Eurocámara, que exige la creación de una euroagencia pública. Pero ningún gobierno de la UE los que deben lidiar con el encarecimiento de la deuda lo apoya: “Nos guste o no, necesitamos a las calificadoras porque una agencia pública no tendría credibilidad en los mercados”, afirma un portavoz de Economía.

La Eurocámara también ha advertido contra el “conflicto de intereses”, al igual que el Congreso y la SEC en EEUU, el G-20, la Comisión Europea, el FMI, y, el pasado viernes, el mismo presidente de la CNMV, Julio Segura. Pero el marco general sigue siendo la autorregulación, como antes de la crisis. Ante este escenario de bloqueo han empezado a surgir iniciativas para que sean los tribunales los que examinen el “conflicto de intereses”: en España, se presentó a finales de febrero una querella contra Moody’s, S&P y Fitch.

Ninguna de las tres grandes agencias ha contestado a las preguntas de Público sobre el supuesto “conflicto de intereses”, ni sobre la querella presentada en España. Pero las agencias siempre los niegan con el argumento de las “murallas chinas” que supuestamente se levantan alrededor del área de rating.

“En las agencias hay unas murallas chinas muy estrictas entre el departamento de rating y las otras divisiones, puesto que el primero trabaja con información privada de las empresas que califica y el resto únicamente con información disponible públicamente”, explica un exdirectivo en España de una de las grandes agencias de rating.

Pero incluso si las “murallas chinas” funcionaran dentro, no está tan claro que se perciban fuera: todas las calificadoras tienen también otros negocios de consultoría, que ofrecen servicios alternativos a las mismas entidades cuyos productos luego evalúan.

Este negocio es cada vez más importante y también ha crecido con la crisis: Algorithmics, la firma de soluciones financieras vinculada a Fitch Ratings, ingresó 121 millones en 2010, un 10% más que en 2009. En el mismo año, Fitch Ratings facturó 487,5 millones, con un crecimiento inferior: del 6,3%.

El pasado 21 de diciembre, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) renovó su contrato con Algorithmics. Y la nota de prensa de Algorithmics lo justificaba porque sus herramientas, insistía, iban a ayudar a los miembros de laCECA “en un periodo de consolidación en el mercado español motivado por la crisis financiera”.

Golpe al Banco de España

Sin embargo, uno de los mayores golpes a las cajas en dificultades lo propinó apenas dos meses después Moody’s. El 10 de marzo, sólo unas horas antes de que el Banco de España cifrara en 15.152 millones las necesidades extra del sistema financiero español, Moody’s rebajó la calificación de deuda española y cifró las necesidaes del sistema financiero en 120.000 millones, casi 10 veces más. La comparecencia en el Banco de España estaba prevista de antemano. Pero la nota de Moody’s, difundida al abrir la Bolsa, la reventó.

Dos semanas después, Moody’s degradó a todas las cajas, salvo La Caixa. Fuentes del sector explican que cada degradación agrava los problemas financieros en una doble vía: encarece la financiación y acorta el plazo para pagar la deuda ya existente.

La suerte estaba echada: todas las cajas deben acelerar su privatización y probablemente a precios más baratos del que aspiraban, en beneficio de los fondos interesados en comprar, casi todos accionistas o clientes de Moody’s.

En ocasiones, esta frontera tan difusa con potencial polémico, donde supuestamente se levantan “murallas chinas”, trasciende incluso al propio grupo de la firma de rating y se extiende a sus trabajadores o consejeros. En España, Jesús Betrian, secretario no consejero de Fitch Ratings desde 1996, es al mismo tiempo consejero de siete empresas de sectores que van de la consultoría a la publicidad, pasando por la auditoría. Una de ellas, la multinacional Ketchum Pleon ha realizado campañas en España para ING.

Otro ejemplo, entre muchos posibles: el currículum del ejecutivo del sector Matias Torrellas incluye el paso de Lehman Brothers (1994-2000) a Merril Lynch (2000-2003), luego a Fitch Ratings (2003-2007), donde fue director senior, y desde 2007, Caixa Catalunya. Es decir, de los bancos de inversión que lanzaron los complejos productos estructurados que llevaron a la crisis a las agencias de rating que dieron la máxima calificación a estos productos y, finalmente, a las entidades que pagan a las agencias de rating para que les evalúe y que aspiran a obtener la mejor calificación posible.

Como el sector se autoregula, el tránsito es legal. Como también el del jefe de Moody’s, que en tres meses ya estaba en Lazard.

Un negocio muy rentable también en España

Las tres grandes agencias de rating son negocios muy rentables, cuyos ingresos proceden básicamente de lo que pagan las entidades financieras interesadas en que les asignen una calificación a los productos que sacan al mercado. Este es uno de los mayores “conflictos de intereses” del que advierten los expertos: en los años del boom, el mayor factor de crecimiento de los ingresos de las agencias eran los complejos productos financieros que acabarían explotando. Y todos recibieron la máxima calificación.

En España, el negocio es también muy rentable, con una ratio entre ingresos y gasto en salarios que llega al 6 a 1, un nivel equiparable sólo al sector petrolero. En 2009, último año en que han presentado las cuentas, S&P ingresó en España 24 millones y gastó 3,6 en personal, con unos beneficios declarados de 7,1 millones. Moody’s tuvo una cifra de negocios de 24,2 millones, 4,8 de gasto de personal y 9,8 millones de beneficios. Fitch Ratings declaró 4,6 millones de beneficios en España.

Agencias descalificadas

Razones de la querella contra las Agencias de Calificación:

Querella presentada contra las Agencias de Calificación Crediticia  MOODY´S ESPAÑA,  FITCH RATINGS ESPAÑA  Y  STANDARD AND POOR´S ESPAÑA; siendo impulsada ésta por ATTAC,  Unión por las Libertades Civiles,  Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales,  la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,  IU,  ICV  y  ERC.
Fuente:  ATTAC.TV

Las agencias de calificación, ante los tribunales

Las agencias privadas de calificación del riesgo, ante los tribunales

Gerardo Pisarello y Jaume Asens –  Sin Permiso

Mientras más se agudiza la crisis en la periferia de la zona euro, mayor es la impresión de que sus principales causantes se han propuesto convertirse, sin práctica oposición, en sus grandes beneficiarios.

La gran finanza no sólo no ha sido objeto de controles y sanciones efectivos, sino que ha visto reforzado su poder, convirtiéndose en una auténtica espada de Damocles que pende sobre el erario público, los ahorradores y las clases populares en general. En ese contexto, la admisión a trámite en la Audiencia Nacional de la querella penal contras las agencias de calificación de deuda impulsada por el Observatorio DESC, ATTAC y otras organizaciones sociales supone una pequeña grieta en este panorama sombrío. Por vez primera, Moody’s, Standard & Poors y Fitch deberán responder ante un tribunal español por la alteración del precio de la deuda pública y por la utilización ilegítima de información cualificada en beneficio propio (arts. 284 y 285 del Código Penal). Esta iniciativa debería verse, desde luego, como un intento de poner coto a la impunidad de los más fuertes, cuando la mayoría de instituciones públicas se ha rendido a la impotencia o ha optado por la complicidad. Pero también como la respuesta ante un modus operandi que, de no detenerse, acabará por arrasar no sólo con los endebles cimientos democráticos de nuestras sociedades sino también los derechos básicos de la mayoría de la población.

Para entender el papel de las grandes agencias en la crisis actual habría que distinguir dos momentos. El primero, notablemente retratado en documentales como Inside Job, de Richard Ferguson, tiene lugar hacia 2001 con el boom inmobiliario que tuvo especial intensidad en países como Estados Unidos, Irlanda o España. Entonces, el negocio de las agencias consistió en calificar al alza, previo pago por su asesoramiento, diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basuras y activos tóxicos sin respaldo real. Las agencias, sin embargo, les otorgaron la máxima calificación, facilitando así su difusión en los mercados secundarios. Si a mediados de 2006 sólo había nueve empresas en el mundo con la calificación máxima de triple A, en enero de 2008 el número de instrumentos financieros con esa nota pasaron a 64.000. Empresas como EnronLehman Brothers, e inversores como Bernard Madoff recibieron el visto bueno de las agencias hasta pocos días antes de declararse en quiebra. Estas operaciones permitieron a los ejecutivos de estas entidades y a las propias agencias enriquecerse de manera vertiginosa. Entre 2002 y 2006, por ejemplo, Moody’s duplicó sus ingresos y triplicó su cotización en bolsa. A cambio de ello, se fue generando una burbuja especulativa cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo.

En Estados Unidos, estas actuaciones fueron enjuiciadas por diferentes tribunales e investigadas por el Senado y por la Comisión estatal de Bolsa y Valores. Las agencias intentaron sostener que sus informes eran una opinión privada, un ejercicio de libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sus impugnadores, no obstante, sostuvieron que habían actuado sin rigor ni transparencia, que se habían beneficiado de información reservada procesándola de manera fraudulenta y favoreciendo a clientes a los que previamente asesoraban, en un claro conflicto de intereses. Se dictaron algunas sentencias en su contra y se impusieron nuevas regulaciones. Lo cierto, sin embargo, gracias a su poder mediático, económico y político, las agencias han conseguido neutralizar los controles más incisivos.

En el ámbito europeo, las sanciones a las agencias o a la banca no llegaron siquiera a eso. Es más, en casos como el español, las entidades financieras recibieron ingentes cantidades de ayuda que permitieron convertir su deuda privada en deuda pública. Y todo ello prácticamente sin contraprestaciones que las obligara, por ejemplo, a aliviar el grave problema habitacional que habían contribuido a crear. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, todavía hoy la legislación española impide a las familias que han contraído hipotecas impagables entregar el inmueble y liberarse, al menos, de su deuda con los bancos. Es más, cuando la ejecución se realiza y la subasta de inmuebles queda desierta –que es lo que sucede últimamente–, las entidades bancarias pueden adjudicárselos por el 50% del valor de tasación. Una vez que los adquieren, pueden dedicarse a perseguir a las personas desalojadas por la totalidad de la deuda y poner el piso en venta de inmediato a precios de mercado. Esta situación, en la que podrían verse indicios de un enriquecimiento ilícito y de una estafa castigada por el Código Penal, ha sido considerada por los poderes públicos como una garantía para la recuperación del sistema financiero.

Pero la cuestión no se acaba aquí. Para rescatar a la banca privada y obtener liquidez, muchos gobiernos de la periferia europea se han visto forzados a emitir más deuda pública. Y es aquí, precisamente, donde las grandes agencias han entrado en escena por segunda vez. En el momento de expansión del boom inmobiliario, su negocio había consistido en sobrevalorar activos, empresas y solvencias con frecuencia vinculados a activos tóxicos. A partir de 2010, se han dedicado a desvalorizar las deudas públicas de algunos gobiernos, empresas e instituciones, forzándolos a ofrecer a los eventuales prestamistas beneficios de toda clase.

Si el optimismo de ayer permitió a muchos rentistas hacer su agosto a expensas del derecho a la vivienda y del empleo de miles de familias, el pesimismo de hoy alimenta sin cesar la espiral de recortes en el resto de derechos sociales. Y es que para las grandes agencias, la solvencia de un país, de una región o de un municipio, se mide de manera casi exclusiva en función de las ventajas que puedan ofrecer a los especuladores o de su predisposición a restringir el gasto social. Mientras más favorable se muestre un gobierno a congelar pensiones o a “flexibilizar” las relaciones laborales, más confiable resultará a ojos de los grandes evaluadores. Y a la inversa: mientras más proclive sea a regular los mercados, a ponerles trabas o a fortalecer ciertos derechos sociales básicos, más sospechas despertará entre las agencias.

Basta ver el informe de Moody’s sobre la metodología utilizada para calificar a la baja la deuda pública portuguesa para constatar que la evaluación de las agencias es todo menos objetiva y rigurosa [1].En ningún caso queda claro por qué utilizan ciertos datos o despachan otros, ni mucho menos quiénes tienen acceso a la información que utilizan. Lo que sí parece evidente es que las agencias no califican del mismo modo a las empresas y a las instituciones públicas. Ni a los gobiernos conservadores, de derechas, que a aquéllos más reticentes a la hora de aplicar los ajustes.

Al igual que cuando calificaban al alza los activos tóxicos, las agencias insisten en que al juzgar la deuda pública sólo actúan como una suerte de periódico económico: emiten opiniones que nadie está obligado a contratar, cuya credibilidad, en última instancia, depende de lo que decidan los inversores. En parte esto es cierto. Un gobierno dispuesto a controlar con rigor la banca privada, obligándola a asumir responsabilidades por sus actuaciones, a fortalecer la banca pública y a realizar políticas fiscales progresivas, seguramente sería mucho menos dependiente de la financiación externa y, en consecuencia, de las agencias. El ejemplo de Islandia sigue siendo una prueba de que la sumisión total a los poderes financieros no es la única alternativa.

Lo que esta perspectiva oculta, sin embargo, es que dado el sistema de incentivos perversos permitidos por el actual capitalismo financiero, esta salida no siempre es sencilla. En Estados Unidos fueron varias las instituciones públicas –municipios, escuelas- que dependían de crédito externo y que denunciaron la presión de las agencias para contratar un servicio de evaluación que no habían solicitado. O aceptaban la “oferta” de los evaluadores, pagando honorarios que podían oscilar entre 50.000 y 300.000 dólares, u obtenían una calificación a la baja que les obligaba a ofrecer mayores intereses a los inversores [2]. La situación de los gobiernos socialistas de la periferia europea –Portugal, España o Grecia– no es exactamente ésta, pero guarda algunas semejanzas. Al carecer de una agenda política y económica alternativa, se han visto forzados a contratar a las grandes agencias e incluso a asumir los recortes sociales que éstas utilizan como indicio de solvencia. En 2009, ante una pregunta de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, el gobierno español sostuvo que la contratación de estos servicios era necesaria porque muchos inversores internacionales requerían que la deuda tuviera una calificación mínima para adquirirla. En la misma respuesta, informó que la Dirección General del Tesoro y Política, dependiente del Ministerio de Economía, pagaba 280.000 euros al año a Standard and Poors, mientras que con Moody’s desembolsaba 85.000 euros anuales, más 40.000 euros por cada emisión en divisas, sin superar los 250.000 euros. Sin embargo, su disposición al ajuste nunca ha sido considerada suficiente y su deuda pública ha sido calificada a la baja en más de una ocasión [3].

El problema, como consta en la querella presentada en la Audiencia Nacional, es que no es inusual que esta evaluación se produzca minutos antes del cierre de las operaciones en bolsa. Este tiempo es más que suficiente para que aquellos que cuenten con información puedan beneficiarse de la modificación calificatoria realizada por la empresa en cuestión. Esta hipótesis no es descabellada. Algunas de las entidades que más deuda pública española tienen, como Deutsche Bank, Hypo Real Estate o Barclays, son clientes de las grandes agencias. Lo mismo que ocurre con otras importantes tenedoras europeas de deuda española como DZ Bank, Commerzbank, BNP Paribas, Crédit Agricole, ING, WGZ, Postbank, West LB, Sociéte Generale, Rabobank o The Royal Bank of Scotland.

La mayoría de las entidades afectadas –y eventualmente beneficiadas- por la evaluación de las agencias son bancos alemanes, franceses, del Reino Unido y de Holanda. Existen indicios de peso, en consecuencia, para pensar que aquéllas no actúan como simples periódicos económicos que emiten opiniones sobre la deuda pública de un país. Más bien operan como una empresa que, abusando de su posición dominante en el mercado, fuerzan a los países a pagarles por una opinión de relevancia pública pero carente de toda objetividad o intento de imparcialidad. La emisión de dicha opinión no puede considerarse un simple ejercicio de la libertad de expresión, mucho menos si se realiza en ciertos momentos y si se utiliza de manera fraudulenta para favorecer a otros clientes suyos o acaso a sus propias empresas.

Esta última posibilidad cobra especial fuerza cuando se atiende a la estructura de la propiedad que hay detrás de las agencias. Que la dureza, en efecto, exhibida con deudas como la griega o la española, al igual que con la de diversos países de América Latina o Asia, contraste con la laxitud con que se juzgan otras como la norteamericana o la francesa, no es casual. No en vano los propietarios de Moody’s, de Standard & Poors o de Fitch forman parte del entramado de poder –bancario, empresarial, político e incluso mediático- de estos países y difícilmente harían algo que los perjudicara[4].

Uno de los principales propietarios de la agencia Moody’s es Berkshire Hathaway, un conglomerado económico presidido por el multimillonario Warren Buffet e integrado por otros magnates como Bill Gates. Además de Moody’s, Berkshire Hathaway controla un amplio espectro de negocios vinculados a energía, telecomunicaciones, transportes, materiales de construcción, además, claro, de seguros y productos financieros. En 2008, tanto Barack Obama como John McCain mencionaron a Buffet como posible Secretario del Tesoro o como Asesor Financiero, una tarea que éste había desarrollado ya en 2003 para el gobernador de California por el Partido Republicano, Arnold Shwarzeneger. El otro grupo económico con peso en Moody’s es Davis Selected Advisers, una empresa de inversores presidida por Shelby Davis. Su padre, Shelby Cullom Davis, también era un banquero vinculado al Partido Republicano que fue embajador en Suiza durante los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford.

Standard and Poors, por su parte, está controlada por la compañía Mc Graw Hill. Aunque fundamentalmente se dedica a los servicios financieros y al análisis de bonos y stocks, Mc Graw Hill también tiene negocios en el mundo educativo y editorial, así como en medios de comunicación. Su presidente es Harold “Terry” Mc Graw Hill III, secretario general, además, de la Bussiness Roundtable, un poderosa y conservador lobby patronal de los Estados Unidos que ha presionado con éxito para evitar, entre otras cuestiones, una mayor regulación de las agencias.

La agencia Fitch es la más pequeña de las tres grandes, y está fuertemente vinculada al grupo Fimalac S.A., con sede en Francia. Además de ocuparse de servicios financieros, Fimalac se dedica también a actividades inmobiliarias y a diversos emprendimientos culturales. La presencia gala es aquí determinante. El presidente del holding es F. Marc Ladreit de Lacharrière, administrador además de empresas como L’Oréal, Renault o Casino, miembro del consejo asesor del Banco de Francia y Miembro de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Frania. Estrechamente ligado al Grupo Bilderberg, Ladreit de Lacharrière también se ha prodigado, al igual Buffet o Mc Graw Hill, por sus actividades filantrópicas y sus compromisos con la educación. En 2009, de hecho, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad por la UNESCO y colaborador del programa Educación para Todos. Eso no le ha impedido mantener estrechos vínculos con la derecha francesa y explicar de manera nítida por qué es altamente improbable que la crisis de la deuda griega, portuguesa o española pueda contagiar al núcleo duro de la Unión Europea. “Francia y Alemania” –declaró el influyente propietario de Ficht en 2010- “disponen de credibilidad ante los inversores, que deciden y son los dueños del juego, porque tienen dos pilotos en el avión: Nicolás Sarkozy y Angela Merkel”.

En realidad, la tragedia de nuestra época reside en que los gobiernos que hoy padecen ataques especulativos carecen de autoridad para combatirlos, puesto que la connivencia con sus perpetradores ha sido todo menos excepcional. Como bien ha explicado el jurista y economista William Black, han sido las instituciones públicas las que han autorizado la desregulación de los mercados financieros, las que se han negado a aplicar con contundencia las medidas anti-trust que todavía existen y las que han despenalizado las actuaciones fraudulentas ocurridas antes, durante y después del estallido de la crisis. Estas medidas han generado un sistema de incentivos perversos basado en la búsqueda de elevadísimos beneficios en el corto plazo al precio de pérdidas seguras en el futuro. Todo ello en un ambiente criminógeno en el que los diferentes actores –bancos, agencias, reguladores públicos- tienen buenas razones para no decir nada y mirar hacia otro lado [5].

Es en este contexto, precisamente, donde la acusación popular contra las agencias cobra más sentido. Como una iniciativa jurídica, ciudadana, dirigida a cuestionar la impunidad de una coalición oligopólica que se ha mostrado capaz de sacrificar al altar de sus beneficios los derechos políticos y sociales más elementales de la población. Y a forzar, naturalmente, una discusión de fondo sobre la depuración y democratización radical del sistema financiero actual. Haciendo gala del enorme poder que ha conseguido acumular gracias a la ausencia de límites jurídicos efectivos, Buffet ha podido declarar: “esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. Seguramente tiene razón. No en vano, tras la admisión a trámite de la querella por parte de la Audiencia Nacional, las agencias han contraatacado y han enviado a miembros de dos de los grandes despachos de abogados españoles especializados en defender a este tipo de empresas a presionar a la justicia. De lo que se trata, sin embargo, es de ponérselo difícil, obligándolos a rendir cuentas, al menos esta vez, por sus criminales maniobras.

NOTAS:
[1] Vid. http://www.latiza.es/imagenes2/CuentasPublicas/moodys-portugal.pdf
[2] Vid. Alec Klein, “Credit Rater’s Power Leads to Abuses, Some Borrowers Say”, Washington Post, 24 de noviembre de 2004.
[3] En muchos casos, estas evaluaciones parecen forzar el rescate europeo, so pena de poner en peligro la viabilidad del euro. Ello no ha bastado, sin embargo, para que la Unión Europea imponga un marco regulatorio exigente a las agencias. En enero de 2003, el Parlamento y el Consejo aprobaron la Directiva 2003/6/CE sobre operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado. Esta directiva, así como los diferentes actos que la han modificado, permite definir qué debe entenderse por información privilegiada, cuándo puede entenderse que hay una operación sospechosa o cuándo un riesgo de abuso de mercado. La Directiva 2003/125/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, establece una distinción entre las personas que hacen recomendaciones de inversión –y que deben respetar normas más estrictas- y las que difunden recomendaciones hechas por un tercero. Esta Directiva remite a la normativa a la que está sometida la profesión de periodista financiero. En todo caso, no ha servido hasta ahora para poner coto a unas prácticas sobre cuya ilegalidad existen numerosos indicios.
[4] Como se recuerda en la querella, el déficit de Estados Unidos y sus ratios de deuda –e incluso los de algunos Estados como California, Illinois y Nueva York- son equivalentes, o incluso peores, que los de España, Portugal o Grecia, países que han sido rebajados. Sin embargo, como bien apunta Dean Baker, todos los grandes bancos, incluidos gigantes como Citigroup o Goldman Sachs, tienen grandes cantidades de deuda del gobierno de los Estados Unidos y dependen de las ayudas que éste les pueda proporcionar. Si el gobierno cayera en default por no poder pagar sus deudas seguramente arrastraría consigo a la mayoría de bancos y otros importantes clientes de las agencias. Vid. “Will the U.S. lose its AAA Rating?” en http://www.counterpunch.org/baker03252010.html
[5] Vid. la entrevista realizada a W. Black en http://inthearena.blogs.cnn.com/2010/12/20/black-the-dominance-of-unethical-banking/

En la Unión Europea se pueden rechazar los recortes

Portugal exporta dignidad

Juan Carlos Escudier,  en  PÚBLICO

Aunque lo diga Zapatero, obligar a los bancos y cajas saldar la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda no pone en peligro el sistema financiero, sobre todo en un país en el que primero se paga la casa y después se da de comer al niño, de ahí que la morosidad de estos créditos no llegue al 2,5%. Como sabemos todos los que le adelantamos el parné, el sistema financiero se basta y se sobra para ponerse en riesgo, y si no siempre es posible contar con Moody´s, que ha sido oler a sangre en Portugal y lanzarse a morder la pantorrilla de 30 entidades españoles, a las que ha rebajado la solvencia como si quisiera dar pistas acerca del paradero del siguiente cadáver. Otra cosa no será, pero sentido de la oportunidad tienen un rato estos chicos del pub.

Pero vayamos a Portugal, que después de varios meses al borde del precipicio del rescate financiero, decidía este miércoles dar un paso al frente. La crisis política desatada tras rechazar la oposición el cuarto paquete de recortes y forzar la dimisión del primer ministro José Sócrates no es, en contra de lo que parece, un suicidio colectivo sino una rotunda expresión de dignidad, en la que se hubiera inspirado Pessoa para volver a proclamar aquello de que “sólo en la ilusión de la libertad, la libertad existe”.

No es un suicidio porque si hay algo que los muertos no pueden hacer es inmolarse, y Portugal era desde tiempo un fiambre exquisito al que Alemania estaba dejando curarse a la intemperie antes de partir las primeras lonchas. Los portugueses han dicho no a las enésimas medidas de ajuste dirigidas a las espaldas de los de siempre y que, como destacaba la izquierda comunista, volvían a esquivar a una banca que, por lo visto, también goza de bula en el país vecino. Unas medidas, además, dictadas desde Bruselas sin ningún recato.

Cuando se confirme el óbito luso, sólo restará saber en qué medida nos afectará el luto. Siendo la banca española la que mayor exposición tiene en Portugal no serían descartables nuevos ajustes. Malas noticias para quienes no paguen la hipoteca: pueden irse despidiendo también del piso de la abuela.

¿A quién sirven los políticos?

Rosa Mª Artal – Comité de Apoyo de ATTAC

La ministra de Economía y vicepresidenta del gobierno, Elena Salgado, ha reaccionado con prontitud a la histórica sentencia de un juez de la Audiencia de Navarra que considera saldada la deuda de una hipoteca impagada con la entrega del piso. España es uno de los pocos países donde rige la leonina condición de que el prestamista tasa la vivienda por la mitad de su valor y obliga a la víctima a seguir pagando aunque se haya ido a la calle. La vicepresidenta –que tanto apego siente por su cargo que obliga a sus colaboradores a que se dirijan a ella con ese apelativo-se ha apresurado a rechazar hacer cambio alguno en las condiciones hipotecarias, al hilo de esta sentencia. Menos mal, además, que no sienta jurisprudencia porque eso compete al Supremo: los bancos pueden estar tranquilos con la vicepresidenta.

Nuestras hipotecas están fundadas en unas condiciones. Los cambios bruscos de un día para otro serían perjudiciales para nuestro sector financiero y para futuras hipotecas y eso es algo que debemos tener en cuenta“, ha dicho Salgado. De este modo “tranquiliza” a sus jefes, a la prestigiada Agencia de calificación Moody´s que, desde EEUU, sí se ha permtido opinar sobre la sentencia española. Advierte que los inversores en bonos hipotecarios temen. si la practica se extiende, “un incremento de los impagos y la pérdida de valor de estos activos por la caída del precio de los inmuebles“. Y eso no se puede consentir. Ni lo consiente Moody´s, ni los especuladores en general, ni la vicepresidenta española, faltaba más.

Entretanto José Luis Burgos, en huelga de hambre contra el Banco de Santander, precisamente por una de esas irrelevancias como que le van a subastar su piso el día 9, tuvo ayer que irse a casa porque se sentía enfermo. Sí se están incrementado los apoyos populares a su causa. En esta página podéis firmar. Y en ella enteraros –si no lo habéis hecho ya- de cómo el nuevo banco surgido de la Caixa, regaló a los periodistas asistentes al acto de presentación –no menos de 150- un televisor de plasma Sony Bravia de 22 pulgadas. A cada uno por supuesto. La noticia esta confirmada por otras fuentes. La de los televisores. Pero no creáis que mucha gente se ha rasgado las vestiduras tampoco por esto. Aunque da alguna clave de los ominosos grandes silencios informativos ¿a que sí?

Ceremonia de vasallaje. (Sobre poder financiero y soberanía democrática)

Jónathan F. Moriche – ATTAC España

Pocas imágenes tan expresivas del sombrío pasaje histórico que atravesamos como las publicadas hace pocos días para dejar constancia del encuentro mantenido en Nueva York por el presidente José Luís Rodríguez Zapatero con una selecta representación del poder financiero global.

Entre los invitados a la reunión, celebrada en la residencia del embajador español ante la ONU, directivos del más alto rango de Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Soros y otras grandes firmas de Wall Street, hasta la malhadada cifra de 13.

Durante la pasada primavera, la economía española fue objeto de un ataque concertado por algunos de los actores más poderosos del mercado financiero global, en el marco de una ofensiva más amplia contra la moneda europea que afectó sucesivamente a Grecia, España, Portugal, Irlanda… (operación minuciosamente planificada, cuyos principios fueron establecidos en una reunión a la que el Wall Street Journal puso incluso fecha y escenario: el 8 de febrero de 2010, en el número 767 de la Tercera Avenida neoyorquina, sede de una filial de Goldman Sachs).

La estrategia de cerco de los especuladores y sus aliados contra España fue implacable. Las agencias de calificación de riesgos (un sector monopolizado por tres grandes firmas, Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s, que evalúan, de un modo supuestamente independiente, objetivo y veraz, la situación económica) comenzaron a rebajar su valoración de la fiabilidad y la rentabilidad de nuestra economía en general y nuestra deuda pública en particular.

Grandes medios de comunicación económica (como el Financial Times o el Wall Street Journal, que guían el comportamiento de millones de pequeños y grandes inversores de todo el mundo) publicaron análisis y reportajes estremecedoramente sombríos sobre la situación económica española y las políticas económicas del gobierno socialista. Mensajes que se repitieron en los informes de las grandes instituciones económicas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo. Una vez escuchado el trompetín de cacería, los grandes fondos especulativos se lanzaron a apostar a la baja por la deuda pública española. En menos de un mes, el coste para España de financiar su deuda pública pasaba del 0’9% al 1’6%: en un momento de fuerte bajamar de las arcas públicas y asfixiado por el coste de las medidas anticrisis, el Estado español vio severamente afectada su capacidad para financiar sus inversiones y gastos captando crédito en el mercado internacional. Como efecto colateral, los principales valores de la Bolsa española sufrieron una dura depreciación.

En aquel momento, Rodríguez Zapatero lanzó duras críticas contra los “tiburones” del mercado financiero y anunció su disposición a impulsar regulaciones internacionales más severas frente a las actividades especulativas. El ministro de Fomento José Blanco declaró que “nada de lo que está ocurriendo, incluidos los editoriales de periódicos extranjeros, es casual o inocente”. Incluso se anunció que el Centro Nacional de Inteligencia (al igual que los servicios secretos griegos) había iniciado una investigación para esclarecer los ángulos más oscuros de la operación. Apenas medio año después, de tal investigación nada más se supo, todas aquellas hipotéticas regulaciones han quedado en buenas intenciones y papel mojado, y Rodríguez Zapatero comparte apaciblemente mesa y mantel con los mismos tiburones que atraparon a España entre sus fauces.

¿Qué ha sucedido entre una escena y la otra? Recorte salarial de los trabajadores de la función pública. Reforma laboral de una dureza sin precedentes en nuestra historia democrática. Congelación de los fondos destinados a la Ley de Dependencia y la Ayuda Internacional al Desarrollo. Anuncio de una inminente reforma del sistema de pensiones. En conjunto, y siguiendo el guión ya ensayado con éxito contra Grecia, la rendición incondicional del gobierno español ante los especuladores, el secuestro de nuestra soberanía económica y la imposición a nuestro gobierno electo y nuestras instituciones democráticas de un programa económico neoliberal directamente dictado desde la esfera financiera internacional.

Mientras Rodríguez Zapatero se sometía en Nueva York a esta humillante ceremonia de vasallaje ante los nuevos amos del mundo, una jornada de Huelga General se fraguaba en España, convocada por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, y apoyada, de modomás o menos crítico, por el conjunto de la izquierda sindical (CGT, CNT…), política (Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista…) y social (Ecologistas en Acción, ATTAC…) del país. Pero en Nueva York, el presidente aseguró a los depredadores financieros que, fuera cual fuera el seguimiento de la Huelga, los planes de ajuste estructural seguirían adelante.

La voz de millones de trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas de este país, quedaba así depreciada por debajo de los susurros amenazantes de un puñado de hienas de cuello blanco. “El predominio otorgado a los mercados financieros es una amenaza para el futuro de las democracias y el Estado de Bienestar en los países de la eurozona”, ha escrito Juan Hernández Vigueras. Una amenaza ya consumada, de la que esta penosa fotografía de Rodríguez Zapatero en Nueva York es un sangrante recordatorio, además de una urgente llamada a la acción.

Artículo publicado originalmente en Ambroz Información. Edición digital en www.radiohervas.es.
 http://jfmoriche.blogspot.com

¿QUIENES COÑO SON LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN?

Vaya, en el título ya se me ha deslizado un pelín la natural simpatía que siento por estos organismos.

Veamos. Son empresas privadas que nacieron a principios del siglo XX para evaluar la solvencia de los valores bursátiles y ahora se dedican a valorar y calificar la “calidad -de gestión- crediticia”.  Se entiende por calidad crediticia la capacidad de atender las obligaciones de pago de las empresas, entidades financieras y, últimamente también se dedican… ¡¡a juzgar estados!!.

Hay varias que operan en Europa como MOODY’SFITCH  y SATANDARD & POOR’S

Standard & Poor’s es un complicado nombre que sale mucho estos días en los informativos. Su última hazaña, aparte de habernos degradado a nosotros es haber situado a Portugal en el disparadero al haber rebajado su calificación a niveles de economía basura, con lo que eso puede suponer de arrastre hacia un desastre como al que han llegado con la economía griega.

Ahora bien, estas entidades no son ni neutrales ni inocentes de los desaguisados que evalúan (y crean), donde tienen una notable influencia y la Unión Europea ha mostrado en varias ocasiones su preocupación por el turbio ejercicio de estas empresas, en el sentido de:

  • la calidad de sus calificaciones crediticias;
  • la independencia y objetividad de estas agencias;
  • la transparencia de los métodos empleados para las calificaciones;
  • el alto grado de concentración que se observa en el sector de la calificación crediticia y sus posibles efectos anticompetitivos.

Conocido fue el papel de estas agencias y sus conductas fraudulentas reveladas por los casos «Enron» y «Parmalat» y el peligroso ridículo en el que se vieron envueltas con la estrepitosa caída de Lehman Brothers, a la que venían concediendo la más alta calificación.


¿Qué valores asocian a cada título estas agencias?

Las valoraciones de estos títulos tienen una escala dependiendo de la agencia que haga la calificación, a continuación os mostramos las escalas de Sandard & Poor’s, Fitch y Moody’s, las tres más importantes hoy en día:

FITCH MOODY’S S&P
TÍTULOS DE ALTA CALIDAD
Calidad Superior AAA Aaa AAA
Muy Alta Calidad AA Aa AA
Alta Calidad A A A
Calidad Moderada BBB Baa BBB
TÍTULOS DE BAJA CALIDAD
Calidad Moderada Baja BB Ba BB
Baja Calidad B B B
Muy Mala Calidad CCC Caa CCC

Como podéis observar, en el cuadro se diferencian bien aquellos títulos de baja calidad o basura como se les denomina en estos días, de los más solventes.