RECORTES E IMPUESTOS: ¿DONDE ESTÁ EL DINERO?

“Básicamente se trata de conseguir que cobre usted igual que un chino o un tailandés, gozando de los mismos derechos laborales que un chino un tailandés, que son prácticamente ninguno”

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Carlos Paredes (Miembro de Democracia Real Ya)

¿Dónde está de verdad el dinero?

¿Acaso piensan que alguien se ha dedicado a quemar billetes en una chimenea?

En el año 2005 la comisión europea estimó en 10 BILLONES de euros el dinero en paraísos fiscales, y no tenemos razón alguna para pensar que esa cifra sea hoy más pequeña.

¿Y por qué existen los paraísos fiscales? ¿Por qué no se ha terminado con la opacidad fiscal de sus cuentas? Pues por deseo implícito y explícito de los distintos gobiernos y sus máximos representantes, incluido el de España. ¿O es que piensan que hay una fuerza sobrenatural que impide acceder a esos datos? Lo que hay, son unos claros intereses particulares de personas con oscuros negocios (incluido el del armamento) que mueven suficiente dinero e influencias como para silenciar bocas.

Pero además… ¿Por qué  no hay dinero en el estado?

Bien, al margen del dinero que se pierde por corrupción política: malversación de fondos, etc, etc, que va muchas veces a los paraísos fiscales ya mencionados. (Es lógico que existan cuando los que tienen que acabar con ellos son muchas veces los que más se benefician de su existencia)

Al margen de eso… ¿Por qué  no hay dinero en el estado?

Un estado, para mantener los servicios públicos, saca dinero de tres sitios.

1º De empresas públicas que dan beneficio, yendo ese beneficio a las arcas del estado.
2º De los impuestos que pagamos todos, IRPF, seguridad social, etc. Estos impuestos son mayores cuanto más dinero cobramos en nómina.
3º De empresas privadas que pagan impuesto de sociedades (En España, del 25% al 33% del beneficio neto anual, dependiendo del tipo de empresa) e IVA, que el IVA también lo paga usted cuando compra, pero son las empresas las que lo declaran. Es decir, las encargadas de darle ese dinero al estado.

Ahora bien, el asunto es éste (vamos de abajo arriba):

1º Las grandes empresas multinacionales se llevan la producción (las fábricas) a China, Tailandia, o lugares donde la mano de obra es mucho más barata, por tanto, el empleo lo generan allí, y no aquí. (Sube el paro). De hecho, los lugares con menos paro de España, son aquellos donde hay más industria (País Vasco, por ejemplo)

2º Si hay menos gente con empleo, hay menos nóminas y el estado recauda menos dinero por ahí, y quien tiene trabajo, cada vez cobra menos, por lo que la cantidad de euros, que recauda el estado de su nómina, también es menor.

3º Las empresas públicas se privatizan, por lo que se pierde esa posible fuente de ingresos, y además, cuando son grandes y se privatizan, externalizan servicios o departamentos, con empresas extranjeras que a su vez generan empleo en el extranjero y no aquí, con lo cual, además de perderse esta fuente de ingresos, se genera todavía más paro.

Por eso, el estado tiene cada vez menos dinero, y por eso, usted tiene que jubilarse más tarde, o su médico ya no le cubre ciertas recetas.

¿Y cual es la solución?

Pues la solución que nos ofrecen, es hacer que usted cobre menos todavía, (congelación del salario  mínimo interprofesional) Básicamente se trata de conseguir que cobre usted igual que un chino o un tailandés, gozando de los mismos derechos laborales que un chino un tailandés, que son prácticamente ninguno. (Dicho desde el máximo de los respetos, hacia China o Tailandia, vaya por delante) para que así a tal o cual multinacional le cueste lo mismo fabricar en España que en China. Se llama reforma del mercado laboral.

Lo que nadie parece tener en cuenta, es que si usted cobra lo que un chino, tendrá el poder adquisitivo de un chino, y a lo mejor no se puede comprar los productos que su propia fábrica produce, pero estamos acostumbrados a visiones cortoplacistas, si no, no estaríamos aquí.

Y la pregunta es:

Si con los salarios cada vez más bajos se recauda menos (y hay menos consumo).
Si con la globalización se tiende a deslocalizar (mandar la producción fuera que es más barata)
Si las empresas públicas se privatizan y al ser privadas, vuelven a mandar la producción fuera… (generando más y más paro)

¿Por qué nos venden estas medidas, (privatizaciones, reducción de salarios, etc) como la solución? Si con todo eso, además, el estado recauda menos dinero… y hay menos para pagar pensiones, profesores, médicos, sanidad, etc…. ¿Por qué lo hacen?

Contra la SOPA

Después de tantos años críticando desde EE. UU. a China y otros paises totalitarios por el control y censura de internet hacia sus ciudadanos, ahora pretenden hacer lo mismo.

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El 24 de enero se vota el supuesto proyecto de ley antipiratería SOPA «Stop Online Piracy Act» (acta para detener la piratería en línea), que no de ja de ser un intento de control y bloqueo de Internet por parte de la administración estadounidense.

A pesar de que inicialmente SOPA trata de controlar supuestos contenidos ilegales en la red, considerando así obras que puedan estar sujetas a derechos de autor, si se aprobara esta ley, sería posible y necesario monitorear y censurar la actividad de Internet en general desde Estados Unidos, y hasta sería posible bloquear contenidos políticos, iniciativas que van en contra de las libertades alcanzadas en todo el mundo occidental. Teniendo en cuenta que muchos de los proveedores de servicios de internet están alojados en EE. UU. el efecto dominó se extendería a todo el mundo.

Así, si se aprueba la ley, además de bloquear los sitios denunciados, el gobierno estadounidense crearía una lista negra con los portales supuestamente infractores para que a estos les fuera prohibido publicar publicidad o incluir sistemas de pago, bloqueando también su actividad comercial.

Video al respecto:

 Aclaración de algunos términos relacionados:

  • ACTA es un tratado internacional (acuerdo comercial) entre unas cuantas naciones y con fines algo similares, mientras que SOPA es una ley esclusivamente estadounidense. Su propuesta es nacional, pero con alcance internacional, mientras que ACTA es internacional en ambos sentidos, por lo que merecen atención especial cada uno.
  • SOPA es más reciente que ACTA,  se deriva del fracaso de Protect-IP y es ahora cuando se va a presentar a su aprobación.

El estado despilfarra en la iglesia

Fuentes: Diario Público y BOE
El arzobispo de Madrid, Rouco Varela, a su llegada a la misa que se celebró, ayer en el pabellón Madrid Arena, para preparar la Jornada Mundial de la Juventud de agosto.EFE

«Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», cuentan que dijo Jesucristo a los fariseos en la Galilea del siglo I. Dos milenios después, la Iglesia católica en España continúa olvidando la máxima evangélica, y este año recién finalizado ya ha conseguido del «César» más de 10.000 millones de euros en conceptos varios. Una media de 200 euros por habitante que, sea o no creyente, ve cómo esta importante cantidad se extrae de los presupuestos de las distintas administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos).

Algunos estudios concluyen además que anulando las subvenciones a la Iglesia no sería necesaria la ampliación de la jubilación a los 67 años.

Todo ello, sin contar con partidas «excepcionales», como los 60 millones de euros (en metálico y en especie) que el pasado agosto recibieron para sufragar los gastos de seguridad, limpieza, organización y cesión de terrenos de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que curiosamente trajo al viejo Benedicto XVI a Madrid y que fué declarado por el Gobierno como «evento de interés especial». Ésto supuso nuevos privilegios fiscales, tanto para la Iglesia como para las empresas colaboradoras del acto.

De ese monto, una de las partidas llega a través de la famosa casilla de la Iglesia en la declaración de la Renta, que el año pasado aportó a las arcas de la institución, de forma directa, más de 250 millones de euros.

Otra forma de ingreso son las exenciones de impuestos como el que pesa sobre los bienes inmuebles (IBI) que es, precisamente, uno de los que ha incrementado el Ejecutivo del Partido Popular ahora.

Fines sociales

A ello hay que sumar al menos otros 80 millones que la Iglesia recibe a través de la X de «otros fines sociales», de la que se benefician proyectos de ONG católicas. Una cantidad que no es relevante teniendo en cuenta el total de las donaciones públicas a la Iglesia, pero que sí refleja la pervivencia de unos privilegios incompatibles con el Estado laico y que, en algunos casos, se remontan al siglo XIX.

Expertos en Derecho Eclesiástico como Óscar Celador o Dionisio Llamazares critican que la jerarquía eclesiástica «viva de las rentas de la desamortización de Mendizábal (1822)», y que los actuales Acuerdos Iglesia-Estado que consagran la financiación pública de la Iglesia, aunque también elcompromiso de esta, jamás cumplido, por trabajar en su autofinanciación son «inconstitucionales».

Una situación que, además, genera desigualdades con otras confesiones. En la práctica, la Iglesia católica es la única religión con financiación pública. Judíos, musulmanes y evangélicos se reparten apenas 6 millones de euros (a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia), mientras que la Iglesia católica recibe más de 10.000.

Ajena a estas consideraciones, la jerarquía eclesiástica viene lanzando desde hace años una campaña en la que anima a los contribuyentes, católicos o no, a marcar las dos casillas de la Renta, lo que supone detraer el 1,44% de los impuestos, la mitad a la Iglesia y la otra mitad a «Otros Fines». «No pagarás más, no te devolverán menos», afirma el lema del pasado año.

Campaña «austera»

La Iglesia cuenta que trabaja con los inmigrantes, los presos, los huérfanos o los ancianos. Sin embargo, la realidad es que todos los fondos recaudados por los obispos con la famosa casilla van a sufragar el culto católico, los sueldos de los sacerdotes y la Seguridad Social del clero. De hecho, aunque su ejemplo y su función social aparezcan en los anuncios de la casilla eclesiástica, las ONG católicas reciben su ayuda a través de la casilla de Otros fines de Interés Social.

La Iglesia insiste en que marcar la X de la Iglesia «supone apostar por la familia, la educación en valores, el desarrollo de las personas y luchar contra la crisis». Una crisis que, hasta la fecha, no ha afectado a las arcas de la institución, que en los últimos dos años ha visto cómo la cantidad ingresada por el IRPF pasaba de 140 millones de euros a 253,4 millones.

¿A dónde va el dinero? Los presupuestos de la Conferencia Episcopal indican que el montante de la casilla se dedica a pagar los sueldos de los curas. Aunque no todos opinan lo mismo. Europa Laica denuncia cómo tanto la jerarquía de la Iglesia como las organizaciones católicas financiadas a través de los fines sociales, «dedican parte de sus recursos a sufragar costosas campañas para promover la represión sexual, la discriminación por razón de género u orientación sexual, contra la libertad de la mujer, contra los avances científicos o contra la eutanasia y la muerte digna».

Discriminación

Desde hace años, distintas instituciones, religiosas y laicas (desde Redes Cristianas a Europa Laica) claman por la eliminación de la casilla de la Iglesia en el IRPF, que consideran «una discriminación para los contribuyentes que no señalan ninguna casilla», afirma el teólogo Evaristo Villar. Por su parte, el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, sostiene que «con el actual sistema, el Estado conculca el artículo 31 de la Constitución que indica que todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en condiciones de igualdad».

Europa Laica ha exigido al Gobierno la eliminación de la casilla de la Iglesia católica, puesto que «refleja el apoyo preferente del Estado a la religión católica y la discriminación para los ciudadanos que aun siendo creyentes no desean que se financie la iglesia católica, para aquellos que son fieles de otras religiones y para todos los que no tienen religión».

Europa Laica rechaza también la casilla de asignación tributaria a fines sociales, porque «lo que se recauda por este concepto se entrega a organizaciones y fundaciones católicas, de ahí que la jerarquía católica anime a marcar ambas casillas», como así sucede este año.

Después de más de 30 años de democracia y de vigencia de una Constitución que establece «que ninguna confesión tendrá carácter estatal», las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado español no han cambiado sustancialmente, aunque la influencia de aquella sobre la sociedad sea menor.

El incremento de la financiación de la Iglesia por parte del Estado y los privilegios económicos, jurídicos y políticos, de los que disfruta demuestra que todavía «estamos en un estado confesional encubierto», a juicio de Europa Laica. Muy lejos, cuando menos, de la separación que reivindicaba Jesús de Nazaret. Y es que el César, muchas veces, está demasiado cerca de Dios.

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El modelo «inconstitucional» de la Iglesia en España

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  • «La Administración tributaria del Estado no debe estar al servicio de las confesiones religiosas»

A diferencia del caso español, el modelo de Francia «es plenamente respetuoso con el principio de laicidad del Estado», insiste Torres, quien recuerda que el artículo 16.3 de la Constitución Española señala que «ninguna confesión tendrá carácter estatal».

En Reino Unido y en Irlanda la Iglesia tampoco tiene dotación presupuestaria estatal alguna. El Gobierno sólo destina fondos públicos al «mantenimiento y conservación de los edificios de interés artístico en manos de las autoridades eclesiásticas». Aun así, se estima que en torno al 90% de estos gastos «corren a cargo de las propias iglesias», reza el estudio.

Finalmente y para mayor escarnio veamos el boletín del pasado sábado, donde se nos escupe a la cara el abono a cuenta que vamos a hacer MENSUALMENTE a la Iglesia Católica y que asciende a la insultante cifra de 13.266.216,12 euros:

Año 2011, un resúmen

Abril
Planes de ajuste y precariedad laboral. La crisis está ensanchando aún más la brecha entre ricos y pobres, entre trabajadores y grandes empresarios, ante la impotencia de los dirigentes políticos

Julio
El problema de la vivienda. Con la crisis, decenas de miles de personas han perdido sus hogares o corren el riesgo de hacerlo. El derecho constitucional a una vivienda digna sigue siendo papel mojado en la práctica.


Julio
Rubalcaba, candidato. El flamante candidato del PSOE a las elecciones del 20-N se enfrenta al obstáculo de haber sido vicepresidente del muy criticado Gobierno.

Agosto
Llega el Papa. La Iglesia justificó las pingües ayudas oficiales a la Jornada Mundial de la Juventud con el argumento de que el evento beneficiaría a la economía madrileña.

Septiembre
Rescates a la banca. El presidente Zapatero no logró convencer a todos de que sus recetas contra la crisis eran únicas e inevitables. Mucha gente no lo creyó.

Octubre
Fin de la violencia. El anuncio de ETA de que no volverá a cometer atentados sentó  un poco mal a algunos…

Noviembre
Europa ante la crisis. Demasiadas cumbres, y Europa no consigue reaccionar debidamente ante la dura crisis. La UE corre el riesgo de fosilizarse por completo por su mastodónica inercia y su carencia de líderes imaginativos.

Noviembre
Elecciones. Fue un año muy electoral: municipales y autonómicas, y generales. Hubo críticas (sobre todo desde el Movimiento 15-M) sobre la calidad de la democracia.

Diciembre
El ‘problema’ catalán. La deuda con Catalunya, en plena crisis, será uno de los asuntos que deberá lidiar Rajoy.

Diciembre
Los trapicheos de Urdangarin. Los negocios del yerno del rey, que obtuvo millones de euros de fondos públicos de modo supuestamente irregular a través de una ONG «sin ánimo de lucro», traen de cabeza a la Corona.