En España sobran defraudadores

En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren

Juan Torres en "Ganas de Escribir"

El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en «Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer»).

Veamos qué hay de verdad en ello.

En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.

En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).

Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.

El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.

Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.

Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.

La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo.

¿Tiempo de estafadores?

-La familia real

Cuando allá por noviembre de 2003 se anunció que Letiziaconzeta Ortiz se iba a casar con el aspirante a rey Felipe de Borbón y se supo de su pasado poco confesable e inconveniente para la fachada monárquica, algún pelota -no se si de oficio o vocacional- entre abultadas loas dijo de ella que «era una mujer de su tiempo«.

Estos días, que otro miembro de la Casa Real española, está siendo investigado por estafa, apropiación de fondos públicos, evasión de impuestos y otras lindezas por el estilo, he recordado aquello que se dijo de Letiziaconzeta y he pensado que quizá la frase no estuviera exenta de razón. Porque, ahora que nos encontramos metidos hasta el cuello en una crisis generada por codiciosos estafadores, quizá Urdangarín no sea más que… otro «hombre de su tiempo«.

LOS NEGOCIOS DEL YERNO DEL REY

  • La ‘operación Babel’ destapa que el duque se ha «forjado» un patrimonio de más de once millones en apenas una década
  • Cerca de 90 empresas también contrataron con Nóos, muchas veces a precios muy superiores
El Correo 

Las cifras del ‘caso Urdangarin’ engordan día a día. Los últimos informes, todavía muy provisionales, de la Brigada Antiblanqueo, de Hacienda y de Anticorrupción sobre el entramado empresarial supuestamente tejido por el yerno del rey y su socio, Diego Torres, hablan de todo menos de una fundación sin ánimo de lucro. Los papeles de la denominada ‘pieza 24’ del ‘caso Palma Arena’ están plagados de millones de euros y de más de un centenar de negocios con jugosísimas rentabilidades fuera de toda lógica de mercado, aunque no siempre irregulares. La radiografía de la investigación, habida cuenta de la madeja societaria, es complicada y responde fielmente a su denominación: ‘Operación Babel’. Ocho, por ahora, son los grandes pilares de esta confusa torre, que amenaza con convertirse en iceberg.

 ‘Cuentas generales’: Más de once millones en patrimonio
Las primeras estimaciones apuntan a que el duque de Palma, desde que en 2004 ‘despertara del letargo a su filántropo Instituto Nóos’, se ha hecho con un patrimonio personal muy superior a los once millones de euros, al margen de las asignaciones que haya podido recibir de la Casa Real. A su nombre tiene un palacio de ocho millones de euros en Barcelona, a los que hay que sumar un patrimonio inmobiliario algo menor a los 1,3 millones por cinco pisos en Palma y otro en Tarrasa, dos garajes y un trastero. Y activos por valor de 1,8 millones en sus empresas. Del dinero oculto bajo otras firmas o sociedades o de las cantidades que el entramado societario pueda haber evadido al extranjero los investigadores todavía no se atreven a hacer cálculos. Por el momento, creen poder certificar que al menos 650.000 euros de sus empresas volaron rumbo a Belice y, quizás, a otros paraísos más cercanos.

Las mercantiles de Urdangarin y Torres (quien tiene un patrimonio cercano a los cinco millones) han facturado cerca de 16 millones de euros en los últimos nueve años, de los que más de 6,4 millones vinieron de entidades públicas. Casi la mitad de esos 16 millones con 103 pagadores diferentes fueron captados directamente por la fundación altruista que Urdangarin presidió hasta 2006. La facturación cruzada entre la ONG y las nueve empresas que investiga el juez del caso Palma Arena, José Castro, habría reportado directamente a las arcas de esas firmas no menos de 8,8 millones de euros. Las dos empresas satélites del entramado controladas directamente por el duque, Nóos Consulting y Aizoon (en la que participó la infanta Cristina), facturaron en los ‘años de oro’ 3,4 y 1,5 millones. Buena parte de ese dinero eran facturas a la propia fundación sin ánimo de lucro.

‘Fórum Illes Balears’: El origen de todo

El Forum Illes Balears, dos cumbres deportiva-turísticas organizadas directamente por el Instituto Nóos y adjudicadas a dedo por el Gobierno de Jaume Matas, es el origen de la ‘operación Babel’ y el segundo mayor supuesto ‘pelotazo’ del tándem Urdangarin-Torres. Los investigadores, tras los documentos encontrados en los registros de las empresas de los dos socios, ya tienen bastante claras las cifras. El Govern Balear pagó por los encuentros de 2005 y 2006 un total de 2.594.038 euros. Los primeros cálculos apuntan a que 1,4 millones de ese total acabaron en poder de las empresas directamente controladas por Urdangarin, quien apenas ha podido presentar facturas para justificar poco más de un millón de euros.
La adjudicación de esas jornadas a Nóos está plagada de irregularidades. Ni siquiera se celebraron reuniones oficiales para dar el concurso, tal y como ha reconocido el propio Matas.

‘Valencia Summit’: El gran golpe

Valencia, hasta el momento, es el gran golpe de Nóos. Se trata de la celebración de las tres ediciones del Valencia Summit, en 2004, 2005 y 2006, unas reuniones internacionales sobre turismo y deporte, que sufragaron la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), del Gobierno autónomo, y la Fundación Turismo Valencia, perteneciente al consistorio. Esos contratos (que a diferencia de Baleares sí que fueron transparentes) supusieron un desembolso público de 3,1 millones, pues garantizaron a la fundación que por entonces presidía el duque un ‘canon’ anual de 1,04 millones (900.000 euros más IVA) por cada uno de los tres años de las reuniones deportivas. Además de esta cantidad por los Valencia Summit, el Ejecutivo de Camps firmó otro contrato con Urdangarin para que la ciudad albergara unos ‘Juegos Europeos’ que nunca llegaron a celebrarse, y por el que Nóos se embolsó 382.203 euros. Anticorrupción ya se ha zambullido de lleno en la ‘trama valenciana’ de Nóos y la semana pasada interrogó a los responsables del ayuntamiento y de la Generalitat que firmaron esos contratos.
‘Otras administraciones’: A la ‘caza’ de más dinero público
Al margen de las instituciones valencianas y baleares, otras siete administraciones públicas han declarado a Hacienda haber pagado a Nóos y sus satélites por todo tipo de contratos de consultoría, cuya adjudicación está siendo investigada habida cuenta del desfase entre el coste y la escasa entidad de los trabajos facturados. Se trata de los ayuntamientos de Mataró (86.351 euros), Alcalá de Henares (26.132) Barcelona (11.999) y La Galera (7.500); la Generalitat de Cataluña (75.425) y la Diputación de Barcelona (11.600).

África: Asesoría inmobiliaria
Mixta África, un promotora que declara tener como objetivo la constrcción de «viviendas económicas» en África y que tiene negocios en Marruecos, Senegal, Túnez, Argelia, Mauritania y Egipto, ha declarado haber abonado al entramado de Urdangarin y Torres 445.000 euros en trabajos de asesoraminto. De ese montante, al menos 365.328 euros fueron a parar a los bolsillos de Aizoon SL, propiedad de Urdangarin y Cristina de Borbón, por trabajos realizados entre 2006 y 2009.

SGAE: ‘Teddy’, a dedo

La Sociedad General de Autores fue la séptima mayor fuente de ingresos del entramado Nóos. Según los informes de Hacienda, la SGAE llegó a pagar más de 528.000 euros, aunque la cifra es mayor. De acuerdo a los datos de la auditoría externa a la que se ha sometido a la sociedad, entre 2005 y 2010, Nóos y Estrategic Lap Innovation (otra de las empresas de la red societaria) facturaron 750.000 euros a la sociedad que vigila los derechos de autor de los creadores españoles. El trabajo encargado era hacer un informe anual sobre la imagen de la SGAE en la sociedad.Fue el propio Teddy Bautista quien, a dedo, designó a las empresas del duque como asesoras principales, a pesar de que no habían trabajado nunca en el ramo de los autores.
Entidades privadas :Contratos de todo tipo
Cerca de 90 entidades privadas contrataron con Nóos y sus satélites en la pasada década, lo que supuso al entramado beneficios algo menores de los diez millones de euros. Esas adjudicaciones entre privados -matizan fuentes del caso- no son objeto directo de investigación, aunque sí los movimientos posteriores que el entramado hizo de ese dinero. Algunos de esos trabajos -apuntan los investigadores- están fuera de toda lógica de mercado como pagar, como hizo el Villareal, 690.000 euros por un informe de diez páginas. Los grandes pagadores privados al grupo son, entre otros: Motorpress Ibérica, la editorial en la que fue consejero Urdangarin, ha declarado haber abonado facturas cercanas a los 1,4 millones; Wolkswagen, 1, 2 millones; o Telefónica, la empresa en la que es consejero internacional, 703.852 euros.
Mediaciones deportivas: Difícil rastro
Urdangarin, según los datos recopilados por los investigadores, también habría podido intervenir directamente en la intermediación en tres asuntos deportivos, de los que, por el momento, no hay huella económica. El primero es la concesión a Valencia de la XXXII Copa América de Vela de 2007, en la que Nóos habría intervenido, según ha confesado un socio del duque, Juan Pablo Molinero. Precisamente Molinero y Nóos también aparecen relacionados con la operación para que en 2003 el Ejecutivo de Jaume Matas cerrara un acuerdo con la empresa Abarca Sports S. L., propiedad de José Miguel Echávarri, para que el equipo ciclista Banesto pasase a llamarse Illes Balears a cambio de 18 millones de euros. La tercera mediación deportiva sería la intervención fallida en 2003 para que el Tour de Francia tuviera al menos una etapa en Mallorca. Según las declaraciones de diversos imputados, el Govern pagó 1,1 millones a Nóos por las gestiones sin éxito. 
Fuente: http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20111211/sociedad/urdangarin-millones-animo-lucro-201112110127.html

Críticas contra la monarquía española

DE  LOS  ESCÁNDALOS  SEXUALES  AL  ‘CASO URDANGARIN’

Pascual Serrano  en Le Monde Diplomatique


Periodista, autor de ‘Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo‘, Editorial Península, Madrid, 2009.


El escándalo en el que se halla implicado Iñaki Urdangarin, duque de Palma, esposo de la infanta Cristina de Borbón y yerno del rey Juan Carlos I, atrae de nuevo la atención sobre los negocios ocultos de la familia Real. Una cuestión hasta ahora tabú en los medios de comunicación de España. Según la Constitución española: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.” Por eso sin duda la prensa mantiene una omertá de silencio en torno a los asuntos de la monarquía. En cambio, entre los libros sobre Juan Carlos, destacan trabajos serios que critican aspectos de la vida del rey con argumentos documentados y aportan luz sobre la extravagante trayectoria de la familia Real.

Hace más de veinte años, en mayo de 1998, el periodista Jon Lee Anderson, escribió en The New Yorker un amplio perfil del rey Juan Carlos I. El artículo fue censurado en España, algo que dejó desconcertado a Anderson.  En su opinión, «la actitud de los directores de medios y la percepción de un círculo muy pequeño de que la Democracia española era frágil, hacía que se censuraran las noticias».  Hubo que esperar hasta 2.006 para que se publicase, pero incluido en un dossier editado por la Asociación de la Prensa de Aragón, con motivo de la asistencia de Jon Lee Anderson a un congreso en Huesca.

Lo curioso es que lo escrito por Anderson no era en absoluto crítico ni con la figura del Rey Juan Carlos I ni con la Monarquía en general.  Su principal fuente era el servicio de prensa de la Casa Real y no recogían ni un sólo comentario de algún opositor a la institución monárquica.  Sin embargo, en el texto se aprecian elementos que cualquier español hubiera identificado como «impublicables» de España:  recuerda, por ejemplo, que Alfonso XIII, abuelo de Juan Carlos I, tras su derrocamiento en 1.931, «vivió una vida de play boy, mujeriego, era aficionado al juego y a la caza»;  destaca la estrecha relación entre Franco y Juan Carlos, y se hace eco de alguno de los escándalos sexuales y económicos.

A diferencia de otras monarquías, como la británica, la española sigue blindada a la crítica.  Se trata de un caso de censura apoyado por los directivos de la prensa y la mayoría de los periodistas, incluso los no españoles.  John Carlin, por ejemplo, periodista británico colaborador del diario El País, hasta se jacta de esa falta de libertad.  En su artículo «Reyes, guiñoles, ingleses y democracia», publicado en 2.000, con motivo del 25 aniversario de la monarquía, afirma:  «A diferencia de lo que ocurre en el Reino Unido, en España existe una conspiración de silencio en la que participan todos los medios de comunicación en torno a la Familia Real.  Y tiene su razón de ser».

Ante esta situación en la prensa, ha sido en los libros donde la omertá de silencio ha podido agrietarse.  Muchos son los libros sobre la Familia Real, el monarca o su consorte.  Casi todos laudatorios.  Sin embargo, cada vez más, comienzan a editarse trabajos que se posicionan críticamente contra la Monarquía.

CUANDO JUAN CARLOS MATO A SU HERMANO….

Uno de los primeros fue Un rey golpe a golpe. Biografía no autorizada de Juan Carlos de Borbón (2.000).  Va firmado con el pseudónimo Patricia Sverlo, y editado por Ardi Beltza, un sello del entorno de la izquierda abertzale que acabaría clausurado por las autoridades.  El libro no se vendió en librerías;  se distribuyó por los circuitos de la revista Ardi Beltza donde se agotó.  La obra es contundente en la exposición del entramado de la sucesión tras la muerte de Franco;  destaca la fortuna de Juan CArlos I, sus oscuros negocios en el petróleo, el tráfico de armas, la especulación financiera, la trama inmobiliario y sus amistades con una élite económica que terminó enjuiciada por corrupción.  También se repasan los escándalos sexuales del Rey que suelen ser comentados por numerosos círculos privados pero nunca saltan a las páginas de la prensa española.  Incluso se insinúa que Juan Carlos tuvo conocimiento de la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), aparato clandestino de guerra sucia contra ETA creado bajo el gobierno de Felipe González.  Hoy el libro es difícil de conseguir y su difusión se realiza básicamente por Internet.

Es de justicia indicar que los principales escándalos fueron recogidos anteriormente en otra obra que, si bien no se centraba en la figura de la monarquía, sacó a la luz una valiosa información sobre las corrupciones en torno a las finanzas de la realeza.  Se trata de El negocio de la libertad (Foca, Madrid 1.999), de Jesús Cacho.  A diferencia del de Patricia Sverlo éste fue un gran éxito de venta, pero los escándalos que en él se destapaban -y que afectaban a una parte del sector político y económico de la España de Felipe González-  eran tantos que los del Rey no destacaban entre el panorama.  Como Jesús Cacho no es un periodista antimonárquico militante, ello hacía que sus denuncias tuvieran credibilidad.  Por ejemplo, cuestionaba el papel de Juan Carlos, presentado casi como heroico en el fallido golpe de estado del 23 de Febrero de 1.981.  Basándose en unas declaraciones de la Reina difundidas por la periodista Pilar Urbano, el autor afirma que  «el Rey había jugado a dos bandos en las fechas previas al 23-F».

También sostiene que tras conseguir la corona, Juan Carlos I habría comenzado a amasar su fortuna y a embolsarse comisiones.  Otra vía para enriquecerse:  utilizar su cargo para pedir a algunas petromonarquías del Golfo y al Sha de Persia ayuda económica personal para «defender a España del socialismo».  El autor incluso publica la carta que habría enviado el Rey al Sha.

Jesús Cacho expone en una imagen bastante patética del soberano: «El Rey no lee libros ni periódicos;  se limita a hablar por teléfono las 24 horas del día, lo cual conforma en ocasiones en su coronada testa un galimatías morrocotudo.  Cuantas voces y voces han pretendido dotarle de algún tipo de asesoría o consejo de notables, una simple tertulia con la que reunirse de forma periódica para hablar con cierta profundidad de algunos tema, han fracasado.  Al Monarca le interesan más los tipos divertidos, alegres, simpáticos, ricos mejor que pobres, hábiles en el trato con las mujeres y en los negocios».

Ramón Akal, editor de Cacho, recuerda que el libro fue encargado por otra editorial pero que ésta, tras leerlo, decidió pagarle al autor la cantidad estipulada como adelanto negándose a publicarlo.

En España, ni siquiera la «prensa seria» ha informado de los escándalos financieros de Juan Carlos I a pesar de que sus socios han protagonizado portadas, juzgados y hasta prisiones.  Ni la prensa amarilla, tan popular, ha prestado atención a sus devaneos amorosos y sexuales.  Cuando la revista italiana Orgi anunció, en 1989, la existencia de una hija ilegítima del Monarca con la condesa italiana Olghina Robiland, el silencio fue total en España.  Y cuando la condesa confirmó esa relación y publicó las «cartas de amor» de Juan Carlos I (que ya estaba comprometido con Sofía de Grecia), su difusión fue muy limitada.

Sobre los escándalos de faldas del Rey trata David Garrido en Los hijos silenciados de los Borbones «Arco Press, 2005). Otro autor que destaca es el Coronel Amadeo Martínez Inglés, oficial expulsado en 1990 de las Fuerzas Armadas.  Sus obras se caracterizan por su carácter provocador y polémico.  En 23-F, el golpe que nunca existió (Foca, Madrid 2001), implica a Juan Carlos I en el intento de golpe de Estado.  En Juan Carlos I, el último Borbón (Styria, Barcelona 2008) no duda en calificar al sistema político de «dictadura en la sombra por parte del monarca español».  Y en La conspiración de Mayo.  El «Alzamiento Nacional» que preparó la derecha castrense para el 2 de Mayo de 1981 y que frustró el 23-F  (Stiria 2009) de nuevo implica al Rey en el golpe del 23-F.

Otro libro interesante es del periodista Iñaki Errazkin, Hasta la coronilla.  Autopsia de los Borbones (Txalaparta, Tafalla 2009), cuya principal aportación es un riguroso repaso de los antecedentes históricos de los Borbones en un capítulo titulado «Los muertos de Juan Carlos I».  El autor afirma:  «La degeneración que causa la continua endogamia, la soberbia y la impunidad inherentes al poder, ya sea absoluto o relativo, son elementos que no ayudan precisamente a forjar un carácter virtuoso, y los Borbones no son una excepción».  La contundencia del texto es indiscutible, Errazkin presenta un capítulo de la vida del monarca silenciada en las biografías oficiales:  el disparo de pistola con el que Juan Carlos mata, siendo niño, a su hermano mayor Alfonso, y que le catapulta al primer lugar de la línea sucesoria, y el rechazo absoluto del padre a que se realice autopsia alguna o investigación.  No falta un repaso a los hijos del monarca y a sus consortes, donde se encuentra:  drogadicción, suicidio, secretos silenciados a golpe de talonario con fondos públicos y sexo.

Por último:  la obra del senador Iñaki Anasagasti, ex portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso Una monarquía protegida por la censura (Foca, Madrid 2009).  El autor denuncia la «conspiración de silencio, en la que participan políticos, personalidades de todo tipo y medios de comunicación social, en torno a la familia real para seguir diariamente la convención de que es ésta la única fórmula válida en la actualidad para que España no se rompa o para que no acabemos a garrotazos los unos contra los otros».  El senador vasco afirma que escribe este libro porque «es preciso ir diciendo que el rey está desnudo, que su legitimidad de origen no es democrática, por más que aparezca en tíulos y artículos de una Constitución aprobada democráticamente en 1978;  que su vida privada no es nada ejemplar;  que sus gastos y relaciones de amigos comisionistas son impropios, y que su falta de responsabilidad ante el delito es algo único en una Europa democrática».

Todo esto vuelve a plantearse desde que estalló el «escándalo Urdangarín» en el que se halla implicado el yerno del Rey a través de su empresa de asesoría Nóos en el «caso Palma Arena» y la «Operación Babel».  Al parecer, Iñaki Urdangarín impulsó la actividad y contratos de Nóos, que por sus estatutos carecía de ánimo de lucro, y presentó al cobro facturas de su firma Nóos y de la inmobiliaria Aizoon, cuya propiedad comparte con su esposa la infanta Cristina de Borbón.  En cinco años, la cifra de negocios de Nóos rondó los 10 millones de euros, según la contabilidad del complejo entramado de asesorías y empresas organizado, que Fiscalía Anticorrupción ha examinado.  Se ha identificado a una firma del grupo que transfirió cerca de medio millón a una cuenta de una sociedad en un paraíso fiscal.  Fiscalía Anticorrupción ha detectado también un agujero de un millón de euros en partidas no justificadas.  Esta es la base para la acusación penal de supuesta «malversación de caudales públicos».   Y la pregunta que muchos observadores se hacen es:  ¿en qué medida el Rey Juan Carlos estaba al corriente de estas operaciones? ¿Cómo es que nadie, en la familia Real, se interrogó sobre los orígenes del colosal y rápido enriquecimiento del esposo de la infanta Cristina?.

Muchos elementos en torno a la familia Real despiertan indignación y cada vez cuesta más silenciarlos:  denuncias financieras y de corrupción, fortuna personal de oscuro origen, la burla de que sus viviendas, yates, vehículos, etc … sean de titularidad del Estado para que sea el dinero público el que deba mantenerlos y repararlos, oscurantismo en su financiación público de la que no debe rendir cuentas, desmanes sexuales …

Todos estos elementos, oscuros en los medios de comunicación, salen a flote sólo gracias a algunos libros que han logrado ser la única válvula de escape a las críticas y denuncias contra la monarquía.

Ya nos lo han dicho

Todos sabíamos que estos delincuentes ya se habían ido, pero hoy han vuelto para confirmárnoslo solemnemente y para despedirse «como dios manda» que diría Mariano, así saludándonos con la mano, como vemos en la foto.

Y además de todo su bárbaro historial y de un sinfín de fechorías, es indignante que en cuarenta y tantos años… no hayan aprendido a ponerse la txapela.  ¡¡Qué horror de foto!!

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Ahora en serio, que el asunto lo es. Así se han despedido estos tipos que han causado tánto dolor en tánta gente y durante tántos años:

Declaración de ETA
Euskadi Ta Askatasuna, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, desea mediante esta Declaración dar a conocer su decisión:
ETA considera que la Conferencia Internacional celebrada recientemente en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional.
En Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo político. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ese es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca.
La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. No ha sido un camino fácil. La crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre. Otros están sufriendo la cárcel o el exilio. Para ellos y ellas nuestro reconocimiento y más sentido homenaje.
En adelante, el camino tampoco será fácil. Ante la imposición que aún perdura, cada paso, cada logro, será fruto del esfuerzo y de la lucha de la ciudadanía vasca. A lo largo de estos años Euskal Herria ha acumulado la experiencia y fuerza necesaria para afrontar este camino y tiene también la determinación para hacerlo.
Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía.
Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada. ETA con esta declaración histórica muestra su compromiso claro, firme y definitivo.
ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad.

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!
JO TA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!
En Euskal Herria, a 20 de octubre de 2011
Euskadi Ta Askatasuna
E.T.A.

Falsedades sobre la reforma

VICENÇ NAVARRO Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra / Ilustración de Mikel Jaso

En el debate actual sobre la reforma constitucional y la ley orgánica complementaria se están haciendo afirmaciones que no son sostenibles. A continuación detallo las más representativas:

“El mayor problema que tiene España es el tamaño del déficit y de la deuda pública”.
No es cierto. En 2007, el Estado tenía superávit y la deuda era de las más bajas de la Eurozona y ello no protegió a España de tener una Gran Recesión. Incluso hoy, la deuda pública es menor que el promedio de la Eurozona y el déficit ha descendido, lo cual no ha evitado que los intereses que el Estado español ha tenido que pagar para vender su deuda pública hayan sido los mayores en su historia.

“La ley aprobada por el pacto PSOE-PP no es un ataque al Estado del bienestar”.
Sí que lo es. Si se le exige al sector público que reduzca el déficit publico, hay varias maneras de hacerlo. Bajando el gasto público, aumentando los impuestos o incrementando el crecimiento económico para ingresar más fondos al Estado. En España, la mayor reducción del déficit público siempre se ha conseguido con recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Pasó cuando el Estado español tuvo que reducir el déficit para acomodarnos al criterio de Maastricht, y bajar el déficit al 3% del PIB. Y pasa ahora, cuando quieren reducirlo al 0,4% del PIB. Es más, la fiscalidad del Estado español (tanto central como autonómico) es profundamente regresiva. Si miramos los niveles efectivos (reales) de tributación y no sólo nominales, las grandes familias, las grandes empresas y la banca, pagan niveles muy inferiores (restando al Estado 44.000 millones de euros al año) a lo que paga un trabajador en nómina. El Estado ya ha demostrado todos estos años su incapacidad o falta de valentía política de corregir esta situación. Le es más fácil recortar los servicios domiciliarios a las personas con dependencia (600 millones de euros) o congelar las pensiones (1.200 millones) que revertir la bajada de impuestos (37%), que afectaron a los súper ricos (300.000 euros o más al año) en los últimos quince años (2.500 millones de euros). Las clases populares tienen menos poder sobre el Estado español que las clases dominantes.

“Si no se toman estas medidas, los mercados no se calmarán y terminaremos peor”.
Los mercados no son calmables. El problema no es la especulación de los mercados, sino la falta de protección de los estados frente a los mercados. Lo que un Estado hace frente a las maniobras especulativas es imprimir dinero y comprar su propia deuda pública, forzando la bajada de los intereses de tal deuda. Pero, con la creación del euro, los países del euro no pueden hacer esto. Sólo el Banco Central Europeo puede imprimir dinero. Pero en lugar de hacer lo que los bancos centrales hacen, es decir, comprar deuda pública de los estados de la Eurozona, lo que hace es proveer liquidez a los bancos privados, pero no a los estados. Sólo, recientemente y con grandes reticencias, se ha estado haciendo, pero tarde e insuficientemente. Cuando compró deuda pública de España e Italia, los intereses bajaron. Esto debiera hacerlo pero no excepcionalmente, sino como parte de su función. Es más, los estados de la Eurozona debieran tener bancos públicos para garantizar el crédito. En España se está yendo en sentido contrario. La privatización de las cajas dificultará todavía más la garantía del crédito.

“Todos los estados de la Eurozona debieran tener una legislación igual, prohibiendo que tengan déficits públicos”.
Como ha indicado el Center for Economic and Policy Research, uno de los centros de investigación más prestigiosos de EEUU, tal política “sería un desastre”. Sería equivalente a que Estados Unidos, cuyos estados tienen que tener un déficit cero para los gastos ordinarios (pero no en inversiones), no tuvieran un Estado Federal con un Gobierno que tiene déficits del 8,2% del PIB (y una deuda del 160% del PIB) y con un Banco Central (The Federal Reserve Board) que ayuda a los estados (California tiene unas cuentas públicas en tan mala forma como Grecia) y compra deuda pública (algo que no está permitido al Banco Central Europeo).

“Estas políticas de austeridad nos evitarán llegar a la situación griega”.
Todo lo contrario, están acelerando a alcanzar la situación griega. Tales medidas, congelación de pensiones y recortes sociales, que están empobreciendo todavía más el subfinanciado Estado del bienestar español (el gasto público social por habitante es el más bajo de la Eurozona) está dificultando enormemente la recuperación económica al reducir la demanda de bienes y servicios, que es el mayor problema de la economía española. Estas políticas de austeridad están empobreciendo tal demanda. Hoy está creciendo la percepción, incluso en centros financieros, de que el mayor problema de España es el escaso crecimiento económico. La explosión de la burbuja inmobiliaria creó un agujero equivalente a un 7% del PIB que tendría que rellenarse con gasto público para permitir una estimulación de la economía. Tras cuatro años de austeridad, la economía española continúa estancada.

“El estímulo económico se aplicó en España y no ayudó mucho”.
No es cierto. Ayudó poco porque consistió sobre todo en recortes fiscales que beneficiaron sobre todo a las rentas superiores que son las que proporcionalmente consumen menos y tienen, por lo tanto, escaso impacto estimulante de la demanda. Muy pocos de los estímulos fueron encaminados explícitamente a crear empleo. De la misma manera que las derechas están utilizando la crisis para obtener lo que siempre han querido, es decir, disminuir los salarios, la protección social y privatizar el Estado del bienestar, las izquierdas debieran utilizar la crisis para conseguir sus objetivos, es decir, hacer un reforma fiscal profunda que, a base de corregir el enorme déficit fiscal de las clases pudientes –grandes familias, grandes empresas y banca– se resolviera el déficit social, creando empleo, y a la vez se estimulara la economía. Así se salió de la Gran Depresión y así se debería salir ahora.

ESPAÑA: SAL EN LA HERIDA

Informe sobre la tortura policial en España

En España la tortura y los malos tratos de personas detenidas a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley es una práctica extendida y persistente.

Junto con otras ONG nacionales e internacionales y diversos
órganos de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europa, Amnistía
Internacional lleva años expresando honda preocupación por esta situación,
así como por la impunidad de que disfrutan muchos agentes de policía
en relación con estos delitos.
Este informe integral documenta casos de tortura y malos tratos infligidos
a personas bajo custodia en distintas partes del país. Las víctimas han sido
objeto de agresiones, insultos y amenazas que les han causado sufrimientos
psicológicos, lesiones graves y, en algunos casos, les han costado la vida.
Las investigaciones de Amnistía Internacional demuestran que España está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al no tomar medidas para prevenir la tortura y otros malos tratos, llevar a cabo investigaciones eficaces en aquellos casos en los que hay motivos para sospechar que tales actos han tenido lugar y garantizar justicia para las víctimas.
Este informe concluye con una serie de recomendaciones a las autoridades
españolas sobre medidas para poner fin a la impunidad, entre las que figuran
la creación de mecanismos de investigación independientes e imparciales, la
introducción de cámaras de circuito cerrado de televisión en todas las zonas
de las comisarías de policía y el establecimiento de protocolos claros sobre
el uso adecuado de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley. Mientras las autoridades españolas no tomen medidas urgentes para
introducir reformas, investigar todas las denuncias de tortura y otros malos
tratos y poner a los responsables a disposición de la justicia, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley seguirán estando por encima de la ley.

España: Sal en la herida

sal_herida01.gifEn España la tortura y los malos tratos de personas detenidas a manosde agentes encargados de hacer cumplir la ley es una práctica extendiday persistente. Junto con otras ONG nacionales e internacionales y diversos órganos de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europa, Amnistía Internacional lleva años expresando honda preocupación por esta situación, así como por la impunidad de que disfrutan muchos agentes de policía en relación con estos delitos.

Este informe integral documenta casos de tortura y malos tratos infligidos a personas bajo custodia en distintas partes del país. Las víctimas han sido objeto de agresiones, insultos y amenazas que les han causado sufrimientos psicológicos, lesiones graves y, en algunos casos, les han costado la vida. Las investigaciones de Amnistía Internacional demuestran que España está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al no tomar medidas para prevenir la tortura y otros malos tratos, llevar a cabo investigaciones eficaces en aquellos casos en los que hay motivos para sospechar que tales actos han tenido lugar y garantizar justicia para las víctimas.

Este informe concluye con una serie de recomendaciones a las autoridades españolas sobre medidas para poner fin a la impunidad, entre las que figuran la creación de mecanismos de investigación independientes e imparciales, la introducción de cámaras de circuito cerrado de televisión en todas las zonas de las comisarías de policía y el establecimiento de protocolos claros sobre el uso adecuado de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Mientras las autoridades españolas no tomen medidas urgentes para introducir reformas, investigar todas las denuncias de tortura y otros malos tratos y poner a los responsables a disposición de la justicia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seguirán estando por encima de la ley.

Puedes ver o descargar el informe en formato PDF:

Completo (440 KB)

  • Índice:
  • INTRODUCCIÓN
  • La obligación jurídica de España de prevenir la tortura y otros malos tratos
  • LOS MECANISMOS DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS CONTRA LA POLICÍA
  • Mecanismos internos de investigación policial
  • Mecanismos de supervisión externa
  • CAUSAS DE LA IMPUNIDAD EFECTIVA
  • Obstáculos a la presentación de denuncias
  • Falta de investigaciones independientes
  • Ausencia de investigaciones
  • Informes médicos y forenses incompletos o inexactos
  • Pruebas insuficientes
  • Intimidación de denunciantes
  • Ausencia de imparcialidad, prontitud y rigurosidad en las investigaciones
  • No imposición de sanciones adecuadas
  • CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
  • APÉNDICE 1
  • APÉNDICE 2

15 DE MAYO: ¿Quién es quién en las protestas de la red?

DIFERENTES INICIATIVAS CIUDADANAS Y DESCENTRALIZADAS EXPRESAN EL DESCONTENTO CON LA POLÍTICA Y LA ECONOMÍA

De forma descoordinada pero con el nexo común del hartazgo ante una clase política que continuamente se ve relacionada con casos de corrupción y alejada del bienestar de la ciudadanía, miles de mensajes se han agrupado bajo el nombre de estas cuatro ‘marcas’: No les votes, Democracia Real Ya, Estado del Malestar y Juventud sin Futuro. Ahora salen a la calle, pero su éxito, con la excepción de las performances públicas de Estado del Malestar, se ha reflejado hasta el momento en el muro de Facebook, los retuiteos de mensajes y hasta en el viejo e-mail. La expectativa para la movilización está creada.

- Tres hitos sociales de las movilizaciones en internet
- El 15 de mayo la indignación tiene un plan

Héctor R. Letón y Diego Sanz Paratcha (Redacción Diario Diagonal)
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Con el precedente de las revoluciones árabes y la manifestación masiva de la juventud precaria en Portugal, en apenas tres meses ha surgido en España todo un movimiento en red que llama a no resignarse por la situación de crisis y el alejamiento respecto a la política institucional.

La convocatoria de una manifestación para el 15 de mayo con el lema “Democracia real ya: no somos mercancía en manos de políticos y banqueros” ha aglutinado el sentimiento de indignación. El lenguaje y las formas recuerdan a las convocatorias por la vivienda digna de 2006, si bien las actuales iniciativas apuntan a un malestar más generalizado.

NOLESVOTES

La aprobación de la llamada Ley Sinde el 15 de febrero agotó la paciencia de muchos. De forma inmediata, el hashtag (etiqueta) #nolesvotes comenzó a replicarse sobre todo tipo de noticias políticas. El lema “se tiene que notar a la hora de votar” de las movilizaciones contra la guerra de Iraq se transformaba en las redes sociales. “Es la gota que colmó el vaso, todo esto no es sólo por la ley Sinde. La gente está hasta las narices de lo que hacen los políticos, ellos representan los intereses de bancos, de las multinacionales, de la SGAE”, explica Enrique Dans, uno de los precursores de este movimiento. En su lanzamiento también participaron los conocidos blogueros Ricardo Galli, Javier de la Cueva y, especialmente, Carlos Sánchez Almeida.

No les votes no promueve la jornada del 15 de mayo. “No sé que haré ese día, no es algo que estemos coordinando. Lo que no quiere decir que puede que salga a la calle ese día, ni que no haya retuiteado muchas de las consignas que promueven quienes organizan esta jornada”, explica Dans.

“La clase política debe entender que si hay gente que se opone, significa que hay un malestar social. No es entendible que tres partidos, PP, PSOE y CiU, aprueben la ley Sinde y la gran base social se oponga. Es una partitocracia absurda”, afirma Dans, quien espera a las elecciones del 22 de mayo para comprobar la fuerza que tiene los actos coordinados en Twitter o Facebook que están canalizando este descontento social. Al igual que ya ha ocurrido en las últimas semanas en los países árabes.

DEMOCRACIAREALYA

Todo empezó como una conversación entre varios ‘amigos’ de Facebook hasta que desembocó en la convocatoria del 15 de mayo, este grupo se ha ido ampliando a través de Facebook, Tuenti, Twitter y otras redes sociales a gente que tuviera una visión similar”, explica Fabio Gándara, uno de los promotores de Democracia Real Ya. En total, se han anunciando 32 ciudades que albergarán estas protestas, localidades dónde se han conformado distintas asambleas para su organización.

Después de todo esto han logrado unos acuerdos mínimos que defender y que catalogan como “anticapitalistas”. “Es una iniciativa ciudadana para defender a todo el mundo, parados, jóvenes, precarios, etc. Queremos que la gente olvide sus divergencias ideológicas y se acerquen a este foro común al margen de partidos y de sindicatos”, afirma Gándara. Uno de sus leitmotiv es el hartazgo hacia los canales tradicionales de participación política que representan partidos políticos y grandes sindicatos.

“Ahora es el momento de salir de la red, de ir más allá de dar a una tecla”, explica Gándara, quien pretende que el 15 de mayo se iguale a movilizaciones como las que ha habido en Portugal, Reino Unido o los países árabes. En todos ellos, antes de salir a la calle se crearon sinergias en la red. Conscientes de que esto es sólo el principio de algo, sus lemas van en este sentido: “Estoy indignado”, “Creo que puedo cambiarlo”, “Creo que puedo ayudar”, “Sé que unidos podemos” o “Sal con nosotros”.

“Necesitamos una nueva forma de comunicar. Utilizar un lenguaje inclusivo, que no sea light, pero sí reivindicativo. El uso de un determinado tipo de lenguaje te puede encasillar demasiado”, explica este integrante de Democracia Real Ya.

MALESTAR.ORG

Un joven monta una convocatoria por Facebook en Sevilla contra la gestión de la crisis y la corrupción política. Grupos de gente en Madrid y Santander secundan su convocatoria de hacer una performance semanal de denuncia en una plaza céntrica. Más tarde surge el nombre: Estado del Malestar. Apenas dos meses después, medio centenar de ciudades, casi todas capitales de provincia, tienen su propio grupo promotor.

“Queremos comunicar que no es momento de quejarse en los bares”, resalta María, una trabajadora social que forma parte del nodo madrileño de malestar.org, “Esto no es un grupo, es un lugar”, remacha Marcos, en medio de la octava performance del colectivo en la Puerta del Sol. “Queremos abrir espacios y herramientas para que la gente se organice”, explica. Pero, asegura María, es importante “dejarse la ideología en casa para poder juntarse en la calle”.

Cada viernes a las 19 horas, por la plaza en cuestión se van dejando caer quienes han visto la convocatoria. Hasta ahora, en Madrid se ha representado desde un partido de fútbol entre PPSOE y PSOEPP hasta el juego de cruzar una simple línea en el suelo (“la línea de la indignación a la acción”). El seguimiento es irregular, tan variado como la procedencia de quienes forman los grupos: “estamos los que venimos siempre, y luego gente que va rotando”, asegura María. En el foro y en la página de Facebook del nodo madrileño participan unas 600 personas.

Como grupo difuso y reacio a adoptar posturas comunes más allá de la expresión conjunta en la calle, no existe un respaldo formal de todos los nodos de malestar.org a la convocatoria del 15 de mayo. “Pero en Barcelona, por ejemplo, lo votaron y decidieron que sí la apoyaban”, informa Marcos. “Y yo tengo claro que muchos de nosotros estaremos en la manifestación del 15”, añade María.

A la protesta del 15 de mayo también convoca Juventud Sin Futuro, una agrupación de asociaciones universitarias de Madrid. Casi como punto de partida de las movilizaciones del día 15, esta organización convocó una manifestación por el centro de Madrid el 7 de abril. Sus principales reivindicaciones giran en torno a la última reforma laboral, a la reforma del sistema de pensiones y a la mercantilización de la educación pública.

Al revés que el resto de grupos, después de su convocatoria más clásica, sus consignas y lemas han sido difundidas masivamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Incluso el mismo 7 de abril se organizaron actos en otras diez ciudades del Estado y colectivos estudiantiles intentan conformar fuera de Madrid plataformas similares. En el resto de Europa, protestas similares se produjeron en torno al 24 de marzo.

¡¡Cómo se despacha hoy la caverna mediática!!

  • Qué expectáculo nos ofrecen hoy los quioscos de prensa. Tenemos la ocasión de ver perder los papeles (nunca mejor dicho) a la prensa española -principalmente la de extrema derecha-, babeando groseros titulares  sin ningún pudor.

  • Ante la entrada en escena de BILDU, otra nueva y nefasta opción política absolutamente prescindible como son casi todas las demás, estos medios son incapaces de admitir una mayor pluralidad que la que ellos contemplan.

  • Hoy es uno de esos días que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a  Bildu, se han puesto a vomitar titulares salidos de las tripas de esos medios del «cuarto poder» decididos a conservar las esencias patrias.


«La ILEGALIZACIÓN DE SORTU está basada en conjeturas»

Los siete jueces discrepantes explican en su voto particular que, con la decisión del Supremo, se deja a gran parte del electorado vasco y navarro sin la posibilidad de participar en la vida política

HÉCTOR JUANATEY  en  Público

Los siete jueces de la Sala 61 del Tribunal Supremo que han emitido un voto discrepante consideran en su escrito que la decisión final de ilegalizar Sortu está basada en «citas parciales y conjeturas incompatibles con innumerables elementos que lo contradicen».

En el documento en el que explican sus argumentos contrarios a la ilegalización de la nueva formación, los siete jueces quieren dejar constancia del desconocimiento de la mayoría del Supremo del «valor decisivo» que la justicia «otorga a la terminante renuncia de la violencia» que se recoge textualmente en los Estatutos del malogrado partido político abertzale.

A su juicio, «resulta obligado, según los principios del Estado de Derecho», legalizar la «actividad política» de Sortu mientras no se demuestre algún tipo de «connivencia» de la formación con el terrorismo. No obstante, si esto sucediese, explican, «la ley española permite su ilegalización inmediata».

En el documento, el voto discrepante extrae del auto que no se demuestra que Sortu sea una consecución de las anteriores organizaciones ilegalizadas próximas a la organización terrorista ETA. «No logra desmentir que la creación del nuevo partido constituye un intento de al menos una parte del mundo abertzale de que en el País Vasco sean defendidas determinadas aspiraciones políticas independentistas por vías estrictamente políticas abandonando la violencia y toda connivencia con ella», aseguran en el escrito.

Los siete jueces advierten además de que, con la ilegalización del partido, eliminan la posibilidad de que «una parte del electorado del País Vasco y Navarra, identificado con la izquierda abertzale» pueda contar con un «partido político propio para aspirar a formar parte de las instituciones elegidas democráticamente y, en general, participar en la actividad política».

Los motivos para legalizar

En su texto, los jueces que han discrepado del voto mayoritario del Supremo recurren a un gran número de autos, sentencias y leyes para explicar que «las circunstancias que verdaderamente definen a una asociación como partido únicamente se acreditan una vez constituido», ya que solo en ese momento puede determinarse que sus actividades se ajustan a la legalidad.

Los magistrados, que citan la sentencia del Tribunal Constitucional 5/2004, manifiestan que «la constatación de ese extremo en el momento de la constitución del partido solo sería imaginable a través de un juicio de intenciones que pugnaría groseramente con el régimen de libertad de creación de partidos garantizado por la constitución». A lo largo del texto, hacen especial hincapié en este aspecto, al insistir en que «solo cabe ilegalizar a un partido sobre la base de sus actividades y conductas». «No cabe la ilegalización preventiva», defienden.

En cuanto al derecho de las personas vinculadas a partidos de la izquierda abertzale a participar en la vida política, los jueces afirman que «cualquiera puede emprender una nueva vía, acudiendo a la concurrencia política bajo el amparo de formaciones de nueva creación, como abundantemente ha reiterado esta Sala, así como el Tribunal Constitucional». Sostienen además que la denominada izquierda abertzale «constituye una opción ideológica legítima, susceptible de expresarse por los cauces de participación política que permite la ley». «Nada puede impedir a sus miembros crear un instrumento político para expresar su voluntad colectiva», advierten.

Con el objetivo de demostrar el poco peso del auto de la mayoría, los jueces comparan además las anteriores sentencias que ilegalizaron partidos políticos abertzales en el pasado con lo ocurrido con Sortu. Recurren sobre todo al auto del Tribunal Supremo de 2007. Entonces, «se ilegalizó un partido teniendo en cuenta que los órganos de esa formación eran los mismos que los de Batasuna». Con Sortu, sin embargo, la mayoría no tiene en cuenta ese aspecto, ya que el nuevo partido presenta unos órganos completamente distintos. Del mismo modo, tampoco coinciden con Batasuna la denominación, los símbolos y otras características tenidas en cuenta en el pasado.

Según los jueces discrepantes, «las partes demandantes dicen que hay similitud con Batasuna basándose únicamente en que los mismos proyectos políticos son de la izquierda abertzale». Advierten de nuevo que no se puede considerar que esta ideología política equivale siempre a formaciones ilegalizadas. «Esa posición no puede mantenerse cuando la expresión aparece unida a la ruptura con las organizaciones anteriores», como queda plasmado en los estatutos de Sortu.

Otro de los motivos para ilegalizar argumentados por los demandantes y recogidos por la mayoría de la sala 61 era que al acto de presentación de la nueva formación habían acudido personas vinculadas al mundo abertzale. El voto discrepante considera que este hecho «carece de relevancia, ya que el elemento de la similitud de las personas solo puede referirse a los promotores o personas que directamente participan en la organización del nuevo partido político». A este respecto, también subrayan que los demandantes presentaron en su defensa una prueba ilegal para defender sus argumentos, ya que se trataba de una escucha grabada ilegalmente en el locutorio de una prisión.

Los jueces recuerdan además que, en sus estatutos, Sortu reconoce la contribución de personas que antes participaron en formaciones ilegalizadas, pero incide en que todos ellos rompen con los modelos organizativos del pasado.

Los estatutos de Sortu

Para defender la legalidad de la nueva formación abertzale, el voto discrepante hace referencias constantes a los estatutos presentados por el partido. En ellos, queda evidente que rechazan los anteriores modelos organizativos del mundo abertzale y mantienen una «posición clara de actuación por vías exclusivamente política». Además, rechazan todo tipo de violencia y, «en particular, la de la organización terrorista ETA». Asimismo, recuerdan que Sortu se opone «a cualquier subordinación, condicionamiento o tutela externas que pretendan convertirla en una organización vicarial de quienes practican la violencia».

De todo ello, los siete jueces extraen que de los estatutos se infiere que se «proclama un rechazo firme e inequívoco de todo acto de violencia y terrorismo de sus autores». Además, subrayan que en sus estatutos se hace referencia a los principios del senador Mitchel, que «en realidad son el punto 20 de un documento mucho más amplio elaborado por el Cuerpo Internacional para el Decomiso de las Armas en Irlanda del Norte». Entre esos principios, «figura el desarme total de todas las organizaciones paramilitares», por lo que, para los jueces, «debe entenderse que se considera ese principio, como todos los demás del senador, como ineludible e indispensable».

Otro de los argumentos expuestos por los demandantes para ilegalizar la formación es el hecho de que muestren su rechazo a la violencia pero no la condena. En su texto, el voto discrepante explica que, desde el punto de vista jurídico, «ambas palabras son igualmente eficaces para expresar el apartamiento de la violencia». De hecho, el auto del Supremo del 22 de mayo del 2007 utiliza «rechazo o condena» indistintamente, llegando a usar varias veces la primera expresión en lugar de la segunda.

El auto del Supremo también recoge que los demandantes incidieron en el hecho de que Sortu no condenó los actos de kale borroka el día 3 de marzo. Sin embargo, los jueces discrepantes recuerdan que hicieron lo propio el día 10, cuando en un comunicado rechazaron «cualquier acto de violencia» y mencionaban concretamente aquellos que apuntaban directamente contra el lehendakari Patxi López. En el mismo comunicado, rechazaron los incidentes de kale borroka de la semana anterior en Gazteiz y Portugalete.

Los jueces insisten además en que la ley no exige la desaparición de ETA para que una nueva formación sea legal. Además, Sortu, en sus estatutos, asegura estar dispuesto a trabajar con todos los agentes para que desaparezca «cualquier clase de violencia, en particular, la de la organización ETA». En su texto, los magistrados destacan además que no se puede aceptar que el Supremo deje entrever que Sortu no puede pretender establecer Euskal Herria, ya que el sistema democrático español sí lo permite.

La no connivencia con ETA

Los siete jueces que han discrepado del voto de la mayoría dejan caer en su texto que esta establecería su ilegalidad dijeran lo que dijeran. «Si los miembros pertenecientes a organizaciones políticas de la izquierda abertzale no concurren al acto de presentación de la nueva organización política, se interpreta que se trata de ocultar que esta procede de aquella; pero si, por el contrario, concurren a un acto político celebrado poco antes de la presentación del nuevo proyecto político, se interpreta como una demostración de la continuidad con el partido ilegalizado».

Añaden además que «si no han existido discrepancias entre la izquierda abertzale y la banda terrorista ETA, como se afirma en la resolución de la mayoría, se interpreta que esto demuestra un desdoblamiento de actividades y una coordinación entre ambas; pero si en el escrito de alegaciones se sostiene que pueden haber tenido discrepancias y disensiones, esto comporta que se identifica a la izquierda abertzale como una unidad orgánica y funcional vinculada ETA».

En referencia a las pruebas periodísticas presentadas por los demandantes que pueden demostrar una consecución de Sortu con Batasuna, los siete magistrados deciden incluir otras pruebas de las mismas características que demuestran lo contrario. Entre ellas, por ejemplo, una información del diario Público titulada ‘Las bases de Batasuna afianzan la vía política’.

A los documentos presentados para demostrar que Sortu proviene de Batasuna, los jueces inciden, por ejemplo, en el de Alsasua, donde ETA rechazaba la violencia. Según los magistrados discrepantes, la mayoría se escuda en que la organización terrorista se hizo como propietaria de muchos de estos documentos en sus comunicados. Sin embargo, los discrepantes prefieren pensar que ETA hace constante referencia a todos esos textos «por temor a la pérdida de influencia» y quiso «contrarrestarla mediante comunicados de adhesión o aceptación».

Algo similar ocurre con el alto el fuego que ETA estableció en septiembre de 2010. La mayoría del Supremo considera que se trató de una presión de la organización terrorista, mientras que los demás jueces creen que sucedió justamente lo contrario y fue la izquierda abertzale quien presionó a ETA.

Los jueces concluyen, por lo tanto, que «no puede catalogarse a Sortu como la continuación de la antigua Batasuna, sino como un nuevo partido político creado por un importante sector de la izquierda abertzale con arreglo a las exigencias y parámetros constitucionales». «El grado de certeza alcanzado» por la mayoría «es muy inferior al que debe considerarse exigible para una inferencia de esta naturaleza».