Tres años después de la rebelión, la alternativa de Islandia empieza a dar frutos

20minutos.es
 
 
Protesta ciudadana en Reikiavik en marzo de 2010 en contra de la indemnización con dinero público a los clientes del banco Icesave.
 
 
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  • En enero de 2009 los islandeses, aplastados por el colapso económico, se echaron a la calle y acabaron forzando la caída del gobierno.

  • El país dejó que sus bancos quebrasen y acordó con el FMI medidas «poco convencionales» que respetaron el estado del bienestar y retrasaron los recortes.

  • Hoy, sus previsiones de crecimiento triplican las de los países de la eurozona.

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A principios de 2009, el pueblo islandés, al borde del colapso económico y financiero, se echó a la calle y dijo basta. El Gobierno dimitió y la pequeña isla nórdica se entregó a la difícil tarea de responder ante una crisis sin precedentes haciendo justo lo contrario de lo que estaban haciendo los demás: Se negaron a rescatar a la banca y votaron en contra de pagar sus deudas con dinero público, persiguieron judicialmente (y, en algunos casos, llegaron a encarcelar) a los banqueros y políticos responsables, hicieron caso omiso de las amenazas de los mercados internacionales y de las malas notas de las agencias de calificación de riesgo, redactaron una nueva constitución a través de las redes sociales y, quizá lo más importante, consiguieron negociar con el FMI una salida adaptada a sus propios planteamientos.

¿El resultado? Tres años después de lo que se vino en llamar la «revolución islandesa», el país no solo no ha regresado a la Edad Media convertido en un paria del sistema, sino que está empezando a ver, lentamente, la luz al final del túnel. En 2011 la economía islandesa creció un 2,5% (la eurozona solo el 1,6%), y, según las previsiones de la Comisión Europea presentadas el pasado mes de noviembre, Islandia crecerá en 2012 un 1,5%, cerca del triple que los países de la zona euro (0,6%), llegando a alcanzar en 2013 incluso el 2,7%.

Eso no significa que todo sea de color de rosa. El paro, que se situó el pasado mes de diciembre en el 7,3%, sigue en tasas que resultan escandalosas para un país en el que a principios de los años noventa tan solo el 2,5% de la población estaba sin trabajo, después de décadas de pleno empleo. La deuda exterior bruta supera el 330% del PIB y la mayoría de los islandeses arrastra préstamos que difícilmente podrán pagar (según el banco central islandés, 25.000 propietarios están atrasados con sus pagos, lo que supone un cuarto de los propietarios de la isla). Los acreedores internacionales, además, no han renunciado a cobrar, y siguen dispuestos a pasar por los tribunales internacionales si hace falta. Y miles de jóvenes, muchos de ellos muy preparados, siguen emigrando.

Pero Islandia ha conseguido mantenerse a salvo de recortes draconianos y proteger la mayoría de sus logros sociales, y el estado del bienestar no se ha desmoronado. Tal vez no pueda hablarse aún de «milagro islandés», pero el país está asomando la cabeza, y lo está haciendo sin aplicar las recetas que los organismos europeos e internacionales han impuesto a otros países machacados por la crisis de la deuda, como Grecia, Italia, Portugal, Irlanda o España.

Obviamente, el peso de la economía islandesa, con un PIB total en 2010 de 12.300 millones de dólares, no es comparable al de la italiana (1,7 billones) o la española (1,3 billones). En 2010 las exportaciones de Islandia ascendieron a unos 3.500 millones de euros, frente a los 185.799 millones de las exportaciones españolas. Como tampoco es comparable la presión que, en consecuencia, ejercen los mercados sobre la economía islandesa.

También es cierto que el sector público en Islandia es reducido, con salarios más bajos que en el sector privado, con lo que es más fácil reestructurarlo. Y además está el factor fundamental de que, al no pertenecer a la zona euro ni estar sometida a los dictados del Banco Central Europeo, Islandia pudo devaluar su moneda para hacer frente a la crisis y controlar el movimiento de su capital, asumiendo el riesgo de una inflación que alcanzó el 5,2% en 2011, solo por debajo de la de Turquía entre los países miembros de la OCDE.

Y probablemente sea también más fácil conseguir que resulte eficaz una democracia a base de referendums en un país de 103.000 kilómetros cuadrados cuya población (318.452 habitantes en enero de 2011) equivale aproximadamente a la del municipio de Valladolid.

En cualquier caso, Islandia parece haber demostrado que hay otra forma de enfrentarse a la crisis. Estas son, paso a paso, las claves de cómo lo ha hecho:

Del paraíso neoliberal al infierno de la deuda

A principios de 2008 Islandia fue elegida por la ONU como el mejor lugar del mundo para vivir. Era, sin embargo, el final de una época. Tras años de bonanza económica, con créditos a mansalva (dentro y fuera del país), permisividad total en el sistema financiero, deudas cada vez mayores en las familias, burbuja inmobiliaria y gasto descontrolado, el sobrecalentamiento de la economía islandesa provocó un colapso total en octubre de ese mismo año, debido al hundimiento del sector bancario, que tuvo que ser nacionalizado.

Los bancos, no obstante, aún siendo los principales culpables, no fueron los únicos: Sus excesos habían sido apoyados por las políticas económicas de gobiernos neoliberales que, votados democráticamente por los ciudadanos, se mantuvieron en el poder durante una década, y, además, buena parte de la propia sociedad islandesa no solo no se opuso sino que aprovechó la expansión financiera para vivir y gastar muy por encima de sus posibilidades.

La rebelión

En enero de 2009 comenzaron las protestas de miles de islandeses contra el Gobierno y el Banco Nacional, mientras se derrumbaba la economía, la inflación y el paro se disparaban, y la moneda alcanzaba mínimos históricos.

Las negociaciones entre Islandia, Holanda y el Reino Unido para que Reikiavik indemnizase a los ahorradores de estos dos países que perdieron sus inversiones con la quiebra del banco Icesave fracasaron en febrero de 2010, y, por dos veces, en marzo de ese mismo año y en abril de 2011, los islandeses rechazaron en referéndum la ley que habría permitido una indemnización de 3.700 millones de euros a los ahorradores británicos y holandeses.

Las protestas populares provocaron en enero de 2009 la caída del gobierno de coalición conservador-socialdemócrata. La izquierda, en una coalición entre socialdemócratas y «roji-verdes», gobierna con mayoría absoluta desde 2009 un país que negocia su entrada en la Unión Europea, complicada por la disputa que mantiene con el Reino Unido y Holanda.

Que cada palo aguante su vela

A diferencia de lo ocurrido en otros países europeos, con rescates millonarios de dinero público a la banca, en Islandia, cuando los bancos se desplomaron, se les dejó quebrar. En realidad, sus deudas eran tan grandes que tampoco había muchas más opciones.

Pero la cosa, sin embargo, no quedó ahí: Los responsables de la crisis, financieros y políticos, incluyendo al ahora exprimer ministro, Geir H. Haarde, fueron llevados ante la justicia, y cuatro banqueros, que ahora están libres a la espera de juicio, fueron encarcelados. Haarde se arriesga a una pena de dos años cárcel, después de que el Parlamento islandés diera luz verde al proceso, siguiendo el consejo del informe de una comisión investigadora creada para determinar las responsabilidades en la crisis.

La receta del FMI, a la carta

En octubre de 2008, invitado por el Gobierno de Islandia, llega al país el subdirector del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional, Poul M. Thomsen, para ofrecer al Ejecutivo la asistencia de este organismo. Como escribiría después el propio técnico, «la sensación de temor y el estado de shock eran evidentes; pocos países, o ninguno, había experimentado jamás un colapso económico tan catastrófico como ese».

La primera preocupación del FMI fue, como de costumbre, la inflación. El Fondo temía que una depreciación desordenada del tipo de cambio fuese ruinosa para los hogares y las empresas, y que la retirada masiva de depósitos paralizara lo poco que quedaba del sistema financiero.

Finalmente, sin embargo, el FMI renunció a imponer sus recetas habituales y acordó con el Gobierno islandés, por un monto de 2.100 millones de dólares (casi 1.528 millones de euros), un programa que, en palabras del propio organismo internacional, «proporcionó el margen de maniobra necesario a las autoridades para determinar la mejor manera de hacer frente a los enormes desafíos y tareas pendientes, con la ayuda de los compromisos de préstamo de los países nórdicos y de Polonia».

«Las autoridades -explicó Thomsen- se comprometieron a implementar las medidas acordadas, pero quisieron hacerlo a su manera. Uno de los objetivos primordiales del gobierno era proteger el estado de bienestar, y ese objetivo se ha cumplido». Según dijo recientemente el ministro islandés de Economía, Árni Páll Árnason, «la cooperación con el FMI ayudó a preservar el modelo nórdico de bienestar de mi país».

Medidas «poco convencionales»

El FMI admite que tuvo que utilizar «herramientas de política al margen del conjunto de herramientas tradicionales», aunque, eso sí, se cura en salud y aclara que «esta combinación ecléctica de políticas ha sido eficaz en el caso de Islandia, pero no está claro si las enseñanzas aprendidas en este caso podrían aplicarse a otras regiones, como a la zona del euro afectada actualmente por la crisis».

El plan acordado entre el Gobierno islandés y el FMI incluyó cuatro puntos fundamentales:

  • Asegurar que las pérdidas de los bancos no sean absorbidas por el sector público (el Estado sí ha intervenido para garantizar que los nuevos bancos creados estén suficientemente capitalizados, pero quedó al margen de las enormes pérdidas del sector privado).
  • Estabilizar el tipo de cambio, incluyendo «medidas no convencionales», como controles temporales al movimiento del capital (una especie de ‘minicorralito’ financiero, para controlar el flujo de moneda y evitar la evasión de grandes fortunas).
  • Retrasar el ajuste fiscal (consistente en tratar de recuperar la estabilidad económica mediante subidas de impuestos y recorte del gasto público), con el fin de «apuntalar la economía en un momento de grandes tensiones» (en 2009 se subieron finalmente algunos impuestos, como el de las personas físicas o impuestos especiales -alcohol, gasolina-, pero también se bajaron otros, como el de sociedades, para fomentar la inversión y la creación de empleo. Por otra parte, también ha habido recortes de gasto en sanidad, educación, pensiones y administración del Estado, aunque comparativamente mucho menores que en otros países afectados por la crisis).
  • Reconstruir desde cero el sector financiero.

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Los resultados

Las primeras consecuencias fueron muy duras: La mayoría de los productos que se consumen en Islandia son importados, de modo que cuando la moneda se devaluó, los precios (coches, comida, materiales para la construcción) se dispararon, al tiempo que disminuían los salarios, los cajeros automáticos no daban dinero y crecía el desempleo hasta niveles históricos. Y el grifo del crédito internacional se cerró.

En junio de 2011, sin embargo, el Gobierno islandés logró emitir bonos soberanos por un valor de 1.000 millones de dólares, lo que marcó el regreso del país a los mercados financieros internacionales.

Además, aunque el nivel de deuda pública (100% del PIB) es mucho mayor que antes de la crisis (28%), la aplicación de un programa de consolidación ha vuelto a poner a la situación fiscal del país en una trayectoria sostenible, según el propio FMI, y se ha reducido el nivel de endeudamiento privado (empresas y familias). Con respecto a los bancos, el valor de sus activos se ha reducido desde un 1000% a un nivel equivalente a alrededor del 200% del PIB, y ahora están totalmente recapitalizados.

Por otra parte, el paro, aunque sigue alto, empieza a frenarse y, lo que tal vez sea lo más importante para muchos islandeses, su red de seguridad social ha permanecido intacta.

Islandia ha sufrido una importante pérdida de nivel de vida, pero, de momento, ha logrado salir a flote y empezar a nadar sin que la parte más vulnerable de su población haya sido la principal víctima del esfuerzo. Y lo ha hecho a su manera.

ESPAÑA, UN PAÍS ENFERMO

Algunos síntomas, (unos pocos)

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PODER EJECUTIVO:

  • BRUTALIDAD POLICIAL. Human Rights Watch (HRW) recoge en su informe anual publicado este pasado domingo que hubo un «uso excesivo e injustificado de la fuerza por parte de la policía» al dispersar las manifestaciones del movimiento de los indignados en España entre mayo y agosto de 2011.
    Según el estudio, la organización ha acreditado la excesiva brutalidad en la actuación policial en Barcelona, Madrid y otras ciudades españolas frente a los miles de manifestantes que pacíficamente salieron a la calle convocados por el Movimiento 15-M.
    HRW también se hace eco de la misma brutalidad policial, que «empañó» otra pacífica protesta contra la visita del papa Benedicto XVI el pasado mes de agosto a Madrid, con ocasión de lo que el movimiento religioso organizador denomina «Jornadas Mundiales de la Juventud».

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PODER JUDICIAL:

  • ACOSO A UN JUEZ. Una escandalosa persecución, fruto de la fuerza de una extrema derecha española, sienta hoy de nuevo en el banquillo por segunda vez a un juez que se ha osado enfrentarse a tramas corruptas en la vida política de hoy y a los crímenes de la dictadura franquista.
    Por ello le abren impunemente tres sumarios simultáneos por prevaricación, que el poder judicial incomprensiblemente admite a tramite. El resto del mundo judicial, fuera de España, no lo entiende. Aquí que conocemos el percal…, ¡¡sí llegamos a entenderlo!!

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PODER LEGISLATIVO:

  • PROMOCIÓN DE LA MISERIA.  Algo tan delicado como el «Salario Mínimo» de España que es uno de los más bajos la zona euro, se ve congelado, entre otras medidas de empobrecimiento del nuevo gobierno con la ayuda de su mayoría parlamentaria, que en una miserable actuación decreta esta medida con el consecuente daño a los más pobres, mientras sigue la senda del anterior gobierno socialista y las órdenes del exterior para llenar de euros las arcas de los bancos.

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CASA REAL:

  • Una de sus parejas miembros, robando a manos llenas. Del rey, desconocemos su patrimonio y los métodos de obtención. De la Casa Real tampoco es que sepamos mucho, pero hay quien, como el coronel e historiador Amadeo Mtz. Inglés, se ha preocupado de hacer una estimación de lo que nos cuestan:

Gastos de la Casa Real española:

1.- Asignación directa en los PGE……………………………. 8.434.280

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2.- MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

 2a.- Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  Gastos de personal (1)

(135 funcionarios y eventuales)……………………………………. 6.203.070

2b.– Servicios a la Corona y actos del Estado

Recepciones, audiencias, cenas de gala, visitas.

Oficial para 2011 ……………………………………………………… 10.015.400

Media 5 últimos años ……………………………………………….. 15.500.000

2c.- Sostenimiento del Patrimonio Nacional

Mantenimiento y conservación de Palacios y Jardines de uso de la familia real ……… 34.217.000

2d.- Mantenimiento de otros bienes

En usufructo por la familia real: yates, coches, fincas de recreo…

No oficial. Estimado 5 últimos años ……………………………. 41.000.000

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3.- MINISTERIO DE DEFENSA

3a.- Regimiento de la Guardia Real

Personal, Logística, Acuartelamientos, Armamento…

Media 5 últimos años ………………………………………………….. 80.000.000

3b.- Cuarto Militar

Media 5 últimos años ………………………………………………….. 45.000.000

3c.- 45 Grupo de Fuerzas Aéreas (Transportes a VIP,s)

Media de horas de vuelo 5 últimos años …………………………. 3.500

Porcentaje Casa real: 70%

Adquisición de material de vuelo, mantenimiento, personal, acuartelamientos, logística, viajes, etc.

Media 10 últimos años ……………………………………………… 110.800.000

3d.- Gastos de seguridad y despliegue eventos cuando interviene el Jefe del Estado:

Desfiles, maniobras específicas, visitas, boda real, Media 8 últimos años (2) ……………  56.000.000

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4ª.- MINISTERIO DEL INTERIOR

4a.- Seguridad Casa Real y entorno a cargo de la Guardia Civil

Seguridad activa y pasiva (contravigilancia) en Palacios, personas, eventos…

Media 8 últimos años (3) …………………………………………….. 42.500.000

4B.Seguridad a cargo de la Policía Nacional

Seguridad activa, pasiva, contravigilancias. Cierre de espacios sensibles, eventos, etc.

Media 8 últimos años (4) …………………………………………….. 46.000.000

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5.- MINISTERIO DE HACIENDA

Parque Móvil del Estado

Mantenimiento, carburante, revisiones, personal, logística (5) ……… 28.000.000

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6.- MINISTERIO DE EXTERIORES

Viajes oficiales presupuestados

Media real últimos 8 años (20 viajes) ……………………………. 10.000.000

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7.- OTROS MINISTERIOS

Gastos de personal de 372 trabajadores de la Casa Real …… 22.500.000

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8.- GASTOS RESERVADOS DEL ESTADO

La Casa Real española ha cargado a fondos reservados de Presidencia, Defensa, Interior y CESID, a lo largo de los últimos veinte años, pagos (viajes no oficiales, regalos, encuentros particulares del monarca, etc) en una cuantía media total estimada de ………………………………. 15.500.000

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Total gastos anuales Casa Real  ………………….  561.654.350 euros

(1)  135 funcionarios y eventuales.
(2)  Solo la boda real de 2004 costó al Ejército 20 millones de euros.
(3)  Solo la boda real le costó a la Benemérita 18 millones de euros.
(4)  Solo la boda real de 2004 le supuso a la DGP, con 15.000 efectivos desplegados, 22 millones de euros.
(5)  Parque estimado en 300 vehículos, adscritos a la Casa Real.

Edifici 15O, de la indignación a la acción. O de cómo juntas construimos lo imposible

Hibai Arbide

15 de Octubre, manifestación con el lema “De la indignación a la acción”. Cientos de miles de personas en la manifestación de Barcelona. Como ya es tradición, las asambleas de pueblos y barrios organizan columnas que parten de diferentes lugares y confluyen en Plaça Catalunya, lugar de inicio oficial de la mani.

Y esta vez, una novedad: al finalizar la marcha, aparecen bengalas de colores y banderas que concuerdan con el enigmático mensaje que corría por twitter desde días antes: blanco sanidad, rojo educación, verde vivienda: sigue tu color. La mani no ha acabado, de hecho Arc de Triunf es el punto de inicio de otras tres comitivas. La blanca, compuesta por miles de personas se dirige al Hospital del Mar, el primer hospital público que sufre un ERE que afecta a cientos de trabajadoras (número desconocido debido al pacto de silencio del comité de empresa y la dirección). La roja toma la facultad de El Raval de la Universitat de Barcelona, una ocupación que dura todo el fin de semana y de la que sale la propuesta de una huelga general de universidades para el 17 de noviembre.

La verde, la de la vivienda, es la más pequeña de las tres en cuanto al número de gente: sólo participan unas 1500 personas. Entran al metro y se dirigen a Nou Barris, zona alejada del centro de Barcelona. Se trata de un barrio popular, hijo de la inmigración del siglo pasado, epicentro de las luchas vecinales desde los 70. La manifestación acaba con la toma de un edificio de 4 plantas en la calle Almagro número 2.

La okupación tenía, y tiene, objetivo de realojar allí familias que han sido desahuciadas de otros edificios. Según datos oficiales, en Barcelona hay una media de 10 desahucios cada día.

El inmueble es el típico producto de la burbuja inmobiliaria. Un edificio que pretendía ser “de lujo” –cuenta con unos estándares más lujosos que los edificios que lo rodean- construido en los años en los que desde toda instancia política o económica se aseguraba que era imposible que el precio de la vivienda bajara, que no había inversión más segura que el ladrillo, que la economía española era sólida, etc. Mejor dicho, casi construido: según el promotor, se ha ejecutado el 97 por ciento de la obra. Nunca se llegó a terminar, nunca se llegó a vender un piso, nunca se llegó a ofertar.

El inmueble es propiedad de Cajamar desde agosto en virtud de una ejecución hipotecaria por valor de 3,4 millones de euros. Cuando la empresa promotora VERSUS 23.06 S.L. quebró, Cajamar aceptó la dación en pago como forma de saldar la hipoteca contraída para la ejecución de la obra. Es decir, el sistema de pago final por parte del deudor de una hipoteca inmobiliaria a la que no puede enfrentar las cuotas impuestas por el crédito hipotecario establecido y en la que se entrega el inmueble, en vez de dinero, para liberarse de la deuda.

Porque mientras Cajamar y el resto de entidades bancarias se niegan a aceptar este mecanismo para saldar la deuda hipotecaria de particulares, lo que ha originado la campaña de la PAH y otras entidades (LINK: http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/campana-dacion-en-pago), es habitual que acepten este mecanismo para las constructoras, inmobiliarias o promotoras que no pueden pagar sus hipotecas.

Cajamar denunció la ocupación, argumentando que se trataba de un delito de usurpación comprendido en el artículo 245.2 del Código Penal y la denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción 6 de Barcelona. El criterio del Magistrado titular de dicho juzgado, Sr Tabarés Cabezón, en casos de ocupaciones anteriores, solía ser la de dictar una orden de desalojo cautelar durante la instrucción. Lo había hecho, por ejemplo, un par de meses antes respecto de un inmueble que en el momento de ser okupado llevaba años abandonado.

Tal vez debido a la relevancia mediática del caso, el Juez acordó la citación de las personas identificadas a las que se imputa el delito y también, cosa muy poco habitual, la celebración de una vista para que la fiscalía y las defensas se pronunciaran sobre la medida cautelar (el desalojo) solicitada por Cajamar tras las declaraciones de las inculpadas.

La fiscalía solicitó el desalojo argumentando que si bien la situación de las familias alojadas era preocupante, el derecho a la propiedad debía prevalecer frente a otras consideraciones.

Las defensas argumentaron, dicho de una manera muy resumida, lo siguiente:

– El edificio lleva más de 5 años abandonado, por lo que la propiedad no está ejerciendo la posesión. Ni la anterior, Versus SL, ni la actual Cajamar. El recurso a la denuncia penal por parte de Cajamar supone un uso instrumental de la administración de justicia, un abuso de derecho.

– La aplicación del artículo 245 del Código Penal, en virtud del principio de última ratio de del derecho penal propio de los ordenamientos jurídicos garantistas, debe reservarse únicamente a las perturbaciones graves de la posesión. Existen otras vías menos lesivas para la recuperación de la posesión a disposición de la propiedad.

– No ha quedado acreditada la autoría del supuesto delito, en tanto que la ocupación la realizó un numeroso grupo de gente y la gestión del edificio la realiza una asamblea, mientras que las personas que residen allí sólo son usuarias temporales del inmueble, sin que de ello se pueda deducir la autoría del supuesto delito, que sigue siendo desconocida.

– Cajamar denuncia un delito de usurpación, cuando realmente la usurpadora es ella, por cuanto es propietaria del inmueble mediante un mecanismo expresamente prohibido por el Código Civil.

Por todo lo anterior, no sólo se oponían al desalojo sino que solicitaban el archivo de la causa.

Pocos días después, el Juzgado dictaba un extenso Auto en el que se recogían prácticamente todos los argumentos de la defensa y se dictaba el sobreseimiento. En la medida en que la fiscalía ha anunciado que no recurrirá el Auto –está tan bien argumentado que sería muy improbable que la Audiencia Provincial estimara el recurso- este ya es firme, por lo que, oficialmente, la ocupación no reviste caracteres de delito ni siquiera en modo indiciario.

Son muchas las lecciones que podemos extraer del caso, pero señalaré sólo dos. La primera, que el marco jurídico actual no es un muro infranqueable. Es otro terreno de batalla más que debemos hackear. Buscar los bugs del programa para colarnos dentro y ampliar la esfera de lo posible.

Y, sobre todo, que el repertorio de acción del movimiento 15M es tan amplio como queramos, siempre que cuente con un consenso amplio. Es decir, siempre que se actúe con la inteligencia colectiva que lo ha caracterizado desde mayo. Ampliando el repertorio de desobediencia sin tomar atajos, sin imponer identidades asociadas a ninguna práctica concreta y respondiendo a las necesidades materiales en vez de a los proyectos ideológicos.

Porque, como se ha repetido desde el 15 de octubre, si desalojan el Edifici15o, habrá uno en cada barrio. Y si no lo desalojan… también. Atentos a sus pantallas, puede que pronto le nazcan hermanitos.

Blog del Edifici15o: http://edifici15o.wordpress.com

Twitter: @edifici15o

Auto de archivo de la causa penal: http://edifici15o.files.wordpress.com/2011/11/auto-arxiu-ocupacic3b3-edifici-nou-barris.pdf


Todos tienen prisa por institucionalizar al 15-M


Ángeles Diez* en Rebelión

El domingo 2 de octubre la periodista de origen Iraní Nazanin Armanian, titulaba su columna del periódico Público El 15-M frente al 20-N”. En ella recriminaba al movimiento que “sigue debatiendo sobre el número de ángeles que caben en la punta de un alfiler”, en vez de “formar una alternativa electoral democrática y unitaria” ante las próximas elecciones que tendrán lugar en España el 20 de noviembre. Urgía a que el movimiento cree un “frente amplio” –se entiende electoral-, y ponía como ejemplo de lo que debería hacer: sumarse a la “hoja de ruta” de la organización “Democracia Real Ya”. El 17 de julio, Belén Barreiro, expresidenta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), directora de la fundación Alternativas, vinculada al PSOE, y miembro del Comité de Estrategia del PSOE, en una larga entrevista también a Público decía que “Muchos de los que están en el 15-M acabarán en un partido” y añadía que el 15-M puede perdurar “transformándose y entrando en los partidos [….] Todo dependerá de la capacidad de las formaciones para absorberlo”. Intelectuales progresistas como Nazanin y gestores del PSOE coinciden pues en lo que esperan y desean para el 15-M.

También en algunos grupos de trabajo y comisiones del movimiento, a título individual, surge este planteamiento en distintas asambleas. Siempre obteniendo, hasta ahora, un generalizado rechazo por la mayor parte de los participantes.

El 26 de septiembre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, relacionaba al 15-M con los golpes de Estado en la presentación del libro de José Bono –presidente del Congreso y miembro del PSOE- sobre la Revolución Francesa diciendo que abogan «por un principio de democracia directa» bajo el que, ha advertido, «se puede esconder un golpe de Estado«, como en la Francia de 1793. En ese acto, Bono afirmó refiriéndose a los indignados: «Si quieren negar el valor de las urnas, aunque fuese perdiendo, me quedo con las urnas siempre antes que con las masas parisinas«. Al acto asistía buena parte de la clase política, encabezada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy; y una parte importante del mundo empresarial como el Corte Inglés.

Parece claro que todo el espectro político de izquierda más o menos institucionalizada, desde el PSOE, a intelectuales progresistas, hasta la izquierda minoritaria, comparten expectativas. En los últimos dos meses, en los medios de comunicación masivos, también se aprecia una tendencia -casi campaña- a favor de “poner orden” en un movimiento que está resultando difícil de embridar. Ni amaina su capacidad movilizadora, ni se diluye en alguna de las identidades múltiples que lo nutren, ni abandona los principios que lo hicieron emerger el 15 de Mayo: no nos representan”; “lo llaman democracia y no lo es”; “vamos despacio porque vamos lejos”.

El hecho de que haya tanta unanimidad en plantear la institucionalización del 15-M, incluso que surja este tema en algunos de las personas que forman parte del movimiento (personas que a su vez militan en organizaciones: sindicales, asociaciones de vecinos, partidos políticos, etc.) plantea un par de cuestiones para reflexionar. La primera, el interés de las organizaciones de izquierda, la tradicional y la más moderna, la más institucionalizada y la menos, por nutrir sus filas y/o capitalizar la potencia del movimiento que, como dice la sra. Barreiro, parece que se trata de un movimiento que “se identifica con la ideología de izquierdas”. Para los asesores del candidato a presidente Rubalcaba, los guiños al 15-M -se transforme o no en una plataforma política-, pueden tener interés para contrarrestar el ascenso del PP; para tener una plataforma afín con la que interactuar, pactar, negociar…, o en último extremo porque incluso como “voto útil” pueden ser votantes del PSOE. Para otra parte de la izquierda institucional como IU se trata de un movimiento que de forma natural puede hacerla repuntar electoralmente pues el miedo a la derecha (ppista o psoista) conducirá a las personas del 15-M, que se abstuvieron o votaron en blanco en las pasadas elecciones, a apoyarlos ahora en las urnas. Para otros grupos de izquierda que parecen aspirar a la institucionalidad como Izquierda anticapitalista o Democracia real ya, también es el movimiento un campo en disputa ya que ellos sí “recogerán las verdaderas aspiraciones del movimiento”, serán su voz en las instituciones. Entre estos grupos de izquierda minoritaria el desprecio que muestran hacia los participantes del 15-M está muy generalizado y lo expresa de forma muy ilustrativa la periodista Nazanín cuando acusa al “voto en blanco de la indignación popular” de fantasioso, infantil, voluntarista y simplista.

La segunda cuestión que nos plantea el interés de todos por que el 15-M sea una organización política o se decida a apoyar a alguna organización política, tiene que ver con los recelos hacia la potencialidad implícita del movimiento para ser algo más, mucho más, que flor de primavera. Los planteamientos abstractos, genéricos pero de gran calado, se van concretando poco a poco en los barrios, en las luchas sectoriales que las gentes del 15-M van alimentando. Así ha sido el caso de la movilización contra los recortes en educación en la comunidad de Madrid; los sindicatos mayoritarios han ido perdiendo el paso. Las asambleas se han convertido poco a poco en asambleas “con espíritu del 15-M”, en las que los maestros, algunos sindicados, otros no, reivindican que en las mesas donde se deciden las movilizaciones estén delegados de los institutos de zona elegidos como tales por las asambleas, no de los afiliados, sino de todo el personal de los centros. En la última de estas asambleas se planteó que los sindicatos dejaran por escrito que no negociarán nada que no salga de estas asambleas.

La presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, en la misma intervención pública de la que hablábamos antes dijo: «Bajo la apariencia de inocentes movilizaciones se esconde la deslegitimación de nuestro sistema representativo”. Daba en el clavo.

Para las organizaciones institucionalizadas esto es un sinsentido. ¿Puede alguien en su sano juicio creerse que esto que tenemos no es una democracia? Una cosa son los lemas y otra muy distinta si nos los empezamos a tomar en serio, si comenzamos a creer que ciertamente este sistema, este y no otro, es el resultado de una transición fallida hacia una democracia que no ha llegado a ser, por más que se vista de lagarterana. No es seguro, pero en la trayectoria del movimiento 15-M, si analizamos la coyuntura en la que surge, el carácter y los contenidos de las más importantes movilizaciones, encontraremos precisamente eso, un cuestionamiento del sistema político. Un hacer explícito que las reglas de este juego están amañadas, que no nos sirven para hacer que la política esté al servicio del pueblo y no al servicio de los intereses económicos. Eso fue y eso es todavía lo que nos sacó a todos a las calles, no sólo en Madrid sino en el resto de España.

Durante todo este tiempo los intentos de convertir al 15-M en una sigla más del abanico de siglas que inundan las protestas sociales han sido sistemáticos y abundantes. Las resistencias de la mayoría de los participantes han sido también grandes. La consciencia de que ser una sigla más que aporta “gente” en las calles es el principio del fin que ronda nuestras cabezas. En una de las Asambleas Populares en la que participan las asambleas de barrios y pueblos de Madrid algunas personas plantearon precisamente crear un grupo 20-N para, de cara a las elecciones, concretar propuestas, interactuar con los partidos y los medios etc. Todo el mundo escuchó, ese es uno de los logros del movimiento, pero la propuesta no contó con la aceptación de la mayor parte de los asistentes. No se trataba de un bloqueo, se trataba de una intuición generalizada: una transformación real no puede transitar por los caminos ya trazados. Esos caminos sabemos a dónde conducen, en concreto a lo que tenemos ahora.

Los intentos de normalización e institucionalización del movimiento, aun teniendo por las izquierdas institucionalizadas y las derechas diferentes pretensiones -en el caso de las primeras instrumentalizar y capitalizar, en el de las segundas, delimitar y reprimir- tendrían, creo, un mismo resultado: la disolución del 15-M.

* Ángeles Diez es Dra. en CC. Políticas y Sociología y profesora de la UCM

7 MOTIVOS PARA EL 15-O

Ignacio Escolar en Público

1. Porque no me resigno a que de esta crisis sólo podamos salir agachando la cabeza, apretando los dientes y renunciando a lo que tantos años costó construir.

2. Porque no fueron ni los trabajadores ni los parados ni los profesores ni sus alumnos ni los médicos ni sus pacientes ni los pensionistas ni nuestros hijos quienes hundieron la economía. Pero sí son ellos, somos nosotros, los únicos que lo vamos a pagar.

3. Porque quiero un modelo fiscal donde cada cual aporte según su capacidad y cada cual reciba según su necesidad. Porque exijo ese “sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad” que me prometió el artículo 31 de la Constitución.

4. Porque la Constitución también me dijo que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”, no en el Banco Central Europeo o en Wall Street.

5. Porque si hay dinero público suficiente para volver a rescatar a los bancos, a las cajas o a sus millonarios directivos, también debería haberlo para ayudar a esas familias hipotecadas que lo pierden todo porque no pueden pagar.

6. Porque las desigualdades económicas aumentan y me niego a que sea la eficacia, sin la equidad, el único patrón para medir el éxito de una sociedad.

7. Porque tal vez no sirva de nada. Porque tal vez nada vaya cambiar. Porque puede que sólo nos quede la protesta y la palabra. Pero lo que seguro que será completamente inútil es quedarse en casa y esperar sentado a que todo se solucione sin más.

Por estos siete motivos, y otros cuantos muchos más, este sábado 15 de octubre estaré en la calle para pedir al mundo un cambio global. Un cambio a mejor.

«15 O»

El 15 de octubre personas de todo el mundo tomarán las calles y las plazas. Desde América a Asia, desde África a Europa, la gente se está levantando para reclamar sus derechos y pedir una auténtica democracia. Ahora ha llegado el momento de unirnos todos en una protesta no violenta a escala global.

Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los costes humanos o ecológicos que tengamos que pagar. Hay que poner fin a esta intolerable situación.

Unidos en una sola voz, haremos saber a los políticos, y a las élites financieras a las que sirven, que ahora somos nosotros, la gente, quienes decidiremos nuestro futuro. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros que no nos representan.

El 15 de octubre nos encontraremos en las calles para poner en marcha el cambio global que queremos. Nos manifestaremos pacíficamente, debatiremos y nos organizaremos hasta lograrlo.

Es hora de que nos unamos. Es hora de que nos escuchen.

¡Tomemos las calles del mundo

el 15 de octubre!