TÚNEZ: cronología de una revolución


Àngels Martínez i Castells


17 diciembre 2010:

Mohamed Bouazizi, un joven vendedor de frutas y verduras ambulante protesta porque la policía le incauta la mercancía. Al pedir autorización para seguir con la venta ambulante y que le devuelvan sus mercancías en el ayuntamiento y la delegación del gobierno, es insultado. Se immola pegándose fuego ante la delegación del gobierno. A la protesta de otros comerciantes se unen jóvenes que denuncian la falta de puestos de trabajo y empiezan a manifestarse.

19 diciembre 2010:

Las manifestaciones de Sidi Bouzid van siendo cada vez mayores y la policía utiliza gases lacrimógenos. Se detiene a decenas de personas.

22 diciembre 2010 :

Houcine Neji, un joven de 24 años, se immola electrocutándose. No quería «más miseria, ni más paro».

24 diciembre 2010:

El movimiento gana Couziane, a 240 km. al sur de Túnez, donde la policía dispara con fuego real a los jovenes que se manifiestan por el derecho al trabajo en  Menzel Bouzayane (a 60 km de Sidi Bouzid) y mueren dos personas.

27 diciembre:

Mohhamed Bouaziz

El movimiento de protesta llega a la capital. Un millar de jóvenes universitarios en paro se manifiestan por primera vez por las calles y son dispersados con golpes de porra. Los testigos informan de una docena de heridos.

28 de diciembre:

Ben Alí denuncia una «instrumentalización política». «Que una minoría de extremistas y agitadores a sueldo de extraños y contra los intereses de su país recurra a la violencia y provoque disturbios en la calle (…) es inaceptable», dice el presidente Ben Ali en su discurso por televisión por primera vez desde los problemas comenzaron.

29 de diciembre:

El Jefe de Estado lleva a cabo una reorganización del gabinete parcial y nombra un nuevo ministro de Juventud y Deportes.

5 de enero 2011 :

Mohamed Bouazizi, el hombre que se inmoló en Sidi Bouzid muere en el hospital.

6 de enero:

Miles de abogados se declararon en huelga para protestar contra la represión policial, mientras las protestas contra la escasez de puestos de trabajo cualificados y las barreras a las libertades civiles continúa, y siguen  las protestas. Se endurece la censura y varios bloggers son  detenidos por disidentes.

9 de enero:

Las autoridades informan de que el día antes se habían producido 14 muertos tras los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Thala, Kasserine y Regueb. «El mensaje ha sido recibido. Vamos a examinar lo que hay que examinar, vamos a corregir lo que debe ser corregido, pero la violencia es una línea roja «, dijo el entonces ministro de Comunicaciones, Samir Labib, portavoz del gobierno.

10 de enero:

Ben Ali interviene por segunda vez en la televisión y denunció los «actos terroristas», que él atribuye a «elementos extranjeros». También prometió 300.000 nuevos puestos de trabajo en dos años. El gobierno tunecino da la orden de cerrar todas las escuelas y universidades en el país hasta nuevo aviso.

11 de enero:

Las protestas y la violencia para ganan los alrededores  de Túnez al grito de  «Ben Ali,no tenemos miedo». Samir Labib, portavoz del gobierno, informó de 21 muertos desde que comenzaron los problemas. «Todas las cifras barajadas por la televisión y las agencias que hablan 40 a 50 (muertos) son completamente falsas», añade. Según la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), el número de muertes en los disturbios en Túnez es de al menos 35.

Michèle Alliot-Marie, ministra de asuntos exteriores e Francia escandaliza al mundo proponiendo «cooperar en seguridad» con las autoridades tunecinas. «Ofrecemos la experiencia, reconocida  mundialmente,  de nuestras fuerzas de seguridad llevar a la resolución de situaciones de seguridad de este tipo. Ofrecemos a los dos países [Argelia, Túnez, ed] en el marco de nuestra cooperación, que el derecho de manifestación se pueda ser compatible con la seguridad.»

12 de enero:

El jefe del Estado dimite al ministro del Interior, Rafik Belhaj Kacem. Se impone el  toque de queda en la capital y sus suburbios.

13 de enero:

Ben Ali anuncia por televisión que no se presentará a la reelección en el 2014, ordena a la policía  no utilizar sus armas y promete la libertad de prensa. Su discurso da lugar a una explosión de alegría en la capital. En Francia, donde vive en el exilio el representante de la oposición, Moncef Marzouki, se habla de un centenar de muertos desde el inicio de los acontecimientos.

manifestaciones-tunez.jpg14 de enero:

Nueva manifestación en Túnez para exigir la salida inmediata de Ben Ali. Alrededor de las 15:15 (París), el Jefe de Estado anuncia la destitución del gobierno y la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas en el plazo de seis meses. Tres cuartos de hora más tarde, se declara el estado de emergencia y se impune un toque de queda en todo el país. Dos horas y media más tarde, el primer ministro Mohamed Ghannouchi, anuncia que Ben Ali es temporalmente incapaz de ejercer sus funciones y asume el mando de presidente interino hasta las nuevas elecciones. De hecho, Ben Ali ha salido de Túnez en secreto.

15 de enero:

Arabia Saudita confirma poco antes de la medianoche, hora de París, que Zine El Abidine Ben Ali y su familia están en su territorio por período indefinido. Fin de la primera fase de la Revolución del jazmín.

El presidente del Parlamento de Túnez, Fouad Mebazaa, es declarado presidente interino por decisión del Consejo Constitucional, eliminando así toda posibilidad de un retorno a la jefe de Estado Zine El Abidine Ben Ali, huido a Arabia Saudita.

Últimos acontecimientos:

Mohamed Ghannouchi, como presidente interino, anuncia la liberación de todos los presos de conciencia, la «libertad total de información», el levantamiento de la prohibición de las actividades de todas las ONG, incluida la Liga Tunecina de Derechos Humanos, y la legalización de la de todos los partidos políticos que lo soliciten.

Nombra también un gobierno provisional del que formaban parte tres líderes de la oposición, seis ex ministros del régimen anterior como responsable de la transición hasta las próximas elecciones, los tres ministros pertenecientes a la Asociación Central de Túnez UGTT renunciaron a formar parte del mismo a petición de su organización, que no reconoce al nuevo gobierno, del que formarían parte junto a políticos opuestos al antiguo régimen como Nejb Chedid, líder histórico del Partido Democrático Progresista (PDP formación de la oposición legal más radical) Ahmed Ibrahim, líder del Ettajdid (Renacimiento, ex comunista) y Mustapha Ben Jafar que encabeza el Frente Democrático para el Trabajo y las Libertades (FDTL) junto a ministros del anterior gabinete.

Para el oponente histórico de Túnez, Marzouki, que hoy ha regresado del exilio, «se trata de una farsa,» y una «falsa apertura» que se mantengan en el poder ministros del depuesto presidente Ben Ali. Varios cientos de personas se manifestaron ayer y hoy en Túnez capital y provincias para solicitar la exclusión del nuevo gobierno de los políticos vinculados al antiguo régimen y su partido. A estas horas, las manifestaciones siguen…

Fuentes: L’Humanité y Le Monde

Más información en el blog de Francesc Matas Salla.

Y también habla del tema Jorge Dioni.

La salida del BBVA de Bolivia

El gobierno de Evo Morales ha decidido recientemente algo tan sensato como que ninguna empresa privada pueda enriquecerse con la gestión de las pensiones de los trabajadores.

La ley, mediante la que se han nacionalizado las  pensiones, es producto de cuatro años de negociaciones, en las que estuvieron excluidos los empresarios, rebaja la edad de jubilación de 65 a 58 años, rebajando también dicho límite entre los mineros y las madres, y amplía este beneficio a trabajadores autónomos, como los campesinos.

 

Y aunque la ley no fija plazos para el cese formal de actividades de los Fondos Previsión que actualmente son gestionados por el BBVA, y Futuro, de Zurich,  las negociaciones ya se estan llevando a cabo y el BBVA se prepara para salir de Bolivia.

Fué el 10 de diciembre de 2010 cuando el Gobierno de Bolivia promulgó la Ley de Pensiones que contempla el fin de la gestión privada de las jubilaciones y crea una empresa pública para este fin. Casi un mes antes, en el diario La Razón de Bolivia se podía leer: “El BBVA de España, propietario de la AFP Previsión, estaría negociando con el Gobierno de Bolivia la salida de esa gestora del manejo de los aportes para la jubilación. Afirma que el cierre de operaciones en el país tendrá un impacto ‘marginal’ en sus cuentas”. Este anuncio se recogió justo después de la visita a Bolivia de la ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, a mediados de noviembre.

Curiosamente, la ministra declaró a la prensa que “España confía en mantener el actual nivel de diálogo con el Gobierno boliviano a fin de que si se producen cambios que afecten a las empresas españolas, tengan lugar sin sobresaltos”. Dichas declaraciones iban en línea con el objeto central de la visita: presionar para garantizar la estabilidad de las inversiones españolas y preparar la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre –viaje que finalmente se anuló–, para promover inversiones en los sectores de hidrocarburos, energías renovables, minería y construcción. Todo este movimiento coincide, además, con la elaboración de la nueva Ley de Inversiones, que fijará las nuevas condiciones para las inversiones de compañías extranjeras en Bolivia.

Así, las compañías multinacionales españolas, como en este caso el BBVA, además de su gran poder económico y de disponer de una arquitectura jurídica que protege sus intereses –lo que se conoce como la nueva ‘lex mercatoria’–, disponen de toda la capacidad de presión diplomática y política del Gobierno español para favorecerles en sus negocios internacionales. Y esta puede ser la explicación del cambio de estrategia adoptado por el BBVA. El anuncio de su salida negociada está muy lejos de las declaraciones que hizo la filial boliviana de esta transnacional en enero de 2010, cuando el Gobierno del MAS anunció que iba a sacar adelante la nueva Ley de Pensiones. Así, el diario La Prensa publicaba lo siguiente: “El ejecutivo de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión señaló que el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones entre Bolivia y España tiene cláusulas que protegen a la AFP frente a cualquier controversia que se pueda presentar con el Estado boliviano y abre la posibilidad de presentar una demanda de arbitraje ante tribunales internacionales”. La reacción se debía a que en esta nueva ley desaparecerían las compañías privadas que administraban las pensiones de jubilación para ser sustituidas por una empresa estatal.

Impactos de la gestión privada

De este modo, el BBVA -como manda la lógica empresarial- anteponía sus intereses comerciales a la demanda de la mayor parte de la población boliviana, que exigía eliminar el sistema de jubilación privado. Y es que la actividad de las transnacionales de las pensiones ha tenido fuertes impactos sociales, provocando, por ejemplo, que un escaso número de personas mayores haya podido jubilarse con una pensión. De hecho, el antiguo sistema público, que se privatizó en 1996, habría conseguido una mayor cobertura en las jubilaciones. Compañías privadas, como el BBVA, han contribuido a impedir que la enorme cantidad de personas que dependen de la economía informal, más del 60% de la población activa del país, pudiera disfrutar de la jubilación, ya que los ingresos extremadamente bajos de esta población no eran rentables para los planes de pensiones que gestionaban estas corporaciones transnacionales.

Por otro lado, el teórico ahorro del gasto público argumentado al privatizar las jubilaciones no ha sido tal. El Estado boliviano ha tenido que seguir pagando las pensiones anteriores a la reforma, con el añadido de que la privatización de las empresas estatales durante el período neoliberal le ha bloqueado una fuente importante de ingresos. Así, el mayor gasto del Tesoro General del país ha sido cubrir el pago de las jubilaciones a pensionistas del antiguo sistema: en 2009 este gasto se elevó a 400 millones de dólares. Mientras tanto, la compañía Previsión BBVA tuvo un beneficio en 2008 de cuatro millones de dólares.


FIN DEL MONOPOLIO: CÓMO SE GESTÓ EL CONTROL POR PARTE DE BBVA

El negocio de las pensiones para el BBVA en Bolivia se ha asentado sobre un pilar importante: el monopolio. Inicialmente, durante la privatización de las pensiones, en 1996, se crearon dos empresas que debían administrar las jubilaciones: AFP Previsión y AFP Futuro. Después, en 1997, el que entonces era el BBV compró Previsión, mientras Argentaria adquirió Futuro. Acto seguido, el Estado boliviano decretó un período de exclusividad de cinco años en el que se prohibía la entrada de otras compañías que pudieran hacerles competencia.

Así, una vez creado el oligopolio, en 1999 se fusionaron el BBV y Argentaria, con lo que una sola compañía transnacional, el BBVA, pudo ejercer el control total de las jubilaciones. Eso fue hasta el año 2001, cuando el Estado de Bolivia le obligó a vender la AFP Futuro, que fue comprada por la compañía suiza Zurich. Aún así, la ausencia de información por parte del anterior Gobierno boliviano y de las empresas ha conservado el oligopolio de las pensiones en manos de únicamente dos compañías hasta el momento.

Fuentes: Periódico Diagonal,  Kaos en la red,  Tercera Información