La intervención de España

«España no, pero las regiones y la banca sí son intervenibles»

Santiago Niño Becerra Catedrático de Estructura Económica Advierte de que este año «va a ser terrible, y el que viene también»
«Too big to fail». Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, hace suyo este concepto económico anglosajón para ilustrar que el rescate de España sería «desastroso» para el país, pero también para la propia UE.
«España no, pero las regiones y la banca sí son intervenibles»
-¿Cómo se explica lo que está pasando?
La economía española está como hace un mes, muy mal, igual que en diciembre o agosto. Nuestro nivel de dependencia del exterior es brutal y por eso repercute todo lo que pasa fuera. Y por dos motivos básicamente: no crecemos y los ingresos son menores que los gastos -no podemos atender a los gastos corrientes- y, además, el nivel de deuda es muy elevado.
-¿Castigan los mercados las medidas del Gobierno?
-A ver, este año va a ser terrible y el que viene tan bien. Después de los 37.000 millones que se recorten este año, en los Presupuestos de 2013 será necesario quitar otros 27.000 millones. En total, nos vamos a 65.000 millones y esa suma no va a haber cuerpo que la aguante, de modo que los objetivos fijados no se van a poder cumplir.
-¿A qué nivel de prima de riesgo debemos empezar a preocuparnos?
-La prima no es lo importante; lo fundamental es el tipo de interés que paguemos por nuestra deuda. Se habla que pasando del 7% de rentabilidad es el nivel de no retorno y ya estamos cerca del 6%.
-¿Qué ha hecho Italia para esquivar los ataques?
-Italia tiene cosas buenas, como su deuda exterior, que es bastante más baja que la española. Su problema es de división del país y que es muy inestable y, de momento, Monti parece dar confianza a los inversores. España necesita convencer que sus medidas son las adecuadas. En todo caso, no creo que ni una ni otra estén mejor que hace tres meses; están igual.
-¿Conviene que las medidas se dirijan ahora a la recuperación y no a más recortes?
-Se está poniendo la lupa en el déficit público y lo importante es la deuda. España es el segundo país más endeudado del mundo: debe casi 4 billones de euros y no los puede pagar. Mientras no se hagan las quitas que correspondan y se regule el sistema bancario, español y europeo, poco se puede hacer. Si se cogen las tijeras y se recorta el déficit es un café para todos. Las cosas van a empeorar más, porque va a haber seis millones de parados y el problema se está tratando como en la Gran Depresión. Hay que dar la vuelta al modelo que se está siguiendo, pero España sola no puede hacer nada. La UE tendría que coordinarse muchísimo más, porque Francia y Alemania solo piensan en clave nacional. Detrás de las declaraciones de Sarkozy y Merkel se ve que no piensan en Europa. Solo se pide recortar y así no se recupera nada, y el gran peligro que corre Europa es entrar en la senda de un crecimiento exiguo endémico, que se convierta en estancamiento, con tasas de paro elevado e ingresos públicos congelados.
-¿Terminará España siendo intervenida?
-Ya está intervenida desde el momento en que estamos siendo vigilados. Aún no hemos llegado a la situación de Grecia y Portugal, pero estamos en un camino similar, recorte tras recorte. Pero España no es rescatable porque su economía es demasiado grande para ser intervenida, aunque se puede obligar a rescatar a los bancos y a las regiones, porque la UE no se cree sus números. Lo que hay que evitar es que los ‘men in black’ hagan la intervención; hay que actuar antes.
Publicado en los medios de Vocento el 15-4-2012

¿Rescate a Portugal, o a sus bancos?

Otra vez el engaño de los rescates: ¿Ahora Portugal?

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC.

En otros artículos referidos al caso español traté de poner de relieve que cuando se habla de “rescatar” a un país se produce un gran engaño que es imprescindible tratar de desvelar.

Ahora ocurre lo mismo con Portugal cuando las autoridades europeas y los llamados “mercados”, en realidad los grandes grupos financieros y empresariales, insisten para que el gobierno portugués solicite que su país sea “rescatado”.

Generalmente, cuando se habla de “rescatar” a un país se parte de una situación real y de gravedad que suele manifestarse en un gran endeudamiento que dificulta o impide hacer frente a los compromisos de pago adquiridos. Sin embargo, cuando esto ocurre se produce un engaño muy bien orquestado en relación con las razones, los problemas, las soluciones y los efectos de la operación que se desea llevar a cabo.

El primer engaño suele darse sobre la naturaleza de los problemas que padece el país al que se dice que hay que “rescatar”. Ahora, como en los caso griego o irlandés recientes, se afirma que Portugal tiene un grave endeudamiento público derivado del crecimiento desbordado de sus gastos que le obliga a recurrir a un cuantioso préstamo para liquidar con él sus deudas. No es del todo cierto, como señalaré enseguida.

El segundo engaño se deriva del anterior. Para que el “rescate” sea útil se afirma que debe ir acompañado de medidas que resuelvan el problema que originó la situación que se quiere resolver y que, por tanto, deben consistir, principalmente en recortar el gasto. En consecuencia, los que dan el préstamo para “rescatar” al país, en este caso Portugal, imponen políticas consistentes en recortar cualquier tipo de gasto público y en especial el que está vinculado con las actividades que dicen que el sector privado puede llevar a cabo más eficazmente, es decir, con los servicios públicos (otro engaño más porque no es seguro que lo haga mejor y sin embargo es inevitable que el capital privado lo proporcione más caro y a menos población), o el que se considera improductivo, como el sueldo de los funcionarios, por ejemplo.

Al mismo tiempo se engaña también afirmando que el resultado del rescate será el mayor incremento de la actividad y de la creación de empleo y que, por tanto, gracias a él las aguas de la economía volverán a su cauce anterior e incluso a un nivel mucho más satisfactorio de rendimiento económico.

Desde que en los años ochenta se empezaron a producir “rescates” en economías de América Latina hemos podido ver cómo acaban este tipo de operaciones (con menos actividad, empleo y desigualdad y con más pobreza) y analizando la situación de los países que han sido o que van a ser “rescatados” podemos comprobar sin demasiada dificultad la naturaleza de este engaño.

Los problemas económicos que tiene Portugal no son exactamente el resultado de que haya habido mucho gasto público, de endeudamiento público. Es verdad que el déficit ha aumentado mucho en los dos últimos años pero eso se ha producido como consecuencia de la crisis que han provocado los bancos y de que se haya impuesto una respuesta a ella basada justamente en salvarlos a costa de un precio extraordinariamente alto. De hecho, el gobierno portugués, siguiendo directrices y ejemplos europeos y la presión de los propios poderes financieros, llegó a nacionalizar bancos en operaciones que le costaron muy caro.

Pero ni siquiera eso es lo que provoca los problemas más agudos de la economía portuguesa. Su problema más grave no es el endeudamiento público sino el exterior y éste se viene produciendo en los últimos años no precisamente porque haya habido despilfarro público sino como consecuencia de las políticas neoliberales que han destruido su riqueza productiva, su industria y agricultura y que le han cercenado las fuentes de generación de ingresos ya de por sí débiles. Como en tantos otros países, han sido estas políticas generadoras de escasez en aras de salvar el beneficio de los grandes grupos oligárquicos y que han obligado a Portugal a vender sus mejores activos productivos al capital extranjero, las que han destruido tejido industrial y producción agraria y las que así han provocado un debilitamiento de su capacidad de crear empuje económico, de su competitividad y, como consecuencia de ello, el incremento de la deuda exterior.

La realidad es que las políticas neoliberales auspiciadas por la Unión Europea han significado un corsé letal para la economía portuguesa y que han ido produciendo en los últimos años un incremento del desempleo y de la pobreza que se ha tratado de disimular, entre otras medios, gracias a que el dominio de los grandes medios de comunicación está cada vez más en manos de esos mismos capitales extranjeros.

Y cuando la crisis ha estallado y cuando el gobierno ha asumido la carga extraordinaria del salvamento bancario, así como cuando ha sufrido mayor merma de ingresos y aumento de gasto para evitar el colapso de la economía, es cuando la situación se ha hecho ya insostenible.

Por tanto, es mentira que el “rescate” sea obligado porque la economía portuguesa sufra debido al endeudamiento público. Si se viene encontrando cada vez más debilitada es por otro tipo de razones.

Y aquí viene otro engaño especialmente peligroso. Las medidas que necesita Portugal para salvar su economía no son las encaminadas a reducir el gasto sino a cambiar el tipo de políticas que le vienen ocasionando pérdida de ingresos, de actividad y de empleo y una desigualdad cada vez mayor, que ha hecho que las rentas en aumento de las clases ricas se hayan dedicado a la inversión financiera o inmobiliaria especulativas que han dado grandes beneficios a bancos también extranjeros, entre los que destacan los españoles, pero que han acumulado mucho riesgo y ha creado una base cada vez más volátil y débil para la economía portuguesa, como ahora se puede comprobar.

El siguiente engaño tiene que ver con los efectos benéficos que dicen que tendría el “rescate”.

En contra de lo que afirman los voceros de los grandes grupos financieros que lo desean, si a los problemas reales que acabo de mencionar se añade ahora, como quieren los que se disponen a “rescatar” a Portugal, recortes en el gasto, disminuciones de salarios y en general políticas que van a producir disminución de la demanda, lo que ocurrirá será que la economía portuguesa se encontrará aún peor porque todo ello solo va a provocar una caída del consumo, de la inversión y del mercado internos y, por tanto, menos actividad y menos empleo.

La realidad es que el “rescate” de Portugal, tal y como se daría allí siguiendo la línea de otros tantos anteriores (un préstamo muy cuantioso para que Portugal pague las deudas acompañado de medidas restrictivas y de recorte de derechos sociales y de gasto) no va a salvar a su economía. Es mentira que este tipo de operaciones rescaten a los países. Esto es solo un último y definitivo engaño: de lo que se trata no es de salvar o rescatar a un país sino a los bancos, principalmente, y a los grupos más ricos y poderosos, puesto que lo que se hace con el rescate es poner dinero para que ellos cobren sus deudas y obligar a que la sociedad cargue con la factura de la operación durante años.

Tan cierto es esto que resulta fácil y patético comprobar que son precisamente estos grupos financieros y las autoridades europeas que le sirven los que se empeñan en convencer a las portuguesas de que soliciten el “rescate”, una buena prueba de quiénes son de verdad los que se beneficiarán de él.

Y esto pone sobre la mesa una última cuestión. Un engaño no menos importante. Quizá el peor. El que tiene que ver con el tipo de régimen político en el que vivimos y en el que los electores, los ciudadanos, no podemos decidir realmente sobre las cuestiones económicas.

Lo llaman democracia pero a la vista de lo que viene sucediendo está cada vez más claro que no lo es porque se nos ha hurtado la posibilidad de decidir sobre las cuestiones económicas que evidentemente son una parte central de las que directamente afectan a nuestra vida. Y es justamente por ello que hemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para tratar de cambiarlos. Eso sí que sería un verdadero rescate. Lo demás es otro robo.

Artículo publicado en Cuarto Poder

¿A QUIEN INTERESA Y CÓMO SERÍA EL “RESCATE” DE ESPAÑA?

Juan Torres,  Consejo Científico de ATTAC

Cuando se está hablando tanto de la necesidad, de la inminencia o de la posibilidad de un “rescate” de la economía española conviene reflexionar y poner algunas cosas en claro.
Se dice que un grupo de países o instituciones, como podrían ser la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional,”rescatan” a un país cuando le conceden un crédito a pagar en un determinado plazo que le permite cubrir los “agujeros” que por diversas razones (generalmente por acumulación de déficit y deudas) hayan podido producir su insolvencia. Pero hay que tener en cuenta que esos agujeros pueden ser de naturaleza muy variada.

Así, muchas dictaduras y gobiernos militares de los años setenta y ochenta endeudaron a sus países, con la connivencia de los grandes bancos internacionales, con préstamos que en ocasiones ni siquiera llegaron a ellos sino que se utilizaron fuera del país para negocios corruptos. Otras veces los utilizaron en obras completamente inútiles o directamente para enriquecer a los grandes empresarios y banqueros.
En el reciente caso de Irlanda, la necesidad perentoria de “ayuda” se debe a que hay que cubrir las pérdidas multimillonarias del sector bancario. Y una parte importante de la deuda pública griega que ha sido “rescatada” recientemente se originó para comprar armamento a Francia o Alemania.
Cuando la acumulación de deuda a la que no se puede hacer frente es muy grande, los acreedores son los primeros interesados en que se produzca el “rescate” del país pues de esa manera se aseguran su reintegro. Y suelen ser ellos los que lo promueven. El dinero que llega con el “rescate” se dedica a saldar sus deudas y la nueva que se origina con las instituciones que rescatan la pagan los ciudadanos en su conjunto a lo largo del tiempo. Los “rescates” consisten, pues, en convertir deuda privada, que por lo general han generado y disfrutado los sectores más ricos, en deuda pública que pagarán principalmente las clases de rentas más bajas.
Pero la cosa no queda ahí. El “rescate” no se produce nunca como una dádiva sino a condición de que el país “rescatado” cumpla una serie de condiciones. La primera, que esta nueva deuda tenga siempre carácter preferente y, además, que se tomen las medidas de política económica y cambio estructural que convengan a quien “rescata”.
Gracias a ese procedimiento, la deuda externa que se originó en muchos países a lo largo de los años setenta y ochenta fue la antesala de la aplicación de las políticas neoliberales que promueven el Fondo Monetario Internacional y los grupos más poderosos del mundo que, para cerrar el círculo, son además los que se benefician del saldo de la deuda.
Pues bien en relación con la situación española habría que preguntarse si el “rescate” es necesario, es decir, si es que España es insolvente y no puede o no va a poder pagar su deuda, y qué efectos tendría.
La deuda española tiene dos componentes, la deuda pública y la privada. La primera es de unos 600.000 millones de euros pero en relación con el PIB es casi veinte puntos menor que la media europea. Se puede afirmar que es sostenible y que a poco que la economía crezca incluso moderadamente se puede ir amortizando sin problemas. Además, como todo el mundo sabe, ha crecido extraordinariamente en los últimos meses pero como consecuencia del impacto también extraordinario de la crisis. Si bien es un problema al que siempre hay que hacer frente, no tendría por qué generar una situación de insolvencia ni muchísimo menos. Los problemas que está provocando actualmente podrían aliviarse casi por completo si se recuperase la actividad económica aplicando las políticas adecuadas para ello, si se frenara la actividad de los especuladores y, con más seguridad aún, si hubiera una estrategia de apoyo por parte del Banco Central Europeo como expliqué en otro texto (El Banco Central Europeo frente a la deuda: se necesita algo más que comprar bonos).
Sin embargo, es cierto que podría plantear una grave problema si la actividad económica se sigue deteriorando como consecuencia de la aplicación de las políticas equivocadas que se vienen adoptando y si no se cambia de rumbo pronto hacia otra base de generación de actividad pues el modelo anterior es justamente el que provocó los problemas que sufrimos, si no encuentra financiadores a pesar de ser limitada en su cuantía o si se encarece en demasía, lo que suele ser el resultado de que se recurra al mercado en lugar de a los bancos centrales y de que se permita que los especuladores que lo controlan aprovechen la situación para provocar alzas en los tipos o para extorsionar a los gobiernos. Y también si alguna o varias de estas circunstancias, aunque se dieran en pequeña medida, coinciden al mismo tiempo en momentos en los que se concentre una cantidad más importante de ventas de títulos de la deuda (como va a ocurrir en los primeros meses de 2011).
La deuda privada española es mucho mayor que la pública. Las familias españolas deben aproximadamente un billón de euros a los bancos y las empresas algo más de 1,3 billones. Y, por otro lado, los bancos españoles tienen deudas, por su parte, tanto con el Banco Central Europeo (aunque fluctúa mucho, algo más de 60.000 millones de euros en estos momentos) como con otros bancos del resto del mundo, en una cantidad global muy difícil de cuantificar pero de cuya magnitud da idea el que tengan que amortizar unos 200.000 millones de euros en 2011 y 2012.
El problema se plantea lógicamente cuando toda esa deuda empieza a fallar, cuando la economía no genera suficientes ingresos y aumenta la morosidad como viene ocurriendo como consecuencia de la crisis, y es especialmente grave cuando el incumplimiento afecta a extranjeros y cuando, además, está concentrada en pocos acreedores, como en gran medida está ocurriendo con España.
Según el último informe del Banco Internacional de Pagos, España tiene una deuda de alrededor de un billón de dólares con bancos extranjeros, de la cual un 11% procede del sector público, un 25,7% de los bancos españoles, un 36% de empresas y el resto (26,6%) de operaciones con derivados que implican principalmente a la banca.
La cuestión, pues, está en dilucidar, por un lado, si los bancos españoles podrían absorber sin problemas la morosidad al alza y las pérdidas patrimoniales derivadas del estallido de la burbuja inmobiliaria porque estos bancos, a su vez, han financiado esa deuda con préstamos que han recibido de bancos extranjeros. Y, por otro lado, si los bancos extranjeros, y principalmente europeos, van a esperar a que todo vaya solucionándose o si van a tratar de garantizarse el pago de deuda mediante un “rescate”.
Aquí, precisamente, radica el quid de la cuestión.
El incremento de la deuda privada española es el resultado de dos circunstancias coincidentes. Por un lado, los bancos de países con exceso de ahorro como los alemanes tuvieron un excedente muy grande en los últimos años y en lugar de dedicarlo a impulsar el desarrollo económico alemán y a favorecer el incremento de las rentas en aquel país, lo dedicaron a financiar a bancos de otros países, entre ellos los españoles. Por otro, para obtener esa financiación lo que hicieron los bancos españoles fue vender a los alemanes activos financieros vinculados al negocio inmobiliario (cédulas hipotecarias por ejemplo).
Cuando estalla la crisis eso produjo un hecho singular que a grandes rasgos es el siguiente. Gracias a las normas contables existentes, los bancos españoles podían seguir valorando los activos relativos al negocio inmobiliario al precio de adquisición (y no al más bajo que tienen cuando estalla la burbuja). Pero los bancos alemanes tienen su inversión en títulos secundarios (no la hipoteca original que tiene el banco español, sino el derivado de ella que han comprado para financiarlo) que han de valorar al precio actual de mercado.
Así, los bancos españoles han podido ocultar sus pérdidas verdaderas porque siguen contabilizando activos descapitalizados al valor anterior pero los alemanes sí las registran. Y la cuestión radica, por tanto, en saber si los bancos alemanes (en la mayor parte, aunque también el resto de los grandes acreedores de España) van a confiar en que se irá saliendo bien de la situación actual y así cobrando poco a poco si, por el contrario, prefieren asegurarse el cobro de su deuda “rescatando” a España antes de que ésta, si no mejora la situación económica o si se ve acosada por los especuladores y se ve obligada finalmente a declarar que no puede hacer frente a compromisos.
Si esto último ocurriera sería fatal, porque el “default” de España arrastraría con él a los bancos europeos y quizá a otras economías. De ahí que muchos acreedores piensen que es mejor forzar el “rescate”.
Pero un “rescate” de España tiene graves inconvenientes. El mayor, que el dinero que habría que poner para llevarlo a cabo es mucho: se ha llegado a decir que incluso alrededor de 500.000 millones de euros, o incluso más, una cantidad que desestabilizaría a toda la zona euro no solo desde el punto de vista financiero o monetario, entre otras cosas, porque daría pie a que otros acreedores quisieran hacer lo mismo con la deuda de otros países…
Pero, por otro lado, la operación de “rescate” tendría para los grandes grupos de poder otras ventajas no solo financieras. Daría un extraordinario impulso a los bancos y justificaría un replanteamiento general de la estrategia europea en la líneas que al parecer desea, yo creo que muy equivocadamente, el gobierno y los grandes centros del poder económico alemanes. Además, el “rescate” iría acompañado de un programa de reformas de liberalización en España en la línea neoliberal que lógicamente sería proporcional al shock que provocaría la situación y a la inmensa cuantía del rescate, lo que daría satisfacción a los sectores que lo vienen reclamando desde hace tiempo.
De todo lo anterior se podrían deducir tres conclusiones fundamentales.
En primer lugar, que el “rescate” de España sería en realidad y como en otras ocasiones, el de sus acreedores y, en este caso, principalmente de los bancos alemanes y europeos, lo que da a entender que efectivamente éstos pueden estar altamente interesados en que se lleve a cabo. Y dado que el “rescate” justificaría la aplicación de medidas de liberalización excepcionales, podría aventurarse también que en él pueden estar igualmente interesados sectores nacionales que quieren “transformar” España en esta línea ya expresada al Rey por grandes empresarios y líderes de opinión.
En segundo lugar, que la economía española no es en estos momentos insolvente ni hay razones estructurales que aventuren que tenga que estar en esa situación (salvo que se sigan aplicando durante mucho más tiempo las equivocadas políticas de austeridad actuales y que se tarde en modificar las bases de nuestro modelo de crecimiento), de modo que su “rescate” solo podría ser consecuencia de un proceso provocado o inducido.
Tercero, que esa inducción del rescate podría venir por dos posibles vías. Una, la presión especulativa muy fuerte concentrada en algún momento, posiblemente a finales de enero o en febrero de 2011 cuando se negocie el gran volumen de emisiones de deuda inmediatamente posteriores. Otra, por una presión externa que fuerce a reconocer la situación patrimonial real de los bancos españoles hasta mostrarla como explosiva y de ahí se obligue a intervenir para actuar con ellos como con los irlandeses.
No sé si eso va a ser inevitable o no, o si las autoridades europeas ayudarán a evitar o a que se produzca el “rescate”. Pero tengo la impresión de que un gobierno solo dispuesto a cumplir con las demandas constantes de los acreedores y especuladores para tratar de generarles confianza, como hizo precisamente el irlandés, lejos de ahuyentar el peligro, lo va a atraer sin remisión. Y también la seguridad de que si la ciudadanía no influye en el proceso será la que finalmente pague, en cualquier escenario que se produzca, sus consecuencias.