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El CAPITALISMO es cada día más incompatible con la DEMOCRACIA

Los autores de “Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero” denuncian los excesos de la banca y de los especuladores, a los que acusan de provocar la crisis y de hinchar artificialmente la deuda pública de España

Diario Público
Juan Torres López, el pasado martes en Madrid.

En los últimos 30 años el sistema capitalista se ha degradado hasta el punto de convertir a la economía mundial en un gran casino donde la especulación sin control se ha convertido en la única norma. Nadie ha puesto bridas a esa especulación sin límites: muy al contrario, el poder político ha claudicado ante el gran capital financiero encabezado por la banca internacional. Los bancos y las grandes corporaciones han terminado por adueñarse del mundo y crear una sociedad donde la desigualdad aumenta, el Estado de Bienestar está cada día más debilitado y millones de personas mueren por las decisiones económicas que toman los poderosos.

Ese el panorama que dibujan Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro de ATTAC, y Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra, en su libro Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero (Espasa Calpe). En esta entrevista (por problemas de agenda Vicenç Navarro sólo pudo responder a una pocas preguntas por escrito) los dos autores señalan a los bancos como los principales culpables de una crisis que creen que se podría haber evitado. 

  • Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, dijo al principio de la crisis: “Vamos a refundar el capitalismo”. Casi cinco años después nada de eso ha sucedido. ¿El actual sistema capitalista es intocable?

Juan Torres: El capitalismo es un sistema que ha traído consigo unos avances sociales impensables y con él la democracia ha avanzado más que nunca. Pero el capitalismo también comporta una concentración de la renta y de la riqueza sin igual que resulta cada día más incompatible con la democracia. En los últimos años estamos viviendo un capitalismo muy singular, un capitalismo casi sin normas que ha resuelto que el afán de lucro es el único motor y eso está creando grandes problemas. El capitalismo se ha convertido en un casino y en un casino las pérdidas son grandísimas individual y socialmente. Aunque ha sufrido una profunda degradación, el capitalismo le ha dado un poder tan grande a algunos grupos sociales que estos se pueden permitir el lujo de transmitir al resto de la sociedad que todo va bien y que no hay otra manera posible de vivir. Lo que pasa es que los demás, antes o después, se dan cuenta de que esto no va de ninguna manera bien. Y en esa tensión estamos.

Vicenç Navarro: La crisis de legitimidad del capitalismo se debe a la captación del Estado por intereses particulares entre los cuales destaca el capital financiero.

  • ¿Ha faltado voluntad o coraje político de los gobernantes para cambiar las cosas?

La actual clase política está vinculada a partidos que dependen de la financiación de los bancos. Es una contradicción pensar que alguien que está financiado por unos bancos va a poner en cuestión el status quo de esos mismos bancos. Eso no va darse, al menos con esta clase política.

  • ¿Hay que asumir entonces que los ciudadanos ya no pueden contar con los políticos?

V.N: En una democracia el poder debe derivar de la ciudadanía. Cuando las instituciones representativas han sido instrumentalizadas por el poder financiero y económico, la ciudadanía tiene que salir a la calle para recuperar la democracia.

J.T: La desafección hacia la política es extraordinaria. Se está produciendo un resquebrajamiento social porque la gente se da cuenta de que esto es una mentira, que esto no funciona, que los partidos políticos no son capaces de aportar soluciones. Sin embargo, este proceso ni es automático, ni es generalizado ni es fácil porque los bancos y las grandes empresas dominan los medios de comunicación. Pero también eso empieza a resquebrajarse: la gente empieza a no fiarse de los medios de comunicación convencionales y empieza a informarse por otros más alternativos. Obviamente eso no pasa de un día para otro y durante el camino se producen traumas y conflictos sociales.

  • Dado el curso de los acontecimientos, todo parece indicar que el sistema financiero en su conjunto va a salir reforzado de esta crisis.

J.T: De momento los bancos están logrando que las medidas que se están adoptando sirvan más para fortalecer su poder que para salir de la crisis que ellos mismos han ocasionado. Ahora bien, ¿eso va a ser definitivo? Eso está por ver. ¿Va a poder mantenerse en España un sistema financiero basado en bancos que están quebrados por mucho poder que tengan esos bancos? Eso está por ver. Porque a lo mejor resulta que esas medidas son incompatibles con los propios bancos.

V.N: No está claro que esto sea así. En este momento en España y en Europa la banca y las compañías de seguros dominan la configuración de las políticas públicas. Pero hay un enfado popular generalizado que podría cambiar esta situación.

  • ¿Se podría haber evitado la crisis?

V.N: Sí. Podría haberse evitado si los Estados no hubieran desregulado el capital financiero que creó la crisis financiera y si no hubieran llevado a cabo las políticas neoliberales que determinaron la crisis económica causada por la escasez de la demanda por parte de la población, que ha sido una consecuencia de la reducción de las rentas del trabajo a costa de las rentas del capital.

J.T: Claro que sí. Entre 1945 y 1970 prácticamente no hubo crisis financieras. Pero desde el año 1970 ha habido 130 entre crisis y perturbaciones del sistema. ¿Por qué? De 1945 a 1970 había control de capitales, supervisión nacional y leyes que impedían que la especulación se llevara como se está llevando ahora. Pero esas condiciones se cambiaron porque se quiso convertir a los financieros en el espacio privilegiado del beneficio. Pero si cambias esas condiciones regulatorias lo que va a ocurrir es que se te van a multiplicar las crisis. Si queremos dominar las crisis sabemos lo que tenemos que hacer: tenemos que controlar los capitales, evitar los productos financieros de altísimo riesgo, vigilar a la banca y no dejar que haga lo que quiera. Y sobre todo, tenemos que limitar el privilegio de crear dinero a través de la deuda y actuar decisivamente contra los que están utilizando esa libertad para producir estafas y engaños.

Vicenç Navarro en una imagen de archivo

  • ¿La crisis es una gran estafa?

Esta crisis es la sucesión de muchas estafas: fue una estafa la difusión de hipotecas basura; fue una estafael papel que jugaron las agencias de calificación al decir que esas hipotecas eran buenas; fue una estafa que los bancos centrales y las agencias de supervisión miraran para otro lado; fue una estafa decir que ayudar a los bancos iba a servir para que aumentara el crédito; han sido una estafa todas las reformas financieras que se han hecho; es una estafa aprovechar la crisis para hacer reformas laborales; es una estafa que se haya querido convertir la deuda privada que han creado los bancos en deuda pública. Todo es una estafa continuada.

  • ¿Hemos tocado fondo?

No quisiera ser muy pesimista pero esto no ha tocado fondo. Empecinarse en políticas de austeridad va a seguir empeorando las cosas.

  • ¿Cómo hemos llegado a esta situación?

Ha habido un cambio en las políticas y en la correlación de fuerzas sociales. Se han adoptado políticas que han provocado una desigualdad muy grande y, por tanto, un reforzamiento del poder de los arriba. En estos momentos el 1% de más rico de los Estados Unidos se queda con el 75% de los ingresos. Eso da un poder tan ingente que permite disponer de medios de comunicación, de escuelas, de universidades, de intelectuales, de tertulianos, de medios de todo tipo para difundir la doctrina neoliberal. Ese bombardeo ideológico dificulta mucho la capacidad de respuesta de la ciudadanía y la difusión de discursos alternativos. Y así es mucho más fácil aplicar políticas que no sirven para lo que dicen servir, sino para aumentar el poder de los bancos y de los especuladores y hacer que la desigualdad sea cada vez mayor.

  • Ustedes denuncian que ese discurso dominante va incluso contra la lógica económica.

Concentrar los recursos en la actividad especulativa, en fomentar una riqueza financiera que no crea actividad económica ni empleo, va en contra de toda lógica. Eso demuestra que la economía está patas arriba. Teóricamente eso no se puede soportar.

  • Estamos asistiendo a un alarmante aumento de la desigualdad social.

Sí, y posiblemente seguirá aumentando. La desigualdad, además de ser algo condenable porque limita la capacidad de desarrollo de los seres humanos, es económicamente nefasta porque provoca que los de abajo cada vez gasten menos y cada vez tengan menos capacidad económica. Por el contrario, los de arriba acumulan un volumen de ingresos que no va al ahorro productivo sino a la especulación.

  • ¿Cómo se puede reducir esa desigualdad?

J.T: Hay que ir a los orígenes del problema. España tiene un mercado de trabajo muy precario que provoca un abusivo incremento de las rentas del capital.También está perdiendo impulso en las políticas sociales y redistributivas que mejoren esa desigualdad originaria. Ahí es donde habría que actuar.

V.N: Las desigualdades sociales continuarán aumentando. La solución es promover las opciones y partidos políticos que se comprometan con la reducción de tales desigualdades.

  • ¿Es la crisis una excusa para desmantelar el Estado de bienestar?

V.N: Sí. Hay un ataque frontal a la España y a la Europa social.

J.T: Más que como excusa, la crisis se utiliza como una oportunidad para poner en marcha las políticas que antes el poder no se atrevía a adoptar por ir en contra de la voluntad de los ciudadanos. Ahora esas políticas de recortes se pueden aplicar con más facilidad.

  • ¿Son partidarios de convocar un referéndum sobre las políticas del Gobierno del PP como propone la Cumbre Social?

Completamente. Nos parece que es algo elemental que los ciudadanos se pronuncien sobre las medidas que toman los Gobiernos. Eso es la democracia. Estamos asistiendo a un pulso histórico: Como decía Habermas, hace unos meses se está desmantelando la democracia en Europa y lo vemos día a día. Ni siquiera la voz de un Parlamento es hoy en día capaz de frenar las medidas que están tomando los Gobiernos sometidos a los poderes financieros. La única fuerza que puede cambiar el rumbo de las cosas es la fuerza de la gente, movilizándose y actuando como se ha actuado cada vez que se han producido importantes transformaciones sociales: desobedeciendo a lo que es injusto y reclamando cosas diferentes. Ese poder de la gente es un poder invencible. En España lo vimos cuando la guerra de Irak. No hay fuerza alguna que se le pueda poner enfrente.

  • ¿El rescate de la banca va a resolver los males del sector financiero? ¿Era necesario?

Con el rescate bancario se está echando agua en un colador. Nosotros creemos que lo que tendría que haberse rescatado era el sistema financiero en su conjunto y no a bancos que eran irrescatables. El rescate ha estado técnicamente mal hecho y políticamente mal justificado. No era eso lo que había que hacer.

V.N: El rescate bancario es una estafa monumental. Es la ayuda masiva a la banca española y a la banca alemana. La evidencia de que esto es así es abrumadora.

  • ¿Se tendría que haber dejado caer a algún banco?

V.N: Sí.

J.T: Si un banco ha actuado de manera irresponsable y fraudulenta, pues que afronte las pérdidas que tenga que afrontar. El Estado tiene que garantizar que esa caída del banco no provoque un problema en el conjunto de la economía, pero eso no pasa por rescatar a personas que han engañado y que han desarrollado una mala gestión, sino por crear otrasfuentes de financiación alternativas para que la economía siga funcionando. La prueba de que el rescate de la banca no ha funcionado es que después de haberse hecho no se ha resuelto lo fundamental: que las empresas y los consumidores dispongan de crédito.

  • Eso no es lo que dicen los grandes bancos. El pasado mes de septiembre el presidente del BBVA dijo: “No hay crédito porque ya no nos piden crédito”.

Decir eso es una irresponsabilidad y una falacia. Es incalificable que el presidente de un banco diga eso. Es evidente que hay miles de empresarios que ya no piden crédito porque han tenido que cerrar precisamente por esa falta de crédito.

  • ¿Qué responsabilidad tiene el Banco Central Europeo?

El Banco Central Europeo (BCE) es una pieza de primer orden para explicar lo que ha ocurrido. El BCE no es un auténtico banco central, es una entidad al servicio de
los bancos privados. Su constitución hace que los países del euro estén cojos pues no pueden contar con un instrumento fundamental: la financiación que en última instancia les proporciona un banco central. Le pongo un ejemplo: si desde 1989 hasta el año 2011 la deuda que ha ido generando España se hubiera financiado al 1% por un Banco Central Europeo, la deuda pública que ahora tendríamos sería del 14% del PIB, pero al financiarse por la banca privada alcanza el 90% del PIB.

  • Es decir, España tiene una deuda inflada artificialmente.

La deuda pública de España no está generada ni por las autonomías ni por el despilfarro, por muchos excesos que se hayan cometido. Nuestra deuda proviene de una acumulación de intereses provocada por la falta de un auténtico banco central. Los países de la Eurozona pagan 350.000 millones de euros en intereses y eso genera aún más deuda a esos países. En España hemos pagado más de 200.000 millones sólo en intereses desde 1990. Estamos recargando nuestra deuda de una manera artificial e innecesaria.

  • ¿Por qué el BCE no actúa como un auténtico banco central?

Las atribuciones del BCE se impusieron por parte de la banca privada europea, que quería conservar su negocio, que es prestar dinero y crear deuda. Lo que decían los bancos era: “Si el BCE va a prestar dinero, entonces no lo voy a prestar yo, y si yo no presto entonces dejo de ganar’.

  • ¿Es positiva la creación de la unión bancaria y de un supervisor europeo?

Sí, sin duda. Lo que no tiene lógica es que en Europa haya 27 supervisores bancarios cuando los bancos operan a nivel europeo. Hay 27 supervisores bancarios porque esa es la manera de que los bancos no sean supervisados. Debería haber un supervisor europeo a la escala a la que actúan los bancos: si los bancos son internacionales tiene que haber un supervisor internacional, si son nacionales tiene que supervisarlos un supervisor nacional. El supervisor tiene que ser un buen supervisor: hay que plantear quien vigila a los vigilantes. Porque si el supervisor va a ser un socio de los supervisados, pues entonces lógicamente no adelantaremos nada. Tendría que ser un supervisor independiente, controlado por los parlamentos y con garantías de que sus miembros son personas honestas y libres.

  • Hay mucho que supervisar: los excesos de la banca han sido numerosos.

Lo que han hecho los bancos en estos últimos años es de una tremenda irresponsabilidad: las preferentes, los créditos, etcétera. La degeneración del negocio bancario ha sido terrible por la falta de regulación, la confusión de la banca tradicional con la banca de inversión y por la especulación sin freno. Hoy día la banca necesita una depuración total.Ya lo decía Keynes: a nadie se le ocurre construir un casino en el centro de la ciudad, en el sitio más visible y más accesible y, además, poner la entrada barata. Así creas la ruina. Y eso es lo que se ha hecho en todo el mundo: se ha dado todo tipo de facilidades a los especuladores. El Banco de España sabía lo de las preferentes, sabía lo que estaba pasando y no hizo nada. Los inspectores lo denunciaban. Lo que ha pasado es muy grave.

  • ¿Limitar el poder de los bancos?

En los años 60 el coeficiente de caja que tenían que tener los bancos era del 30% eso significaba que sólo el 70% de los depósitos se destinaba a crear dinero financiero. Hoy en día esecoeficiente de caja es del 2%. Hasta los liberales consecuentes, no los liberales que hay en este país perfectamente se podría el sistema de creación de dinero bancario.

  • ¿Se puede limitar el poder de los bancos?

El negocio de los bancos es crear dinero de la deuda, por tanto hay que cortar de raíz su capacidad para crear esa deuda, su capacidad para crear dinero financiero de la nada, en definitiva. La única solución que tiene la economía mundial es cortar ese privilegio, limitar el dinero del depósito de sus clientes que se destina a la especulación y a la deuda. Le pongo un ejemplo: en los años 60 el coeficiente de caja que tenían que tener los bancos era del 30%, eso significaba que sólo el 70% de los depósitos se destinaba a crear dinero financiero. Hoy en día ese coeficiente de caja es del 2%. Hasta los liberales consecuentes, no los liberales que hay en España, saben perfectamente que se podría cercenar el sistema de creación de dinero bancario.

  • Otra de las soluciones que ustedes proponen es la creación de una banca pública. ¿No sería este un buen momento para hacerlo aprovechando la inyección de dinero público en Bankia y en el resto de cajas intervenidas?

V.N: Es necesario que el tamaño del sector bancario disminuya y sea sustituido en parte por bancas públicas que garanticen el crédito.

J.T: En España hubo una magnífica banca pública que funcionó perfectamente. El problema de las cajas de ahorro no es que hayan sido públicas, sino que han actuado como entidades privadas. Las cajas tendrían que haber sido sometidas a principios de actuación de servicio público. Eso no se ha hecho porque los grandes bancos están tratando de salir de la quiebra quedándose con todo el mercado y con el propio patrimonio de las cajas.

  • ¿El Estado va a recuperar el dinero público que se ha puesto en los bancos? ¿Qué garantías hay?

Garantías no hay. Lo previsible es que no se vaya a recuperar el dinero. Técnicamente el proceso que se está llevando a cabo no es el más apropiado. El Banco malo que quieren crear difícilmente va a permitir que se recupere el dinero. Ha habido experiencias en otros países, por ejemplo Suecia, donde sí se recuperó y que se podrían haber seguido aquí. Pero no se ha hecho.

portada del libro

  • ¿El banco malo entonces no va a solucionar nada?

El banco malo es una oportunidad perdida, no va a funcionar bien porque no va a ser posible que se capitalice con dinero internacional. Pero no es sólo por eso: pimero, la experiencia demuestra que los bancos malos funcionan cuando se crea banco a banco (el banco malo de un banco); segundo, no se va quedar con todos los activos; tercero, no se sabe con qué activos se va a quedar. Lo primero que habría que haber hecho es una lectura de cuál es exactamente la bolsa de activos inmobiliarios que tiene cada banco, uno a uno, y no hacerlo en términos genéricos. Además, el banco malo tendría que valorar de otra manera los activos inmobiliarios. Todo indica que va a valorar favorablemente a la banca los activos inmobiliarios y luego dar lugar a que el Estado absorba las pérdidas cuando se acumulen una serie de activos inmobiliarios a los que no se va a poder dar salida.

  • Recientemente varios países europeos han acordado impulsar una tasa que grave las transacciones financieras, la llamada tasa Tobin ¿Es una solución?

La tasa Tobin nunca se ha planteado como una solución. Es un instrumento que puede meter un palo en las ruedas de la especulación y proporcionar ingresos muy importantes a los Estados. Pero eso no es una solución, es un paliativo. Aún no sabemos cómo se va a aplicar, qué alcance va a tener, cuál va a ser su forma de operar. Por tanto, cabe pensar que a lo mejor esto ha sido la típica cortina de humo para que los Gobiernos digan “estamos tomando medidas muy progresistas para ver si sacamos las cosas adelante”.

  • Una de las cosas que más puede indignar a los lectores del libro es el capítulo dedicado a lo que ustedes llaman “terrorismo financiero”. Dicen que el dinero mata, literalmente, sobre todo el que se gana con la especulación en los mercados alimentarios.

No hay derecho a que fondos especulativos estén provocando artificialmente la subida del precio de los alimentos y que eso esté matando a millones de personas. ¿A la población mundial eso le da igual? Que especulen con otra cosa, pero que no maten a la gente de hambre. Eso debería ser considerado como un delito económico contra la humanidad perseguido por tribunales internacionales. Algún día esa figura penal llegará, igual que llegó la abolición de la esclavitud, el voto femenino o el fin de la segregación racial en Estados Unidos.

  • Hablan de los paraísos fiscales, que están más extendidos de lo que la gente piensa ¿Cómo se puede luchar contra ellos?

Los paraísos fiscales no han existido siempre, nacieron a partir de una determinada legislación y otra ley puede impedir su existencia. Es fácil acabar con ellos si se tiene voluntad y poder político para tomar esa decisión. Pero si los que están gobernando son cómplices de quienes utilizan esos paraísos fiscales, entonces es imposible. Gibraltar no podría actuar como paraíso fiscal si España no le diera las líneas de teléfono, así de fácil.

  • ¿Un ‘corralito’  como el que hubo en Argentina está descartado en España?

No, aún puede ocurrir. El corralito en Argentina no fue una necesidad técnica, para nada. Fue una medida de defensa en un momento en que la banca cogió el dinero y salió corriendo. En España el corralito ya se debería haber adoptado para que no se lleven lo que se están llevando.

  • ¿La banca ética es una buena alternativa a la banca tradicional?

En España está creciendo. Hay experiencias en otros países que son muy interesantes. En Suecia hay bancos que funcionan sin interés. Una de las cosas buenas que tiene la crisis es que se están desarrollando ese tipo de cosas.

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Los MEDIOS DE INFORMACIÓN españoles y CHÁVEZ

por Vicenç Navarro

Mark Weisbrot, uno de los analistas de la realidad internacional más conocidos y respetados en EEUU, acaba de escribir un artículo sobre Venezuela y sobre América Latina en el International Herald Tribune (10-10-12) que, como era de esperar, ha pasado desapercibido en los mayores medios de información españoles. En realidad, más que pasar desapercibido, ha sido ignorado porque los datos y la exposición de la realidad de aquel continente que presenta Weisbrot muestran los errores, manipulaciones y falta de objetividad que existen en los mayores medios de comunicación de España en sus reportajes sobre América Latina. En realidad, la práctica periodística de tales medios, en su cobertura de aquel continente, responde más al terreno de la propaganda política que al de la información equilibrada que intenta ser objetiva.

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Según esta visión propagandística, Venezuela es una dictadura dirigida por el dictador Hugo Chávez que ha terminado con las libertades en aquel país. A esto se añade también que sus políticas han arruinado su economía. Esta interpretación de la realidad de Venezuela se repite constantemente en la mayoría de los medios españoles, tanto públicos como privados, y tanto escritos como orales. Raramente en tales medios se cita el nombre del Presidente de Venezuela, el Sr. Hugo Chávez, sin anteponerle el calificativo de “dictador”.

Ocultados por esta avalancha propagandística, hay algunos hechos elementales de fácil verificación. Y uno de ellos, como ha señalado Mark Weisbrot, es que la afirmación de que la libertad de prensa ya no existe o está limitada en Venezuela, o que las fuerzas opositoras encuentran dificultades para expresar su crítica al gobierno, carece de credibilidad. A la luz de los hechos, tales acusaciones no son sostenibles. Según la compañía Nielsen Media Research International (una de las compañías, basada en EEUU, de mayor experiencia en el análisis de los medios de información, tanto de EEUU como del mundo) la gran mayoría de canales de televisión en Venezuela son privados, pertenecientes a empresas mediáticas que expresan gran hostilidad hacia el gobierno Chávez. En realidad, la televisión pública -instrumentalizada por el gobierno venezolano- cubre sólo el 5,9% de la audiencia venezolana. Un tanto igual ocurre en la prensa escrita, en la que la mayoría de rotativos, incluyendo los que tienen mayor difusión, como El Nacional, El Universal y otros, son privados, pertenecientes a grupos económicos nacionales e internacionales. Todos ellos son claramente hostiles al gobierno Chávez. Algo semejante ocurre con la radio, donde sólo el 14% es de propiedad pública. La gran mayoría es privada, y es también contraria al gobierno. La oposición controla pues la gran mayoría de medios de información de Venezuela. No es cierto, por lo tanto, que haya falta de fórums para los partidos o movimientos sociales que se oponen al gobierno Chávez. Antes al contrario, los datos muestran que el dominio de los medios está en manos de la oposición.

En realidad, la concentración de los medios y de su propiedad es un fenómeno alarmante para la democracia venezolana (y para la española). Y es previsible que cualquier intento de diversificar la oferta mediática (controlada hoy por grupos económicos) por parte de las autoridades públicas para asegurar una mayor diversidad, genere resistencia sustentada bajo la premisa de defender la “libertad de prensa”. Esto es lo que está ocurriendo en la mayoría de países de América Latina con gobiernos progresistas. En todos ellos hay un conflicto con los conglomerados mediáticos. Mientras, hay que señalar que hay más medios de información venezolanos que critican al jefe del Estado en Venezuela que medios de información españoles que critiquen al jefe del Estado en España. Y hay muchísimos más medios de derecha en Venezuela que medios de izquierda en España. En realidad, en España, con la desaparición del diario escrito Público, no hay ni un rotativo de izquierdas. ¿Dónde hay, pues, más “libertad de prensa”?

La falta de diversidad de los medios españoles y sus consecuencias

Es precisamente la limitada libertad de prensa en España lo que explica que la visión de América Latina entre la población española sea tan sesgada. Los medios españoles, instrumentalizados los privados por grupos económicos y los públicos por los partidos gobernantes, proyectaron sus deseos al informar que el Presidente Chávez perdería las elecciones. En realidad, todas las encuestas fiables mostraban que Chávez ganaría por amplia mayoría, como así fue (ver David Rosnick Adjusting for Polling Biases in Venezuela’s 2012 Presidential Election. Octubre 2012), en unas elecciones limpias, tal como reconoció el candidato opositor. La victoria del candidato Chávez fue contundente (55% versus el 44,2% para su adversario, con un 81% de participación electoral), en uno de los sistemas electorales más democráticos de América Latina. Como ha indicado el Centro del ex presidente Carter de EEUU (que evalúa y supervisa las elecciones en varias partes del mundo), las elecciones en Venezuela han sido limpias y reflejan justamente el sentir popular. Cito directamente del informe del Centro Carter: “Aunque algunos criticarán los resultados que dieron a Chávez la victoria, nuestra observación nos permite concluir, sin lugar a dudas, que Chávez venció las elecciones justamente y sin artimañas. En realidad de todas las elecciones que hemos supervisado, las elecciones venezolanas son las mejores del mundo. Los venezolanos tienen un excelente sistema electoral…” (citado en Keane Bhatt, “A Hall of Shame for Venezuelan Elections Coverage. North American Congress in Latin America News Analysis”)

¿Qué ocurre en  Venezuela?

La popularidad del Presidente Chávez se debe a que dio prioridad en sus políticas públicas a atender las necesidades de las clases populares, con especial atención a los sectores más vulnerables. Según el Gabinete de Estudios de América Latina del Center for Economic and Policy Research (CEPR), la pobreza en aquel país ha descendido durante el mandato de Chávez un 50% (y la pobreza extrema un 70%), un hecho único en América Latina. Tales datos han sido también documentados por la conocida publicación del mundo empresarial de EEUU, la Bloomberg BusinessWeek, que en un informe sobre Latinoamérica concluye: “Bajo Chávez, la pobreza pasó de representar el 50% de la población cuando ganó sus primeras elecciones, a un 31,6% en 2011. Y la pobreza extrema pasó de un 20% a un 8,5% durante el mismo periodo. Venezuela tiene el nivel de desigualdades más bajo de América Latina y el Caribe, según las Naciones Unidas” (07.10.12). (Es importante señalar, por cierto, que debido a la protesta de varios empresarios estadounidenses, tal conclusión fue eliminada del informe, tras haberse ya publicado).

Sin lugar a dudas, el gobierno Chávez ha sido uno de los que ha tenido mayor sensibilidad social en América Latina. Además de la notable disminución de la pobreza, ha llevado a cabo campañas de alfabetización y escolarización masivas, que han doblado su cobertura durante el mismo periodo antes citado, cuadriplicando, además, la cobertura del sistema de pensiones públicas. Semejante expansión ha ocurrido con el sistema público sanitario, alcanzando a sectores de la población que no habían visto un médico en su vida. Y ha priorizado últimamente un programa sumamente popular, el de construcción masiva de vivienda pública. Todos estos hechos explican su popularidad.

Y este desarrollo social se ha realizado junto con unas políticas económicas que han activado el crecimiento. Un dato resume el éxito de sus políticas económicas. Desde el año 1980 hasta 1998, periodo durante el cual los gobiernos de Venezuela aplicaron políticas de claro corte neoliberal, el PIB per capita cayó un 14%. Desde 2004, cuando el Presidente Chávez tomó el control de la producción de petróleo en su país, el PIB per capita ha crecido un 2,5% cada año en promedio. Como bien subraya Mark Weisbrott, el supuesto “colapso de la economía venezolana” ha sido una de las predicciones más frecuentes en los medios de información españoles hostiles al gobierno Chávez. En realidad, las tasas de crecimiento económico de Venezuela (4,2% del PIB en 2011 y 5,6% en 2012) han sido mucho mayores que las españolas (Un caso abusivo de desinformación sobre América Latina y sobre Venezuela son los artículos de Moisés Naím en El País, que ha estado prediciendo el colapso de la economía venezolana año tras año. Tal rotativo no ha informado de que dicho columnista fue miembro del gobierno venezolano y del Banco Central Venezolano que aplicó las políticas económicas y financieras neoliberales responsables del descenso de la capacidad adquisitiva de las clases populares de aquel país, tal como he citado anteriormente, y que el gobierno Chávez ha revertido).

El daño que hace la falta de pluralidad de los medios en España

La falta de diversidad mediática es uno de los mayores problemas que tiene la democracia española. Su cobertura de la realidad de América Latina en general y de Venezuela en particular es sesgada en extremo, alcanzando niveles bochornosos. Lo que hace no es informar, sino hacer propaganda profundamente conservadora, hostil hacia los partidos y movimientos progresistas, y en defensa a ultranza del neoliberalismo económico, cuya aplicación en Latinoamérica en los años noventa condujo a uno de los periodos en la historia reciente de aquel continente con mayor ineficiencia económica, mayor crecimiento de las desigualdades y mayor pobreza. Tal ideología está bien representada por los escritos de Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura, que escribe habitualmente en El País, y que parece configurar la interpretación que tal rotativo presenta sobre aquel continente. Es la opinión de la ultraderecha neoliberal, que en EEUU representa el Tea Party, y que en España representa la que fue hasta hace poco Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Esperanza Aguirre, de la cual Mario Vargas Llosa es profundo admirador, habiendo incluso indicado que si la Sra. Aguirre fuera la que gobernara en España (la pesadilla de millones de españoles), España no estaría en la crisis en la que se encuentra. Ésta es la versión de la realidad, tanto de España como de América Latina, que se presenta en la mayoría de los medios de mayor difusión, a los que se atribuye una objetividad y equilibrio inexistentes en sus reportajes.

Ni que decir tiene que la crítica al gobierno Chávez es necesaria en las áreas en las que aquel gobierno es mejorable. El excesivo presidencialismo es una de ellas. Pero la misma prensa que critica a Chávez por ello, permanece silenciosa en relación al abusivo presidencialismo de los sucesivos gobiernos españoles. Algo parecido ocurre con la violencia en Venezuela, presentada errónea y maliciosamente como el país con mayor cantidad de homicidios de América Latina. Tal violencia, común en muchos países de América Latina, es denunciable. Pero los medios súper críticos con el gobierno Chávez han permanecido en un silencio ensordecedor frente a la enorme violencia de Honduras, el país más violento de América Latina, con el agravante de que gran parte de tal violencia es política (lo cual no es el caso de Venezuela, cuya violencia es por delitos comunes), como consecuencia de una brutal represión por parte del gobierno hondureño, cuyo partido pertenece, por cierto, a la misma Internacional Liberal que el partido gobernante en Catalunya, Convergencia Democrática, sin que este partido catalán haya protestado por tal represión.

Otro silencio ensordecedor aparece en la crítica de la alianza del gobierno Chávez con el sistema dictatorial de Irán. No tengo ninguna simpatía por tal régimen. Antes al contrario. Pero la política (que considero desacertada) de que el adversario de tu adversario es tu amigo, lleva a unas alianzas en la ­­­­­­­­­geopolítica que determinan unos apoyos frecuentemente cuestionables. La crítica a esta alianza Venezuela-Irán por parte de los citados medios pierde credibilidad, sin embargo, cuando se compara con su silencio respecto a las alianzas  tanto de EEUU como de la Unión Europea con el Estado de Israel, a pesar de los horrores y brutalidades documentadas que se están realizando en contra del pueblo palestino por parte de aquel Estado.

Los costes para España de tener tales medios de información y persuasión

El comportamiento tan sesgado de los medios españoles sobre Venezuela y sobre América Latina está perjudicando enormemente a la comprensión de lo que ocurre en aquel continente. Tales medios intentan dividir los gobiernos entre buenos (Lula) y malos (Chávez) creando divisiones falsas que no ayudan a entender lo que ocurre. En realidad, Lula apoyó a Chávez, indicando que “una victoria de Chávez será una victoria no sólo para el pueblo de Venezuela, sino también una victoria para todos los pueblos de Latinoamérica”. Hoy, al periodo neoliberal de los años ochenta y noventa le ha sucedido uno con una larga lista de gobiernos de izquierda que intentan transformar profundamente sus sociedades a partir de procesos democráticos que exigen un cambio muy notable de las relaciones de poder controladas por grupos económicos y mediáticos que se resisten a tales cambios. Todos estos gobiernos (Rafael Correa en Ecuador, Luiz Inácio Lula da Silva y ahora Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia, José Mújica en Uruguay, Cristina Fernández en Argentina, y otros) están intentando democratizar sus sociedades, lo que implica un cuestionamiento de la monopolización de la información en los medios, lo cual explica su “mala prensa”. El día que España tenga un gobierno que sea de izquierdas e intente semejante democratización, veremos también su “demonización”.

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TRANSICIÓN ESPAÑOLA y CRISIS FINANCIERA

Conferencia del profesor Navarro:

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Por qué los salarios son tan bajos en España

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Una de las características del mercado de trabajo español, acentuada durante la crisis actual, es el bajo nivel de los salarios de la gran mayoría de las personas que están trabajando. Y otra característica que complementa la anterior, es la gran dispersión salarial existente entre la población asalariada, es decir, la elevada distancia que hay entre los salarios de los mejor pagados y los peor pagados. Veamos los datos.

Según el Instituto Nacional de Estadística (en su sección “asalariados y percepciones salariales por tramos”), alrededor de 7,8 millones de personas recibieron menos de 1.000 euros al mes en el año 2010. Son los llamados mileuristas. Representan el 43% de todos los asalariados y reciben el 13% de todo el dinero que el país se gasta en salarios (lo que se llama masa salarial). En el otro polo, nos encontramos con los mejor pagados, que ingresan más de 4.000 euros al mes y que representan el 7% de todos los asalariados y reciben el 25% de la masa salarial. En otras palabras, este grupo minoritario recibe un cuarto de todos los salarios. Dentro de los asalariados hay pues unas enormes diferencias. El 43% recibe sólo el 13% de todo el dinero que se gasta en salarios y el 7% percibe el 25% ¡Una gran diferencia!

¿A qué se debe tal polarización salarial?

La respuesta tradicional que da la sabiduría convencional que se reproduce en la mayoría de medios de información del país, incluidos los medios económicos, es que tales diferencias de salarios se deben a las diferencias en productividad. A mayor productividad mayor salario. En esta explicación, la productividad es la variable que determina el nivel salarial. Pero lo que se olvida en esta explicación es que la causalidad va también en sentido opuesto. Es decir, los salarios determinan también la productividad. Y no me estoy refiriendo sólo al hecho bien documentado de que a mayor salario y mayor satisfacción del trabajador hay mayor productividad, sino a otro hecho (también bien documentado) que muestra que si al empresario se le imposibilita pagar salarios bajos, éste invertirá para aumentar la productividad del puesto de trabajo, a fin de que con un número menor de trabajadores se consiga la faena que harían muchos más trabajadores mal pagados. Cuando un empresario paga bajos salarios, consigue baja productividad. Y esto es lo que ocurre en España.

Un caso claro de este hecho lo encontramos en las labores agrícolas como la vendimia. Si el dueño de una viña tiene muchos candidatos para un puesto de trabajo es probable que pague muy poco al trabajador. Si en cambio, por ley, el empresario tuviera que pagar salarios altos, invertiría para que la productividad aumentara y así necesitar menos trabajadores. Pero esto no ocurre en España. El salario mínimo interprofesional español es de los más bajos de la Unión Europea. Una manera de comparar el salario mínimo entre países es ver lo que tal salario mínimo representa de la renta nacional definida por el PIB per cápita. Pues bien, según los datos de Eurostat, el salario mínimo español representa el 39% del PIB per cápita en España, uno de los más bajos de la UE, junto con Estonia, entre otros. En Francia es el 54,% en Bélgica el 52%, en Inglaterra el 49%, en Holanda un 48%, y así un largo etcétera. Si el salario mínimo español aumentara para homologarse al de los países con un nivel de desarrollo económico similar al nuestro, se forzaría al mundo empresarial a invertir para aumentar la productividad.

La productividad no es la única que determina el nivel salarial

El nivel salarial no depende sólo del nivel de productividad, lo cual se ve con toda claridad cuando comparamos salarios entre varios países en sectores de semejante productividad, tales como la industria manufacturera. El PIB per cápita de España es un 16% más bajo que el de Alemania (este porcentaje es la diferencia entre el PIB per cápita de 2010 español y el alemán, en unidades de paridad de poder adquisitivo, en términos porcentuales respecto al alemán). En cambio, el coste por hora de la mano de obra en la manufactura es un 30% inferior en España que en Alemania. Tal diferencial no puede explicarse por el diferencial en productividad, semejante en el sector manufacturero. Una situación similar ocurre en la comparación con Francia, donde el PIB per cápita español es sólo un 7% inferior, mientras que el coste por hora de la mano de obra es un 27% menor. Tales diferencias no pueden atribuirse a diferencias en productividad (ver el trabajo de Enrique Negueruela “Un nuevo papel en Europa para los países del sur”).

Otros factores además de la productividad determinan el nivel salarial

La causa mayor del bajo nivel salarial para grandes sectores de la población es la debilidad del mundo del trabajo frente al mundo empresarial que se basa en dos hechos. Uno es el elevadísimo desempleo que España siempre ha tenido. El desempleo debilita al mundo del trabajo. Crea inseguridad y miedo. Y los trabajadores aceptan salarios bajos y condiciones de trabajo peores. De ahí que haya una política del empresariado español para facilitar el despido y aumentar el desempleo, debilitando así el mundo del trabajo. Las reformas laborales de los gobiernos recientes (y muy acentuadas en el actual) han tenido tal objetivo, como lo muestran el aumento del desempleo y la bajada de salarios producidas cada vez que se ha llevado a cabo una reforma laboral.

La otra causa de la debilidad del mundo del trabajo es la escasez de puestos de trabajo. El porcentaje de la población que trabaja ha sido históricamente bajo y ello se debe, en gran parte, no a aspectos culturales que constantemente se utilizan como justificación, sino a la escasísima oferta de puestos de trabajo. Hasta 2007 la tasa de actividad de España, que refleja el porcentaje de la población en edad de trabajar que está en el mercado de trabajo, ya sea empleada o desempleada, había estado por debajo de la UE15 (en 1992 la tasa de actividad en España era del 58% frente al 67% de la UE15 en promedio, es decir, casi diez puntos porcentuales por debajo). A partir de este año la población activa en proporción al total de la población en edad de trabajar es superior en España que en la UE15 en promedio, llegando a situarse en 2011 en el 74% en España frente al 73% en la UE15. Sin embargo, la tasa de empleo (que es la tasa de actividad menos el desempleo), que refleja las personas que tienen trabajo respecto al total de las que están en edad de trabajar, que desde 2005 se mantuvo en el promedio de los países de la UE15, en España disminuyó. Así, en 2011, mientras que en España sólo el 58% de los que estaban en edad de trabajar tenían un empleo, en la UE fueron el 66%. Es decir, aunque en España ha aumentado el porcentaje de gente que quiere trabajar, el porcentaje de los que consiguen un empleo ha disminuido, aumentando el diferencial con los países de la UE15. Este es un problema grave de la economía española que raramente aparece en los medios.

El escaso desarrollo del estado del bienestar en España

Y una de las razones de esta escasez de puestos de trabajo es el escaso desarrollo de los servicios públicos del estado del bienestar. Sólo un adulto de cada diez trabaja en España en tales servicios (como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios o servicios sociales, entre otros). En Suecia es uno de cada cuatro. Si este porcentaje se aplicara a España, nuestro país tendría cinco millones más de trabajadores (eliminando, por cierto, el desempleo). Es más, la eliminación de tal desempleo, permitiría la mayor integración de la mujer en el mercado de trabajo. El trabajo crea la demanda para más puestos de trabajo. Y ahí está el mayor punto débil de la estrategia que se está siguiendo con los recortes de empleo público del gobierno actual. La destrucción de empleo empobrece al país. Se debería crear empleo para que se estableciera la necesidad de tener más empleo. Más empleo quiere decir más riqueza y más demanda, lo cual crea mayor necesidad de empleo. Ahora bien, que haya mucho empleo quiere decir que aumenta el poder del mundo del trabajo que no es lo que desea el mundo empresarial, quien ha estado ganando en su conflicto con el mundo del trabajo. Y los datos así lo muestran. España es uno de los países de la UE que tiene una mayor participación del excedente empresarial (que incluye beneficios empresariales) en la distribución de la renta. En 2007 fue el 41,9%, habiendo sido también el país de la UE15 que tuvo mayor crecimiento de tal excedente empresarial en el periodo 2007-2009, hecho que contrasta con la mayoría de países de la UE donde dicho porcentaje bajó durante este periodo. Es lo que solía llamarse lucha de clases, que la gana, en bases diarias, la gran patronal a costa del mundo del trabajo. Es en los países nórdicos de Europa, donde el mundo del trabajo ha sido fuerte, donde el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios del estado del bienestar es más elevado, con mayores tasas de ocupación y con menor desempleo. Es en países como Grecia y España, donde el mundo del trabajo es débil, en los que tenemos un porcentaje menor de personas trabajando en su estado del bienestar, menos gente trabajando y mayor desempleo. La tasa de paro es un indicador político que define las relaciones de poder de clase en un país. La transición inmodélica de la dictadura a la democracia en España, perpetuó el enorme poder de las fuerzas conservadoras, lo cual explica que España haya tenido siempre en su periodo post transición un elevado desempleo y que ahora se esté acentuando con la crisis. La causa determinante del paro y de los bajos salarios es política más que económica o financiera. Así de claro.

Artículo publicado en Publico.es
vnavarro.org
Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University 

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El euro no tiene problemas; las clases populares sí que los tienen

Vicenç Navarro

Una de las frases frecuentemente repetida en los círculos económicos en Estados Unidos (y en menor medida en Europa) es “el euro va a desaparecer”. Las personas que repiten esa frase una y otra vez parecen ignorar cómo se fundó el euro, por quién y para beneficio de quién.

 Si supieran la historia del euro, se habrían dado cuenta de que a las fuerzas principales que hay detrás del euro les ha ido muy bien y así les sigue yendo. Mientras ellos sigan beneficiándose de la existencia del euro, el euro va a seguir existiendo.

Empecemos con la historia del Euro y la razón principal de su creación. Después de la caída del Muro de Berlín, parecía que la Alemania Oriental y la Occidental podrían reunificarse y, como era el deseo del establishment de Alemania Occidental, volver a ser, de nuevo, una Alemania unida. Esta posibilidad no era del agrado de la Europa democrática. En dos ocasiones en el siglo XX, la mayoría de los países europeos tuvieron que ir a la guerra para detener las ansias expansionistas de la Alemania Unida. Los gobiernos europeos no estaban contentos de ver a la Alemania del post-nazismo reunificada. El presidente de Francia, François Mitterrand llegó a decir irónicamente que: “Amo a Alemania tanto que prefiero ver dos Alemanias en lugar de una.”

La única alternativa para los gobiernos de la Europa democrática era asegurarse que la Alemania unida no se convirtiera en un país aislado en frente de todos los demás. Alemania tenía que integrarse a Europa. Tenía que ser europeizada. Mitterrand pensaba que una manera de hacerlo era reemplazar la moneda alemana, el marco, por una nueva moneda europea, el euro. Así es cómo se planeó integrar la Alemania unificada del post-nazismo a la Europa democrática.

El establishment alemán puso dos condiciones para aceptar la sustitución del marco alemán por el euro. Una condición fue establecer una autoridad financiera, el Banco Central Europeo, el BCE, que gestionara el euro con el único objetivo de mantener la inflación baja. El BCE debía estar bajo la fuerte influencia (es decir bajo el control) del Banco Central de Alemania, el Bundesbank. La otra condición era establecer el Pacto de Estabilidad, que impone la disciplina financiera a los Estados miembros de la Eurozona. Sus déficits públicos tendrían que mantenerse por debajo del 3% de su PIB, incluso en momentos de recesión.

Para entender por qué los otros países aceptaron estas condiciones, uno tiene que entender que el neoliberalismo (que se inició con el presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos y con la primer ministro Margaret Thatcher en el Reino Unido) era la ideología dominante en esos países. Un objetivo importante dentro de ese dogma neoliberal era reducir el papel del Estado tanto como fuera posible, fomentar la financiación privada y restar importancia a la demanda doméstica como la manera de estimular la economía. En este punto de vista, el principal motor de la economía debía ser el crecimiento de las exportaciones. Éstas son las raíces del problema, no del euro, que está en buen estado de salud, sino del empeoramiento del bienestar de la población en esos países.

El Banco Central Europeo no es un Banco Central

¿Qué hace un Banco Central? Entre otras cosas imprimir dinero  y, con ese dinero, comprar bonos públicos del Estado, asegurándose que las tasas de interés de esos bonos son razonables y no llegan a ser excesivas. Un Banco Central protege a los Estados contra la especulación de los mercados financieros. El BCE, sin embargo, no lo hace. Las tasas de interés sobre la deuda pública de los Estados, en algunos países, se ha disparado debido a que el BCE no ha comprado deuda pública desde hace bastante tiempo. España e Italia son plenamente conscientes de ello.

Lo que hace el BCE, sin embargo, es prestar un montón de dinero a los bancos privados a una tasa de interés muy baja (inferior al 1%) y con este dinero compran bonos públicos emitidos a un interés muy alto (6% a 7% en Italia y España). ¡Se trata de una oferta fantástica para estos bancos!

Desde el pasado mes de diciembre, el BCE ha prestado más de 1 billón de euros  a los bancos privados, la mitad (500.000 millones de euros) a los bancos españoles e italianos. Esta transferencia de fondos públicos (el BCE es una institución pública) para el sector financiero privado se justifica argumentando que esta ayuda era necesaria para salvar a los bancos y, por tanto, asegurar el crédito que se ofrece a la pequeña y mediana empresa y a las familias. Este crédito, sin embargo, no ha aparecido y tanto los individuos como las medianas y pequeñas empresas siguen teniendo dificultades para obtenerlo.

En ocasiones, el BCE compra bonos públicos en los mercados secundarios de los Estados que están en problemas, pero los compra de manera casi clandestina, en dosis muy pequeñas y por períodos muy cortos de tiempo. Los mercados financieros son conscientes de esta situación. Esta es la razón por la que los intereses de los bonos públicos bajan, cuando el BCE los compra, pero luego vuelven a subir, siendo así muy difícil para los Estados poder mantener bajos los intereses de su deuda pública.

El BCE debería anunciar abiertamente que no permitirá que el interés de los bonos públicos sobrepase un cierto nivel, lo que haría imposible para los mercados financieros poder especular con ellos. Pero el BCE no lo hace, dejando a los Estados sin protección frente a los mercados financieros.

En esta situación, el argumento de que España e Italia deben reducir su déficit público para recuperar la confianza de los mercados financieros no es creíble. España ha estado reduciendo su déficit público, mientras que los intereses de su deuda pública ha ido en aumento, lo que demuestra que es el BCE, no los mercados financieros, quien determina el valor de la tasa de los intereses de la deuda.

¿Quién controla el sistema financiero europeo?

En teoría, se suponía que el BCE era el gerente del euro. Pero quien realmente controla el Euro y el sistema financiero europeo es el Bundesbank, el Banco Central alemán. Se diseñó de esa manera, como he señalado anteriormente. Pero ha habido otro hecho que ha incrementado el control del sistema financiero europeo por el Bundesbank y los bancos alemanes: el conjunto de decisiones tomadas por el gobierno alemán, en concreto por el gobierno de Schroeder socialdemócrata (Agenda 2010), y continuada por los gobiernos conservadores de Merkel, que hicieron hincapié en el sector exportador como el principal motor de economía. Oskar Lafontaine, el exministro de Finanzas de Schroeder, quería situar la demanda doméstica como el principal motor de la recuperación económica alemana. Para ello propuso aumentar los salarios y el gasto público. Él perdió y dejó el partido socialdemócrata, formando un nuevo partido, Die Linke  (La Izquierda), y ganó Schroeder (que ahora trabaja para una industria orientada a la exportación). Como consecuencia de que la actividad económica centró el énfasis en las exportaciones (la mayoría a la zona del euro), los bancos alemanes acumularon una enorme cantidad de euros. En lugar de utilizar estos euros para aumentar los salarios de los trabajadores alemanes (lo que habría estimulado no sólo la economía alemana, sino la economía europea en su conjunto), los bancos alemanes optaron por exportar euros, invirtiéndolos en la periferia de la zona euro.

Esa inversión fue la causa de la burbuja inmobiliaria en España. Sin el dinero alemán, los bancos españoles no podrían haber financiado esta burbuja, basada en una especulación enorme.

¿Cuándo aparece la crisis en España?

Cuando los bancos alemanes dejaron de prestar dinero a España como resultado de su pánico (al enterarse de que ellos mismos estaban contaminados con productos tóxicos procedentes de los bancos de Estados Unidos), la burbuja inmobiliaria se derrumbó, creando un agujero en la economía española equivale al 10% de su Producto Interior Bruto (PIB), todo ello en tan solo unos meses. Se trataba de un tsunami económico, un desastre auténtico. Inmediatamente, se pasó de un superávit a un déficit público enorme, como consecuencia de la caída de los ingresos a los Estados. Tal déficit no fue un resultado del crecimiento del gasto público (España tiene una de las tasas más bajas de gasto público per cápita entre la UE-15), sino del dramático descenso de los ingresos debido al colapso económico. El énfasis de la “troika” (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) en que España necesita reducir su gasto público está profundamente equivocado, pues el déficit público no ha sido causado por un crecimiento de los gastos (como han sugerido los comentarios frívolos de la Canciller Merkel sobre la “extravagancia del sector público español”). Esos recortes están dando lugar a otra recesión.

¿Cuál es la finalidad de la ayuda financiera?

La retórica oficial afirma que las autoridades financieras de la zona euro han puesto a disposición de España 100.000 millones de euros para ayudar a sus bancos. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Los bancos españoles y el Estado español están profundamente en deuda. Le deben mucho dinero a los bancos extranjeros, incluidos los bancos alemanes, que han prestado casi 200.000 millones de euros a España. Estos bancos están gritando al cielo para recuperar su dinero. Es por eso que los 100.000 millones de euros han sido aprobados por el Parlamento alemán. Peter Bofinger, asesor económico del gobierno alemán, lo expresó muy claramente:

“Esta ayuda no es a estos países en problemas (como España), sino a nuestros propios bancos que poseen una gran cantidad de deuda privada en esos países.” (Pratap Chatterjee “Bailing out Germany: The Story Behind the European Financial Costs” [28/05/42]). No se podría haber dicho mejor.

Si las autoridades europeas hubieran querido ayudar a España deberían haber prestado ese dinero a un interés muy bajo a las agencias de crédito públicas españolas (como el ICO, Instituto de Crédito Oficial), a fin de resolver el enorme problema de la falta de crédito en España. Esta alternativa, por supuesto, nunca fue tenida en cuenta.

¿Dónde está el supuesto problema con el euro?

El hecho de que España tiene un enorme problema de falta de liquidez no significa que el euro esté en problemas. Muchos gobiernos regionales no pueden pagar sus servicios públicos debido a la falta de dinero. Es un hecho que las enormes diferencias en la disponibilidad de crédito dentro de la zona del euro están beneficiando a los bancos alemanes. Hoy en día, hay un flujo de capital desde España a Alemania, enriqueciendo a los bancos alemanes y determinando que los bonos públicos alemanes sean muy seguros. El hecho de que hay una crisis enorme, con grandes tasas de desempleo en los países periféricos no significa, sin embargo, que el euro esté en crisis. Estaría en crisis sólo si estos países periféricos, entre ellos España, abandonaran el euro. Eso significaría el colapso de los bancos alemanes y del sistema financiero europeo. Pero esto no va a suceder. Las medidas que se están adoptando en España y otros países de la periferia (con el apoyo de la Troika) por sus gobiernos son las medidas que las fuerzas conservadoras que tales gobiernos representan siempre han soñado: recortar los salarios, eliminar la protección social, desmantelar el Estado del Bienestar, y así sucesivamente. Tales gobiernos dicen que lo están haciendo debido a las instrucciones que reciben de Bruselas, de Frankfurt y/o de Berlín. Ellos están transfiriendo la responsabilidad a los agentes extranjeros, que supuestamente les están obligando a hacerlo. Es la exteriorización de la culpa. Su lema principal es: “No hay alternativa”.

Cuando el Sr. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, pide al Sr. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español (el gobierno más conservador en la Unión Europea, próximo a la ideología del grupo ultraneoliberal conocido como  el Tea Party de los Estados Unidos), él le dice que con el fin de ayudarlo, tendrá que hacer reformas en el mercado de trabajo (es decir, facilitar a los empleadores a despedir a los trabajadores). Rajoy está muy abierto a tal instrucción. En una reciente conferencia de prensa (9 de agosto de 2012), el Sr. Draghi fue muy claro. El BCE no va a comprar bonos públicos españoles a menos que el gobierno español tome medidas difíciles, impopulares como la reforma del mercado laboral, la reducción de las prestaciones de jubilación, y la privatización del Estado del Bienestar. El gobierno de Rajoy estará encantado de seguir estas instrucciones. Ya ha hecho muchos recortes y tiene proyectados 120.000 millones de euros más en recortes dentro de los próximos dos años.

El euro y su sistema de gobierno están trabajando muy bien para aquellos que tienen la voz principal dentro de la Eurozona hoy en día. El BCE está instruyendo a los gobiernos de la zona monetaria a desmantelar la Europa social y lo están haciendo. Es lo que mi buen amigo Jeff Faux, fundador del Economic Policy Institute en Washington, solía llamar “las alianzas de las clases dominantes a nivel internacional”, es decir, la alianza entre las clases dominantes de todo el mundo. Esa alianza está claramente operando en la zona del euro en la actualidad. Es por ello que el euro va a existir  por mucho, mucho tiempo.

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Cómo se comportan y cómo son los súper ricos

  Vicenç Navarro, en Público

Uno de los argumentos más utilizados para no aumentar los impuestos de las personas con mayores rentas es que tales impuestos desincentivan el ahorro y la inversión productiva de tal ahorro, una inversión productiva que crea empleo. Este argumento se reproduce constantemente, una y otra vez, en la mayoría de medios de información y persuasión del país, subrayando que no hay que penalizar a los productores de riqueza y puestos de trabajo.

El problema con este argumento es que, por mucho que se repita, no tiene evidencia que lo avale. Un estudio reciente de una empresa de análisis de mercados (Market Watch) analizó recientemente qué hacen los súper ricos con su dinero (“Where the Rich are Keeping their Money”). Y aunque no es fácil encontrar esta información, algo sí que se pudo ver. Pues bien, la enorme cantidad de dinero que tienen los súper ricos no se invierte en lo que se llama economía productiva, es decir, donde se producen puestos de trabajo. El 90% estaba en compra y venta de propiedad inmobiliaria, en bonos del Estado, en cuentas personales y en otras actividades de uso personal o actividad especulativa. Sólo un 1% se invertía en el establecimiento de nuevas empresas que produjeran empleo. Otros estudios han llegado a conclusiones semejantes. En la encuesta Mendelsohn Affluent Survey alcanza un porcentaje sólo ligeramente superior, un 2%. En realidad, en un sorprendente momento de franqueza del medio más cercano al mundo financiero, el Wall Street Journal, indicó que el gran impacto positivo para las rentas superiores que supuso el gran recorte de impuestos para los súper ricos que aprovó la administración Bush “condujo al peor periodo de creación de empleo en la reciente historia del país” (citado en “Three Big Lies of the Super-Rich”, de Paul Buchheit).

De estos datos debería deducirse que una mejor manera de crear empleo hubiera sido gravar a los súper ricos y con este dinero el Estado debería crear puestos de trabajo, propuesta que, a pesar de ser razonable y justa, nunca se verá en los medios de mayor información y persuasión del país que transmiten la imagen de que hay que mimar a los súper ricos para que no se vayan a otros lugares.

¿Hay que estimular la aparición de grandes empresarios? 

Otro argumento que también se reproduce constantemente en la cultura neoliberal, ampliamente dominante en los medios de información y persuasión de mayor difusión, es la necesidad de estimular la creatividad individual empresarial, enfatizando la gran importancia que tal esfuerzo individual ha tenido en el progreso de un país. Constantemente se cita a grandes emprendedores, como Bill Gates, para señalar la importancia de tal creatividad empresarial individual. Paul Buchheit señala, sin embargo, que la historia real difiere considerablemente de la imagen idealizada de tal emprendedor. Bill Gates adaptó con gran oportunismo el conocimiento generado por muchos ingenieros que le precedieron, copiando a otros expertos, sin que estos otros nombres aparecieran en su biografía. Lo que se considera un acto individual fue una producción de conocimiento colectivo, que en otro tipo de sociedad se hubiera reconocido y presentado como un esfuerzo de equipo y no cómo personal. La historia del mundo empresarial está llena casos como éste. Lo que se presenta como una iniciativa individual empresarial está basado en un esfuerzo colectivo, utilizado, manipulado (y a veces explotado) sólo por un individuo cuyo conocimiento deriva y/o está expropiado de otros. Buchheit también se refiere al caso del supuesto inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, quien recibe todos los honores, cuando muchas otras personas habían contribuido y sabían como establecer el teléfono, pero no tenían el dinero para poder patentarlo antes que Bell.

La falsedad del concepto de capitalismo popular 

Otro argumento que se ha estado promoviendo en defensa del sistema económico actual es que hoy estamos viviendo en la época del capitalismo popular, como consecuencia de que la mayoría de la ciudadanía tiene acciones en la Bolsa. En este argumento se asume que todo el mundo sigue con gran interés los vaivenes de la Bolsa, porque les afecta personalmente. Cuando la Bolsa se dispara se nos dice que todos nos beneficiamos.

De nuevo, la evidencia cuestiona tal argumento. La propiedad de las acciones está enormemente concentrada. Así, por ejemplo, en EEUU, sólo el 10% de propietarios de acciones tiene más del 80% de todas ellas. La gran mayoría de accionistas tiene un número muy menor de acciones. Es más, los grandes cambios de la Bolsa afectan primordialmente al 5% de los accionistas que ganan más de 500.000 euros al año. Al resto, tales variaciones les afectan mucho menos. Y últimamente, los cambios fiscales han beneficiado enormemente a estos grupos minoritarios. En general, pagan en impuestos sólo el 15% de su renta derivada de la propiedad de las acciones, lo cual ha facilitado que en sólo seis años (2001-2007) doblaran sus ingresos. Mientras, el trabajador promedio (que cobra 34.500 dólares al año) paga en impuestos un 32%. Una consecuencia de este hecho es que las desigualdades de renta se han disparado.

¿Son los súper ricos los mejores?

Todo ello lleva a otro argumento que los neoliberales sostienen: que aquellos que están en las cúspides superiores de poder –los súper ricos- están ahí porque son mejores que los demás. El mérito es lo que les ha llevado a donde están (ver mi artículo “El fin de la mal llamada meritocracia”, publicado en El Plural, 28.07.12, y colgado en mi blog www.vnavarro.org).

Pues bien, la evidencia no avala tal postura. En realidad, la evidencia científica muestra que los súper ricos son gente menos ética, menos solidaria y menos considerada hacia otras personas, y más inclinada a sostener comportamientos incívicos que la mayoría de la ciudadanía. En lugar de la imagen que se promueve, de que las élites tienen mayor calidad y valor humano, la evidencia muestra claramente lo contrario.

En un artículo en Scientific American, Daisy Grewal cita los trabajos de dos psicólogos, Paul Piff y Dacher Keltner, que muestran que los súper ricos muestran comportamientos menos solidarios, menos compasivos, más egoístas y más propensos a saltarse las normas y reglas que las clases populares. Las clases populares han desarrollado unas culturas de solidaridad que se encuentran ausentes entre las élites ricas y súper ricas (Daisy Grewal, “How Wealth Reduces Compassion”, Scientific American, 10.04.12).

Una conclusión semejante se ha publicado por la Asociación para la Psicología Científica (Press Release, 08.02.12) en la que señala la cultura egocéntrica existente entre las personas de rentas superiores y su menor capacidad emotiva hacia otras personas con  necesidad de apoyo o solidaridad. La famosa frase de “nobleza obliga”, simplificando que los de arriba sienten la necesidad de cuidar de los otros no existe ya (en caso de que hubiera existido). Es cierto que personas muy ricas dan mecenazgo, pero son siempre las excepciones.

A resultados parecidos han llegado estudiosos de la cultura empresarial, como la famosa Bloomberg Newsletter. Así, tal revista publica los hallazgos del citado Paul Piff, de la Universidad de California, publicados también en la Academia de Ciencias de EEUU, que muestra como los ricos y súper ricos obedecen menos las leyes de tráfico y las normas de conducta aprobadas por la sociedad, son más egoístas y piensan menos en otras personas, son menos capaces de  expresar solidaridad o compasión y se saltan otros tipos de leyes con mayor frecuencia. Por cierto, tales comportamientos poco solidarios aparecen también con mayor frecuencia entre estudiantes de Economía y Empresariales en EEUU, los cuales indican que el egoísmo y egocentrismo son atributos favorables para la eficiencia económica, observación que ha motivado una demanda de cursos de ética y comportamiento cívico en las facultades de Economía. Sería interesante que estudios y análisis de esta naturaleza se hicieran también en España, pero hasta ahora no se han hecho. Teniendo en cuenta el enorme fraude fiscal de los súper ricos y su continua oposición a reformas que facilitaran el bienestar social de la ciudadanía y muy en especial de las clases populares, es casi seguro que los súper ricos españoles están entre los menos solidarios y más incívicos entre los súper ricos de los países semejantes por el nivel de desarrollo económico a España.

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EL POR QUÉ DE LOS RECORTES

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 12 de julio de 2012

Este artículo señala que una de las causas reales de los continuos y constantes recortes de gasto público incluyendo el gasto público social que están debilitando enormemente el Estado del Bienestar español es la exigencia de que España pague la deuda a los bancos europeos, y muy en especial, a la banca alemana.

Una de las tesis que se promueven con mayor ahínco en los círculos neoliberales del país es que España entró y permanece en crisis por su excesivo gasto público y falta de disciplina fiscal. De esta tesis se concluye que hay que reducir el gasto público y recuperar la famosa disciplina fiscal, reduciendo el déficit público para alcanzar el nivel exigido por el Pacto de Estabilidad (el 3% del PIB).

Esta tesis es fácilmente demostrable que carece de credibilidad. El Estado español era, en realidad, el modelo de rectitud ortodoxa neoliberal. Tenía un superávit en las cuentas del Estado en los años 2005, 2006 y 2007, y su deuda pública era de las más bajas de la Eurozona. Durante el periodo 2004-2007, tal deuda pública bajó del 46% al 36%. España no podía ser más modélica desde el punto de vista neoliberal. Los responsables de la política económica y fiscal del Gobierno español recibieron el aplauso de las autoridades europeas que gestionan y dirigen la Eurozona (desde el Consejo Europeo y la Comisión Europea al Banco Central Europeo) y como no, del Fondo Monetario Internacional.

En realidad, la sensación de euforia era tal que el Gobierno socialista español, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, decidió bajar los impuestos, identificando tal medida con ser de izquierdas. Su slogan más conocido en aquellos años fue que “bajar los impuestos es de izquierdas”. Esta bajada de impuestos aumentó el déficit estructural del Estado, es decir, el déficit público, que determinan los ingresos y gastos estructurales y no coyunturales. Este aumento del déficit estructural permaneció ocultado o ignorado por el aumento de los ingresos al Estado, resultado de la situación coyuntural provocada por la burbuja inmobiliaria. Ahora bien, cuando esta burbuja explotó, el déficit estructural apareció con toda claridad y contundencia. Los ingresos al Estado bajaron en picado, resultado, en gran parte, de que la estructura fiscal del Estado español depende excesivamente de las rentas del trabajo y muy poco de las rentas del capital. Cuando la actividad económica se colapsó y el desempleo se disparó, los ingresos al Estado bajaron y mucho. De ahí el déficit público del Estado. No tiene nada, nada que ver con el aumento del gasto público, el cual, medido en gasto público por habitante, ha ido bajando, no subiendo. Y los datos así lo muestran. Se están recortando y recortando, y en cambio el déficit público apenas baja y el crecimiento económico está decreciendo. ¿Qué evidencia esperan los círculos neoliberales para poder ver que están profundamente equivocados?

Por otro lado, un punto clave poco estudiado y con escasa visibilidad mediática es ¿por qué la burbuja inmobiliaria explotó? La causa primordial es que la mayoría del dinero que estaba detrás de la burbuja inmobiliaria procedía de bancos alemanes, franceses, holandeses, belgas, entre otros. En realidad el enorme flujo de dinero (lo que se llama inversión financiera) a España explica que la balanza de pagos (la diferencia entre el capital que entra y el que sale del país) se disparara en aquellos años de burbuja inmobiliaria. El hecho de que la banca europea alimentara a la banca española se debía, como no podría ser de otro modo, a que eran inversiones financieras extraordinariamente beneficiosas. Su rentabilidad era enorme. Pero cuando esta banca europea contaminada por los productos tóxicos procedentes de la banca estadounidense se paralizó, el dinero dejó de venir a España y la burbuja inmobiliaria explotó, creando un agujero en el PIB español equivalente a un 10% de su tamaño. Y todo ello en cuestión de meses.

Ahora España tiene un problema enorme porque debe mucho dinero a los bancos europeos, que no puede pagar. Y los bancos europeos tienen un problema incluso mayor, porque han prestado tanto dinero a España y a los otros países intervenidos (Grecia, Portugal e Irlanda) que si éstos no lo pagan, tienen un problema gravísimo. En realidad, muchos de ellos se colapsarían. Los bancos alemanes habían prestado en 2009 la enorme cantidad de 704.000 millones de euros a los países PIGS (España, Grecia, Irlanda y Portugal), convertidos en GIPSI con la inclusión de Italia. Esta cantidad es muchas veces superior al capital en reserva de la banca alemana. Si estos países no pudieran pagar su deuda, la banca alemana colapsaría. El establishment financiero alemán y su Gobierno, presidido por la Sra. Merkel, es plenamente consciente de este hecho. Y de ahí su énfasis en que el objetivo prioritario de las políticas de austeridad que está imponiendo a aquellos países y de la supuesta “ayuda financiera”a sus bancos, sea el de que la banca alemana recupere el dinero prestado.

El objetivo de los recortes es salvar la banca alemana

Y así nacieron las políticas de recortes. Como bien escribía recientemente nada menos que el editor senior del Financial Times, el Sr. Martin Wolf (25.06.12) el objetivo de estos recortes en España tiene poco que ver con recuperar la economía española y sí con que se pague a los bancos europeos, incluyendo los alemanes, lo que se les debe. Así de claro.

Ahora bien, como las cosas no se pueden decir tan claro, el argumento que se utiliza por los economistas y políticos neoliberales, es que hay que reducir el déficit público para “inspirar confianza a los mercados financieros” de manera tal que éstos vuelvan a prestar dinero a España. Según tal argumento, la desconfianza de los mercados hacia España determina que la prima de riesgo española haya subido tanto, ignorando que el que marca los intereses de la deuda pública no son los mercados, sino el BCE, que es el lobby de la banca, y muy en especial de la banca alemana. El hecho de que el BCE no haya comprado deuda pública española durante más de tres meses es la mayor causa de que la prima de riesgo se haya disparado. Lo que le importa más a la banca alemana (y a su instrumento, el BCE) es que continúe la austeridad, que sigan y se profundicen los recortes por parte del Estado español a fin de que éste y la banca privada a la que el Estado español ha estado subvencionando y ayudando en cantidades exuberantes (más de un 10% del PIB) paguen ahora lo que deben a aquellos bancos europeos, incluyendo los bancos alemanes. Y los famosos 100.000 millones de euros que el Gobierno Rajoy ha solicitado de las autoridades que gobiernan la Eurozona irán destinados a continuar ayudando (todavía más) a los bancos, y todo ello financiado por el ciudadano normal y corriente que paga al Estado y sostiene la deuda pública. En realidad, incluso dirigentes del Gobierno alemán así lo han reconocido. Uno de los consejeros económicos del Gobierno alemán, Peter Böfinger, así lo ha dicho. “Las ayudas a la banca (de los países en dificultades) no tienen que ver con el intento de ayudar a tales países en sus problemas, sino ayudar a nuestros bancos que tienen gran cantidad de deuda de aquellos países” (Chatterjee, Pratap, Bailing Out Germany: The Story Behind The European Financial Crisis).

En realidad, si de verdad tanto el Gobierno Rajoy o el Consejo Europeo desearan ayudar a la economía española, no transferirían estos 100.000 millones a la banca (que no ha estado ofreciendo crédito ni a las familias ni a las medianas y pequeñas empresas), sino a organismos estatales como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el mandato de ofrecer crédito accesible y razonable (no el que provee la banca hoy) a la ciudadanía y a medianas y pequeñas empresas españolas. Tales transferencias públicas podrían también estimular el establecimiento de bancas públicas (tanto centrales como autonómicas) o cooperativas de crédito que garantizaran la existencia de crédito, uno de los mayores problemas que existe hoy en la España endeudada.

Pero lo que las autoridades europeas desean más que nada es que la banca española y el Estado español paguen a los bancos alemanes, franceses, holandeses, belgas y otros lo que les deben, a fin de -según dicen ellos- recuperar la confianza de los mercados. Pero este argumento asume que existen mercados, lo cual es fácil de demostrar que no ocurre. En un mercado, la responsabilidad de un préstamo fallido es compartida. Es un fallo de la persona o institución que pidió el préstamo, pero lo es también de la persona o institución que ofreció el préstamo. Y esto no está ocurriendo. En esta situación se está penalizando al primero a fin de salvar los intereses del segundo. Esto es lo que está haciendo, entre otros, el Gobierno alemán, que acusa y critica al Estado español por haber permitido la formación de la burbuja inmobiliaria sin citar el papel clave que el Estado alemán y la banca alemana jugaron en el establecimiento y explosión de tal burbuja. No se puede hablar de prestatarios irresponsables sin hablar también de los prestamistas irresponsables. Y el Gobierno alemán está imponiendo las políticas de austeridad para asegurarse de que a la banca alemana irresponsable se le pague la deuda con intereses (que, por cierto, alcanzan niveles estos últimos que cubren varias veces el coste de la deuda en sí).

Y así estamos.

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¡¡Nos mienten!!

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El mayor problema de España no es ni el déficit público ni la deuda pública

Vicenç Navarro* – Consejo Científico de ATTAC España

Este artículo cuestiona la sabiduría convencional en los círculos del establishment español que asume que el problema mayor de la economía española es su elevado déficit público y la gran deuda pública. El artículo cuestiona tal tesis, señalando que los recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, son innecesarios y contraproducentes pues contribuyen a la recesión de la economía española.

En sus continuas reuniones con la canciller alemana Angela Merkel, el Presidente Rajoy ha acentuado que el objetivo principal de su gobierno es el de reducir el déficit público, y supeditará todas sus políticas públicas a conseguir tal objetivo. Tal postura asume que el mayor problema de la economía española es el endeudamiento del Estado español (sea éste central, autonómico o municipal), postura que fue también compartida anteriormente por el gobierno Zapatero. Ambos gobiernos han interpretado tal endeudamiento como la causa de que el país esté en recesión y que ahora esté estancado, dificultando su recuperación. De ahí su constante referencia a que “España no puede gastarse más de lo que tiene”, frase que, con distintas variaciones, ha ido repitiendo.

Los datos, sin embargo, no avalan tales tesis. Veámoslos. Si el déficit y la deuda pública hubieran sido la causa de la crisis financiera y económica que España padece (tal como muchos economistas neoliberales, incluyendo los financiados y/o próximos a Fedea), el Estado en este país habría tenido un enorme déficit público y una elevada deuda pública cuando comenzó la crisis, en 2007. Los datos, sin embargo, muestran que, en contra de tal tesis, cuando la crisis empezó, España tenía superávit en sus cuentas del Estado. España ingresaba al Estado 2.23% del PIB más de lo que gastaba. Y su deuda pública era equivalente a un 36,2% del PIB, una de las más bajas de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de riqueza que España), y muy por debajo de lo establecido por el Tratado de Maastricht (60% del PIB). En realidad, la deuda pública neta (que es la que debería utilizarse aunque nunca se utilice tal indicador) era sólo un 26,7% del PIB (la deuda neta es la deuda bruta menos los intereses que el Estado se debe a si mismo al incluir deuda pública poseída por diferentes ramas del Estado). No es cierto, por lo tanto, que la crisis se debiera a que el Estado se estaba gastando más de lo que tenía. El gasto público no era el problema, pues ni el déficit ni la deuda pública eran elevados. De ahí que las políticas de recortes de gasto público (incluyendo el gasto público social) no pudieran justificarse bajo el argumento de que nos gastábamos más de lo que teníamos. En realidad, el gasto público español (incluyendo el social) por habitante era y continúa siendo de los más bajos de la UE-15.

El crecimiento notable del déficit no se debió al aumento del gasto público, sino a la bajada de los ingresos al Estado resultado de la recesión y elevado desempleo, a lo cual contribuyeron los recortes de aquel gasto público. Fue el elevado crecimiento de desempleo (España ha tenido durante la crisis la tasa de crecimiento de desempleo más elevada de la OCDE después de EEUU e Irlanda) y consecuente descenso del nivel de ocupación y de la masa salarial lo que disparó el déficit público del Estado, alcanzando en 2009, sólo dos años después del inicio de la crisis, la cifra de -11,2% del PIB, y ello como consecuencia de que los ingresos al Estado, incluyendo el IRPF (los impuestos sobre la renta), proceden en su gran mayoría de las rentas del trabajo, y muy poco de las rentas del capital. Las políticas de recortes contribuyeron a la recesión. Si España hubiera crecido un 1,5% del PIB, el déficit habría disminuido más rápidamente que de la manera en que se ha intentado conseguir, es decir, a base de recortes. Resultado de tales políticas de austeridad (y devaluación doméstica conseguida a base de disminuir salarios), la economía no se ha recuperado y el déficit alcanzó en 2011 el 8,5% (es probable que, resultado de la ingeniería contable, fuera mayor) y la deuda pública el 68,5% del PIB (el 56,4% del PIB en su deuda neta).

Pero incluso estas cifras desfavorables en el caso del déficit público (aunque no inquietantes en el caso de deuda pública), son menos alarmantes de lo que se presentan y no deberían ser motivo de tanta preocupación. Según las proyecciones del FMI, la deuda pública en el 2017 será de un 80% del PIB, que es una cifra asumible, aunque existe el peligro que, resultado del rescate financiero, los 100.000 millones de euros aumenten esta deuda pública diez puntos más del PIB (90% del PIB).

Un tanto semejante ocurre en cuanto a los intereses de la deuda. De nuevo, según el FMI, España en 2011 pasará de pagar en intereses un 1,9% del PIB a un 3,9% en el 2017, cifra que no está fuera de lo común entre los países de la UE-15. Ni el déficit ni la deuda pública son un mayor problema. El que sí es un problema (que crea grandes incertidumbres entre los mercados financieros) es el escaso crecimiento económico y elevado desempleo. Éste es el mayor problema que tiene la economía española y que requiere una serie de intervenciones públicas que el gobierno Rajoy no está ni siquiera considerando. El gobierno debería estimular la economía y facilitar la creación de empleo, lo cual puede hacer sin que aumente el déficit público. En realidad, la reducción de éste debería conseguirse a base de aumentar el crecimiento económico y el descenso del desempleo. Y para ello deberían aumentarse los ingresos al Estado mediante reformas fiscales que permitieran ingresar más fondos al Estado para estimular la creación de empleo. Y ahí el espacio es enorme.

España tiene los recursos para crear empleo. Lo que ocurre es que no los recoge. Y no me refiero sólo al fraude fiscal (90.000 millones de euros), sino a las reducciones de impuestos que han estado ocurriendo en los últimos quince años y, muy en especial, en las rentas de capital y en las rentas superiores, reducciones que, como ha señalado el Fondo Monetario Internacional han sido responsables de más de la mitad del déficit estructural existente en España. El estado (tanto central como autonómico) podría hacer obtenido 2.100 millones de euros manteniendo el impuesto sobre el patrimonio, y 2.552 millones anulando la bajada del impuesto de sucesiones, y 2.500 millones revirtiendo la bajada de impuesto que se aprobó para las personas que ingresan más de 150.000 euros al año, y 5.300 millones eliminando la reducción de los impuestos de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0.12% de todas las empresas) y/o 44.000 millones de euros anulando el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las granes empresas citadas en la frase anterior y/o 6.900 millones de euros aplicando un impuesto finalista en Sanidad (como ha hecho Canadá) y/o 3.000 millones de euros gravando los beneficios bancarios (como ha aconsejado el FMI), y/o 1.000 millones haciendo pagar 5 euros más por cada pasajero que saliera de un aeropuerto español y(o casi 1.000 millones de euros pagando las multas de tráfico según el nivel de renta del infractor (como en Finlandia) y así un largo etcétera. Con estos fondos podría haberse creado empleo y con ello estimular el crecimiento del empleo, disminuyendo así el déficit. El que estas medidas no sean las que se tomen y en su lugar otras (recortes y más recortes) se impongan se debe a la creencia errónea de que el gasto público es el problema, y así estamos.

* Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Artículo publicado en el diario digital EL PLURAL
Fuente: ATTAC 

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LA BANCA NO SOMOS TODOS

Vicenç NavarroCatedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Existe una percepción bastante generalizada en España que considera que “el banco somos todos”. El dinero de la banca es el dinero de todos. Tal dinero son los depósitos de la mayoría de la ciudadanía que tiene sus ahorros depositados en la banca. En otras palabras, se asume que el dinero que existe y/o se utiliza por el banco es el depositado por cada uno de los ciudadanos, resultado de su ahorro, de sus nóminas o de sus pensiones, sean éstas públicas o privadas. Ésta percepción es promovida por los propios bancos que quieren transmitir el mensaje de que ellos desempeñan una función social, la de guardar el dinero de la ciudadanía, pagándoles unos intereses como incentivo, a la vez que ofrecen crédito a las personas y a las empresas que lo necesiten. La existencia de tal crédito es la función social que justifica su existencia. De esta percepción se deriva el mensaje que la banca y el Banco de España transmiten a los medios y que está calando en la población: intervenir y penalizar a la banca es penalizarnos a todos nosotros.

Esta percepción, sin embargo, es profundamente errónea. En realidad, la mayoría de ciudadanos no tiene mucho dinero en la banca, ni directa ni indirectamente (como en pensiones). Sería muy interesante poder corroborar los hechos con los datos pero, no podemos hacerlo en España, donde la opacidad estadística, tanto en temas de distribución de la renta como de la propiedad, hacen difícil conseguirlos. Además, los existentes no son creíbles. Fíjese el lector que, según los últimos datos de la OCDE (que extrae sus datos de las cifras oficiales del Estado español), el nivel de renta de la decila superior de España es de 32.000 euros. Cualquier persona que va por las partes alta de las grandes ciudades puede ver que los súper ricos tienen muchos más ingresos que los que constan en sus declaraciones de renta. (Tal opacidad es incluso más acentuada en el sistema financiero, como bien ha mostrado el colapso de Bankia).

Estados Unidos, sin embargo, sí que tiene datos más fiables. Y es más que probable que la distribución de la renta y de la propiedad en España sea bastante semejante a la de EEUU (España, junto con EEUU, es uno de los países más desiguales de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo). Pues bien, la gran mayoría de estadounidenses tienen muy poca propiedad financiera. Ésta está muy concentrada. La decila superior de la población estadounidense posee el 90% de todos los bienes financieros, siendo los más comunes sus acciones bancarias y sus pensiones. En realidad los súper ricos, el 1% de la población, posee el 38% de estos bienes financieros. La mayoría de la población sólo posee su casa, aunque poseer, poseer, es un decir. El banco es el que la posee, y el que vive en ella le paga al banco la hipoteca.

Cuando estamos hablando de los bancos, por lo tanto, estamos hablando predominantemente del dinero de una minoría: de los ricos y de los súper ricos. De ahí que sería razonable decir que cuando hablamos de los bancos no estamos hablando del conjunto de la población sino de los sectores más adinerados y de los gestores de su dinero (los banqueros). De ahí que también sería aconsejable que –tal como propone el que fue Secretary of Labor (Ministro de Trabajo) durante la Administración Clinton, y hoy Profesor de Políticas Públicas de la Universidad de California, el Sr. Robert Reich, se gravara a los banqueros, a los accionistas, y a los que tienen la mayoría de depósitos, haciéndoles pagar un 2% en sus bienes financieros, justificándose tal medida por los enormes beneficios que la banca ha alcanzado durante todos estos años de bonanza, beneficios conseguidos predominantemente de la especulación, incluida la especulación bancaria. Ello conseguiría en EEUU 70.000 millones de dólares más para el Estado (haciéndoles pagar tal 2% a los que tuvieran más de 7.2 millones de bienes financieros).

No estaría de más que se implementara esta política aquí en España, donde la concentración de la propiedad es igualmente acentuada. Hoy, las ayudas públicas al sector bancario español han alcanzado el nivel del 10% del PIB sin que con ello se haya resuelto el problema del crédito. Si a ello se añaden los 100.000 millones del rescate bancario, resulta que tal cifra ha doblado este porcentaje, alcanzando más del 20% del PIB, sin que ello haya facilitado o facilite en el futuro la provisión del crédito. Por cierto, es difícil de entender que estos 100.000 millones de euros que se gastarán supuestamente en la reestructuración del sistema financiero (a unos intereses que pueden significarle a la banca, según el Comisario de la Unión Europea, el Sr. Joaquín Almunia, casi un 8%) consigan lo que no han conseguido los casi 500.000 millones de euros que los bancos españoles e italianos han recibido desde el pasado diciembre del BCE a unos intereses de sólo un 1%. Tal rescate no resolverá el problema de la banca española, pues no se está tocando el problema clave que provocó la crisis: la burbuja inmobiliaria.

Todavía hoy hay más de tres millones de pisos vacíos (3.417.064 viviendas, según el Ministerio de Fomento). Durante el boom inmobiliario se construyeron 800.000 viviendas al año, más que Alemania, Gran Bretaña y Francia juntas. Los precios subieron un 155% durante una década, crecimiento artificial, que no se correspondía con el crecimiento del nivel de vida del país, y que se consiguió gracias a las prácticas especulativas de la banca. Cuando la burbuja explotó (debido al parón de transferencias del dinero de la banca alemana, contaminado por los “productos tóxicos” de la banca estadounidense), la banca española quedó estancada con sus propios productos tóxicos, las hipotecas, que no se podían pagar y continúan sin poder pagarse. Tales activos representan 150.000 millones de euros (equivalente al 15% del PIB). Y ahí está el problema, que requiere para su solución una intervención pública que el Estado español es reacio a tomar debido al enorme poder de la banca. Debería haberse resuelto a base de llenar estas casas vacías con familias que pagaran alquileres o hipotecas asumibles, penalizando a los bancos que se resistieran a tales medidas (en Dinamarca se multa a la vivienda que esta vacía durante más de seis semanas). Y muchos bancos deberían haber sido nacionalizados, con anulación de la deuda privada en gran número de casos. En lugar de ello, el Estado español ha escogido ayudar a los bancos a costa de los intereses de la población. Y de esto es de lo que no se habla. Las raíces de la crisis financiera -el excesivo poder de los ricos y de los súper ricos en España y de sus bancos- no se está ni siquiera tocando. Y así estamos.

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El rescate traerá más recortes y no sirve para salir de la crisis

  • Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
  • Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

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Desde que la crisis se inició en 2007, la población española ha estado sometida a toda una serie de políticas públicas que han significado un gran recorte de sus derechos laborales y sociales, que han afectado de una manera muy notable al bienestar social y a la calidad de vida de las clases populares. Hemos visto durante estos años de crisis la congelación y pérdida de la capacidad adquisitiva de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, la reducción del gasto público en las transferencias y servicios del Estado del bienestar (con recortes muy acentuados de la sanidad pública, de la educación pública, de los fondos y servicios a las personas con dependencia, de las escuelas de infancia -erróneamente definidas como guarderías-, de los fondos para la prevención de la pobreza y de la exclusión social, de los servicios sociales, de las viviendas sociales, del nivel de cobertura de los seguros de desempleo y de las ayudas a la integración de los inmigrantes). Y hemos sufrido las reformas del mercado laboral, que se han llevado a cabo con el objetivo de reducir los salarios y la capacidad de negociación de los trabajadores. Y a todas esas medidas se han añadido la reducción del empleo público y de los salarios a tales empleados públicos.

Pues bien, hoy día sabemos a ciencia cierta que todas estas intervenciones han empobrecido todavía más al conjunto de la clases trabajadoras y que, lejos de haber hecho germinar los “brotes verdes” que las justificaron, han llevado a nuestra economía a una situación mucho peor y más cercana a la depresión.

  • El rescate no es una ayuda, es una imposición para realizar más recortes

Tales recortes se han justificado siempre como imprescindibles para reducir el déficit del Estado y el tamaño de su deuda pública, algo necesario, según se ha dicho siempre, para ganar la confianza de los mercados financieros y de esta manera poder conseguir dinero prestado para pagar los gastos del Estado.

Tanto el gobierno de Zapatero primero y ahora el de Rajoy han insistido constantemente en realizar esos recortes por encima de todo por el miedo a que no pudiéramos recuperar la famosa confianza de los mercados financieros y entonces fuésemos intervenidos por la llamada Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero ahora resulta que a pesar de que se han llevado a cabo todos esos recortes, a pesar de que se han ejecutado una tras otra las imposiciones de los mercados, expresadas a cada momento muy claramente por esa Troika, España ha sido intervenida por esas tres instituciones

Digan lo que digan, lo cierto es que todos estos enormes sacrificios y recortes han sido en balde y cuando se ha producido su fracaso estrepitoso en forma de rescate, la respuesta del gobierno y del establishment político y mediático es la de negar que haya sido tal y que vaya a llevar consigo una intervención de nuestra economía.

El artículo de Guillermo de la Dehesa Precisiones sobre el rescate bancario, (El País 09.06.12), en el que trata de disimular la verdadera naturaleza del rescate, y las manifestaciones del Ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa en la que lo anunciaba como un triunfo, son representativos de esta postura.

Según esas manifestaciones, a las que hay que añadir la del propio presidente Rajoy afirmando que lo ocurrido es algo que “ha conquistado” España, los 100.000 millones de euros no son un rescate, sino una ayuda a la banca que tiene por objetivo reestructurar el sector bancario y sin implicaciones macroeconómicas. Unas interpretaciones que caen por su propio peso cuando se lee el documento del Eurogrupo donde se manifiesta textualmente:

“El Eurogrupo considera que España ya ha implementado importantes reformas fiscales y del mercado de trabajo y medidas para reforzar el activo de los bancos españoles. El Eurogrupo confía en que España cumplirá sus compromisos en virtud del procedimiento de déficit recesivo y con respecto a las reformas estructurales, con el fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco de la Unión Europea. Los progresos en estas áreas serán revisados de cerca y con regularidad, también paralelamente con la ayuda financiera” (el subrayado es nuestro).

  • ¿Puede decirse de manera más clara que se trata de una intervención en toda regla?

El texto del acuerdo del Eurogrupo señala sin lugar a duda alguna que paralelamente a la supervisión financiera se hará la de las políticas fiscales y macroeconómicas. Y el significado y el objetico con el que se llevará cabo esta supervisión también aparece bien claro en los últimos documentos del FMI y en las declaraciones de sus responsables que constantemente insisten en que habrá que llevar a cabo más reformas del mercado laboral -para conseguir más bajadas salariales-, más reducción de las pensiones, y una reducción más acentuada del déficit, centrándose en el Estado del Bienestar que en España está gestionado por las comunidades autónomas.

Lo que ahora se busca con la excusa de eliminación del déficit de las éstas última no es otra cosa, en la práctica, que nuevos mayores recortes de las transferencias y servicios del Estado del Bienestar que gestionan, principalmente, en materia educativa, sanitaria y de cuidados a las personas.

  • El rescate no aumentará la confianza de los mercados sino todo lo contrario

Puesto que conocemos perfectamente lo que ha ocurrido en otros países y en situaciones semejantes cuando se toman este tipo de medidas, podemos afirmar ahora con seguridad lo que con toda probabilidad va a ocurrir en España, en contra de lo que vienen diciendo las autoridades sin ningún tipo de fundamento ni base científica ni empírica.

En concreto, es importante que la ciudadanía sepa que, aunque en teoría estas reformas se hacen para recuperar la famosa “confianza de los mercados”, toda la evidencia muestra que los resultados serán precisamente opuestos a este objetivo.

El resultado de los rescates en los otros países supuestamente rescatados es que la prima de riesgo de su deuda pública no ha disminuido. Antes al contrario, ha subido. Y eso ocurrirá igualmente en España porque los recortes adicionales que van a acompañar al rescate van a ralentizar todavía más, y sin ningún lugar a dudas, la marcha de la economía española, acentuando así la recesión.

Además, y en contra de lo que se está diciendo, el rescate aumentará la deuda pública, pues el Estado –el receptor de la supuesta ayuda- tendrá que pagar por las pérdidas de las bancas fallidas en el rescate y asumir sus intereses y el principal.

Y, finalmente, el rescate tampoco garantiza ni que el sector bancario pase a ser solvente ni, por supuesto, que el crédito vuelva fluir a la economía.

La estimación del Fondo Monetario Internacional de las necesidades de capital del sector están hechas ad hoc, para justificar la cantidad con la que se pensaba jugar de antemano. Las cifras que proporcionen las auditorías solicitadas por el gobierno serán otras: las que se desee, porque la experiencia demuestra (como en caso de los bancos que fueron calificados de plenamente solventes meses o semanas antes de que fuesen rescatados en otros países) que dependen de la valoración que se quiera dar a activos que han perdido prácticamente todo su valor. La deuda inmobiliaria con los bancos no es menor de 400.000 millones de euros, así que 100.000 millones (el techo más alto del rescate) serán insuficiente incluso en los escenarios más optimistas de su recuperación.

Y tampoco se garantiza que vuelva a generar crédito a la actividad productiva no solo porque la capitalización será insuficiente sino porque, mientras que las políticas que se vienen aplicando y que acompañarán al rescate sean recesivas, ni habrá demanda suficiente solvente ni compensará a la banca dejar de dedicar los recursos a donde obtiene mayor rentabilidad.

La realidad que el gobierno y los apologistas del rescate quieren ocultar es que éste no es sino únicamente el instrumento mediante el cual la troika gobernará la política fiscal y macroeconómica española para seguir imponiendo reformas y recortes y para asegurar la prioridad de cobro de la deuda que los bancos españoles tienen con la banca europea, y principalmente alemana.

Por tanto, hay que decirlo claramente: el rescate constituye un auténtico golpe de Estado bajo la apariencia de ayuda a la banca. A partir de ahora, el gobierno Rajoy hará lo que digan la Troika y el gobierno alemán. El federalismo de Merkel (“queremos más Europa… y los Estados tendrán que ceder soberanía”) es una manera amable de definir una relación colonial en la que a España le toca ahora ser la colonia.

  • ¿Por qué el rescate ahora?

La respuesta que las autoridades dan cuando se pregunta por qué se da justo ahora el rescate es que los intereses de la deuda pública estaban alcanzando un nivel prohibitivo y que, por tanto, había que hacer algo. Pero tal argumento también cae por su base porque significa ignorar que, como hemos demostrado en varias ocasiones, no son los mercados financieros sino el Banco Central Europeo el que realmente define los intereses de la deuda pública.

El hecho de que los intereses que está siendo obligada a pagar España sean altos se debe a que el BCE no ha comprado deuda pública española durante tres meses, lo que se podría considerar como una auténtica provocación de la situación final a la que se ha llegado que el BCE lleva a cabo habitualmente.

Así lo ha demostrado recientemente con datos indiscutibles la periodista Ana Tudela (BCE, la mano que mece la prima, Más Público, 11/05/12):

“¿Y si la prima (rentabilidad exigida a la deuda de un país respecto a la de Alemania) respondiese a algo más que a un mercado desquiciado? Hay algo más. El Banco Central Europeo (BCE) ha mecido al alza las primas en fechas concretas: las de las cumbres europeas y las semanas en que gobiernos y parlamentos decidían ajustes.

Como demuestra su propio calendario de actuaciones, el BCE dejó, en esas citas clave, de comprar deuda pública. Dejó solos a los Estados cuando más falta hacía. No una ni dos veces sino de forma sistemática desde hace ya dos años, el tiempo suficiente para cambiar Europa. Las peticiones de ayuda por gobiernos como el español, ante periodos de absoluta inactividad del BCE como el actual, caen en saco roto porque la autoridad monetaria, que se empeña en defender su independencia, tiene un objetivo.

Aunque desde Frankfurt se niegan a explicar el patrón de sus actuaciones, a concretar por qué han actuado en semanas con las primas relativamente relajadas y desaparecido cuando la tensión se disparaba, su intención no puede ser otra que propiciar reformas en línea con las tesis de la canciller alemana, Angela Merkel, y del Bundesbank”.

Y también se oculta que España podría seguir pagando la deuda pública a este nivel (y mucho más si el Banco Central Europeo ayudara a abaratar en lugar de encarecer su factura). De hecho, incluso ahora la deuda pública española es más baja que el promedio de la UE-15. Y según los cálculos del FMI, España pagaría el 3,5% del PIB en intereses en 2017, lo cual es una cifra asumible, semejante a la que pagan otros países como Alemania o Gran Bretaña.

La razón, entonces, de que haya sido justamente ahora cuando se ha producido el rescate es otra, y como siempre, no aparece en los medios. Es el temor de la Troika a que en las próximas elecciones griegas gane la izquierda, y se cuestionen con mucha más fuerza las políticas de austeridad que han llevado a Grecia (y a España) al desastre. Es por eso que la Troika quiere tener la sartén por el mango y forzar la continuación de tales políticas, porque sabe que es muy probable que tras las elecciones del próximo fin de semana (y a pesar de las injerencias constantes que están realizando para influir sobre la libre voluntad de los electores griegos) sea mucho más difícil defenderlas. Así de claro.

En definitiva, hay que denunciar el intento de ocultar la verdadera naturaleza del rescate, que está bien clara en el comunicado del Eurogrupo y en los informes del FMI:

- Quieren rescatar a los banqueros despreciando y por encima del bienestar de la inmensa mayoría de las personas.

- Se ha acordado ya, y se va a producir materialmente cuando se selle la letra pequeña del acuerdo, un auténtico golpe de Estado, porque a partir de ese momento España ya no estará implícitamente intervenida, como hasta ahora, sino expresa y visiblemente por funcionarios extranjeros que impondrán las líneas de gobierno a las que se habrán de ajustar las políticas económicas: nuevos recortes, privatizaciones y reformas institucionales encaminadas a desarmar de derechos políticos y mecanismos de representación a la ciudadanía.

Y se puede adelantar que nada de eso servirá para recuperar la actividad económica:

- Volverá a perderse empleo y cerrarán nuevas empresas.

- Nada garantiza que vuelva a generarse crédito para la economía.

- No bajará la prima de riesgo y ni siquiera el montante de nuestra deuda, sino todo lo contrario, cabe esperar que siga subiendo porque nada se ha hecho para frenar el impacto de la especulación generalizada en los mercados.

El rescate es un auténtico desastre para nuestra economía y para nuestra sociedad. Es una verdadera perversión política que el presidente del gobierno se alegre de que se haya producido y que el propio Rey Juan Carlos lo haya felicitado por haberlo reclamado a Europa. Los ciudadanos deben informarse bien, explicar con claridad a quienes tengan a su lado lo que de verdad ha ocurrido y exigir respuestas políticas que den la vuelta a la situación para poner en marcha medidas alternativas, que las hay sobradamente, como venimos poniendo de manifiesto en nuestros escritos y libros.

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