En España sobran defraudadores

En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren

Juan Torres en "Ganas de Escribir"

El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en «Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer»).

Veamos qué hay de verdad en ello.

En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.

En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).

Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.

El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.

Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.

Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.

La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo.

LA CASA REAL LO SABÍA

La Casa Real supo en 2006 que el duque realizaba actividades «inadecuadas»

La institución dice que ordenó a Urdangarin abandonar el Instituto Nóos porque desarrollaba acciones «que podían ser lucrativas» y le instó a trabajar «fuera de España». El yerno del rey desoyó las instrucciones y siguió haciendo negocios.

ALICIA GUTIÉRREZ, en Público
El rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, en Barcelona, durante la comunión de los hijos mayores de los duques de Palma, el 23 de mayo de 2009. efe

La Casa Real admitió ayer que conocía desde 2006 el carácter «inadecuado» de las actividades del Instituto Nóos, la ONG de Iñaki Urdangarin que obtuvo de la Generalitat valenciana y el Govern balear 5,8 millones que acabaron en manos de empresas controladas por el duque de Palma y/o su socio Diego Torres. Fuentes de la institución explicaron a Público que en 2006 ordenó al duque de Palma «abandonar inmediatamente» el Instituto Nóos porque la asociación, cuyos estatutos la definen como altruista, «realizaba actividades que podían ser lucrativas». «La fórmula de utilizar una asociación para contratos con administraciones era inadecuada», resumen en Zarzuela a los seis días de que el rey apartase a su yerno de la agenda oficial por su comportamiento poco «ejemplar».

Una vez que, en junio de 2006, Urdangarin cesó en la presidencia del Instituto Nóos, la Casa Real se opuso asimismo a que el yerno del rey crease una fundación. Y le ordenó que dejase de hacer negocios en España.

Urdangarin desoyó la directriz y, aunque se incorporó al consejo de Telefónica Internacional -que opera en América- tras desvincularse de Instituto Nóos, no sólo mantuvo activa la empresa que comparte con su esposa: Aizoon SL. También ofreció servicios en nombre de Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS), propiedad de Diego Torres y ahora sujeta a investigación por presunta evasión de capitales. Según el Ayuntamiento de Madrid, fue el yerno del rey quien, en mayo de 2007, le propuso que DCIS prestase servicios para la candidatura olímpica. El encargo reportó a la fundación 144.000 euros.

Una vez que el diario El País publicó ayer que, tras recabar consejo del bufete barcelonés Bergós, la Casa del Rey intentó en 2007 «poner en orden» los negocios del duque de Palma mediante la puesta en marcha de una fundación, fuentes oficiales de la institución aseguraron ayer lo siguiente: que el asesor legal externo a quien se encomendó en 2006 un informe de situación no fue Raimon Bergós, que «trabajaba para Urdangarin» y su círculo, sino José Manuel Romero Moreno, persona próxima al rey desde hace dos décadas.

La petición, explican las fuentes de Zarzuela, se produjo tras «las primeras informaciones e interpelaciones parlamentarias» sobre el convenio de Balears por el que nstituto Nóos obtuvo 2,3 millones del Govern de Jaume Matas a cambio de dos minicumbres turístico-deportivas. La primera noticia sobre la exigencia socialista de explicaciones por aquel convenio se publicó el 17 de febrero de 2006.

A tenor del relato de la Casa Real, la secuencia completa de hechos fue esta: tras reunirse en Barcelona con el duque de Palma, sus socios y abogados, el asesor externo del rey concluyó que Iñaki Urdangarin «debía abandonar de inmediato el Instituto Nóos, lo que se efectuó en junio de 2006».

Tras el dictamen que ordenaba su salida del Instituto Nóos, a cuya presidencia había llegado en septiembre de 2003, el duque y los suyos evacuaron consultas a su abogado, Raimon Bergós. Y fue ahí, sostiene la versión oficial, cuando «surgió la idea de crear una fundación dedicada a la promoción del patrocinio». Pero el asesor legal del monarca contraatacó alegando «que, si la fundación iba a desarrollar las mismas actividades a las que se venía dedicando el Instituto Nóos, esa fórmula era inadecuada y quedaba descartada».

Así que, tras esa serie de consultas cruzadas, el capítulo final llegó en fecha no precisada de 2007. Y se resume en lo siguiente «La Casa Real transmitió a Iñaki Urdangarin que abandonase la idea de crear una fundación y que se ganara la vida de otra forma fuera del país».

Los hechos indican que la orden cayó en saco roto: Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS) quedó inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación el 14 de febrero de 2007 «a instancias de Raimon Bergós Civit». Es decir, el mismo abogado que asesoró a Urdangarin cuando «surgió la idea» de crear una fundación fue quien inscribió la que ahora está bajo sospecha judicial.

Público no logró ayer contactar con el letrado barcelonés. Pero el informe de Hacienda sobre la trama Nóos y de cuyo contenido viene dando cuenta este diario ratifica que Raimon Bergós recibió, entre 2007 y 2009, pagos tanto de Aizoon SL como de Instituto Nóos y de Fundación Deporte, Cultura e Integración Social. El papel de Bergós, profesor de ESADE, de donde proceden Urdangarin y casi todos los miembros del conglomerado Nóos, es una incógnita aún.

Bajo control de Torres

Formalmente, Iñaki Urdangarin cesó en sus negocios con Diego Torres cuando abandonó el Instituto Nóos y simultáneamente vendió a su socio los títulos equivalentes al 50% de la empresa Nóos Consultoría Estratégica SL. Torres quedó así como único propietario oficial de la sociedad. En 2007, aun sin figurar en su patronato fundacional, Torres pasó a controlar la Fundación DCIS, como lo acredita el hecho de que figure como único autorizado en las dos cuentas bancarias de la entidad.

Que Urdangarin no abandonó su prolífica actividad mercantil lo demuestra el hecho de que Aizoon SL siguió haciendo negocios en España a partir de 2006. Fue ese año cuando la compañía de estricta propiedad ducal comenzó su relación con Mixta África SA, una inmobiliaria con sede en Barcelona que construye viviendas de lujo en el continente africano y en cuyo accionariado tienen un peso significativo miembros de la familia real saudí. Entre 2006 y 2009, Aizoon SL percibió 445.440 euros de Mixta África por asesoramientos inmobiliarios. Además de cobrarle por servicios Aizoon adquirió en 2007 acciones de Mixta África por 150.001 euros, y así lo ratifica el informe de Hacienda.

Además de los procedentes de esa inmobiliaria, Aizoon recibió tras 2006 pagos anuales por importe global superior a medio millón. Pagó Motorpress Ibérica SA, a cuyo consejo perteneció Urdangarin hasta septiembre de 2009.

Pero no son esos los únicos cobros que denotan la pervivencia de actividad mercantil. En 2007, la compañía de los duques ingresó 117.197 euros procedentes de Seeliger y Conde SA, Altadis SA y Aceros Bergara SA, y recibió 26.000 euros más de cuatro particulares. Al año siguiente, Altadis (8.700) y Aceros Bergara (35.444) volvieron a pagar. Y, en 2009, Aizoon facturó, además de a Mixta África (55.680) y a Motorpress (101.500), a otras siete compañías que le reportaron ingresos totales por 146.160 euros. Uno de esos cobros (34.800 euros) tenía su origen en la elaboración de un informe para una empresa valenciana sobre la opción de organizar una gran fiesta multicultural.