HAY ALTERNATIVAS (Cap. VI)

¿BAJAR LOS SALARIOS O SUBIRLOS PARA CREAR EMPLEO Y RECUPERAR LA ECONOMÍA?

A raíz de la crisis económica ha resurgido con más fuerza que nunca la posición neoliberal que reivindica salir de la crisis gracias a un esfuerzo en la moderación salarial. Dicen los economistas neoliberales, y con ellos los gobiernos europeos y por supuesto la misma Unión Europea, que los graves problemas que tienen en sus economías España y otras naciones periféricas se deben a que sus ciudadanos disfrutan de unos salarios demasiado elevados. Según estos economistas lo que estos países tendrían que hacer sería impedir que los salarios suban o que incluso bajaran, porque de ese modo aumentaría la competitividad del país y se saldría de la crisis. Por esa razón todos los debates de economistas y tertulianos están repletos de referencias al manido concepto de la competitividad.
En este capítulo vamos a tratar de mostrar que estos argumentos tampoco tienen sustento científico ni real y que de ellos no pueden salir medidas que de verdad nos permitan evitar la crisis creando más empleo y disfrutando de mayor bienestar.
Todo lo contrario, nos llevarían directos a otras medidas cada vez de peores consecuencias. Para mostrar los errores  sobre los que están construidos podemos empezar planteando qué es realmente la competitividad de un país.

SALARIOS Y COMPETITIVIDAD
Técnicamente hablando, la competitividad se define como la capacidad que tiene un determinado país para vender sus propios productos en los mercados internacionales en oposición a la capacidad de otros países competidores.
Así, si España consigue vender sus productos a un precio de 10 euros la unidad mientras que el resto de países venden el mismo producto a 5 euros, decimos que España es menos competitiva que el resto de países. Como es menos competitiva exportará menos productos, ya que los ciudadanos preferirán comprar los productos que cuestan 5 euros a los que cuestan 10 euros.
En un sentido microeconómico esas empresas españolas que no pueden vender sus productos (porque los de la competencia lo hacen con menores precios) correrán el riesgo de quiebra y, por tanto, procederán al despido de trabajadores y destrucción de empleo. En un sentido macroeconómico y debido a que las exportaciones forman parte del PIB se argumenta también que menos exportaciones suponen un menor crecimiento económico que llevará consigo menos empleo.
Explicado así, se puede observar que el elemento diferenciador está en el precio de venta de los productos. Diríamos que España es menos competitiva porque, como aparece en nuestro ejemplo, vende el producto el doble de caro que el resto de países y eso hace que la gente prefiera comprar el producto de los competidores antes que el producto español.
La solución planteada por los neoliberales no deja lugar a equívocos: es necesario que los productos se vendan más baratos y para eso es imprescindible que los costes de producirlos se reduzcan, por lo cual el salario −que es uno de esos costes- tiene que rebajarse. Y tiene que hacerlo al menos hasta el punto en que permita que los productos se puedan vender competitivamente, es decir, hasta que se puedan vender igual o más baratos que los del resto de países.
Sin embargo, hay muchos interrogantes en este argumento que hacen tambalearse las conclusiones neoliberales.

EL DOBLE PAPEL DE LOS SALARIOS
Como acabamos de decir, los neoliberales consideran que el salario es un coste y además el más importante a la hora de determinar los precios. Parten de la interpretación individual de un empresario, para el cual cuanto más bajos estén los salarios menores costes soportará y, por tanto, mayor capacidad tendrá para disminuir los precios.
Podría aceptarse que a los empresarios considerados individualmente les interese que los salarios de sus trabajadores sean lo más bajos posible (aunque eso quizá pueda suponer la renuncia al incremento de productividad que puede llevar consigo trabajadores más satisfechos por disfrutar de mejores retribuciones).
Pero si esos empresarios son inteligentes estarán interesados también en que los salarios de los trabajadores del resto de empresarios sean los más altos posibles.
La explicación de esta paradoja es bien sencilla.
El salario es a nivel microeconómico un coste pero a nivel macroeconómico es también un componente fundamental de la demanda, es decir, de la capacidad de consumo de una economía. Si los salarios bajan para todos los trabajadores, entonces la capacidad de consumo global también será mucho menor y los empresarios tendrán menos posibilidades de vender todos los productos que producen.
Esa paradoja explica un hecho bien conocido por la historia económica. Cuando una economía entra en crisis, se producen despidos y, por tanto, también se reduce la capacidad de consumo global porque muchos de los trabajadores que disponían de salarios dejan de tenerlos. Con menor capacidad de consumo las empresas venderán menos y, como venderán menos, tendrán que despedir trabajadores o bajar salarios para mantenerse a flote. Como cualquiera de esas dos opciones también produce un nuevo descenso de la capacidad de consumo… se produce un círculo vicioso de despidos y caída del consumo que durará hasta que la economía pueda reactivarse mediante mecanismos externos como la actuación del Estado o fenómenos como las guerras que provocan una movilización masiva de los recursos.
Durante la Gran Depresión de la década de 1930 se pudo comprobar cómo ese círculo vicioso amenazó con destruir definitivamente la economía mundial, y los economistas aprendieron muy bien la lección. Por esa razón, por ejemplo, promovieron planes de estímulo público que tenían como objetivo proporcionar de forma masiva empleo a los trabajadores a fin de que sus sueldos sirvieran para comprar los productos de las empresas que estaban sin poder vender.
Además se establecieron medidas de la misma filosofía, como aumentar el salario mínimo o establecer prestaciones por desempleo, las cuales no sólo reducen los problemas sociales sino que además mitigan los efectos perjudiciales de la caída del consumo, ya que aunque los trabajadores pierden el salario siguen recibiendo dinero del Estado que volverá a la economía por el lado del consumo.
Por todo ello, promover la rebaja salarial en una economía (y máxime en época de crisis) es empobrecer no sólo a los propios trabajadores sino también a la economía en su conjunto y por supuesto a sus propias empresas. Rebajas en los salarios acompañadas de la supresión de medidas de prestaciones sociales y de una reducción generalizada del gasto público sólo pueden llevar a un estancamiento de la crisis, pues la economía carecerá del impulso necesario para superarla. Y, de hecho, eso es lo que está ocurriendo desde que los gobiernos, siguiendo la presión de los bancos y de las grandes empresas interesadas sólo en cobrar sus deudas y asegurarse su poder de mercado, acordaron por desgracia suprimir los programas de gasto y apoyo a la actividad económica.
El conjunto de las empresas disfrutaría de una mejor situación y obtendría más beneficios si los empresarios fueran capaces de entender esta paradoja, pero no es eso lo que ocurre en la realidad. Unas veces prima la visión particularista que solamente contempla el interés propio, sin comprender que la vida y el éxito de una empresa dependen tanto o quizá más de lo que ocurra en su entorno como en su propio interior. Otras veces las empresas más grandes que tienen su demanda interior cautiva y también mucha actividad en otros países y que, por tanto, no dependen tanto del nivel salarial global son las que imponen las políticas de bajos salarios.
Estas últimas empresas, como las de servicios básicos (energía, comunicaciones, banca, alimentación…) cuyas ventas no dependen tanto del nivel de salario (porque las personas o las familias han de consumir casi necesariamente sus productos), sí pueden conseguir mayores beneficios si bajan el montante total de salarios nacionales, porque venderán más o menos lo mismo y entonces operarán con menos costes. Pero las empresas (sobre todo las pequeñas y medianas) que venden principalmente al interior y mucho más en función de la renta de los consumidores sí se verán muy afectadas si baja el montante de los salarios.
El problema, pues, consiste en que, bien sea por ceguera o porque el interés de las empresas más poderosas se impone, entre los empresarios predomina la idea de que convienen los salarios bajos cuando eso simplemente reduce sus ventas potenciales y anticipa crisis por falta de consumo.

¿BAJAR SALARIOS O AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD?
Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando un empresario se propone reducir sus costes tiene siempre dos opciones. La primera, ya apuntada, es bajar los salarios. La segunda, incrementar la productividad. Los neoliberales suelen prestar ninguna o poca atención a esta segunda opción mientras que concentran todos sus esfuerzos en la primera. Pero ambas son perfectamente viables como formas de reducir los costes, sólo que la segunda no supone un empobrecimiento generalizado y no amenaza a la economía con la depresión.
Incrementar la productividad significa producir más por cada trabajador o cada hora de trabajo y cuando eso sucede se puede producir cada producto a un menor coste. Lo que ocurre es que las formas de incrementar la productividad son variadas, no son fácilmente cuantificables e implican un tipo de distribución de los ingresos más complejo y conflictivo, sobre todo porque obliga a dar a los trabajadores participación y una cierta capacidad de decisión sobre las estrategias empresariales. Y esto último implica ceder una parte del poder que los empresarios tienden a concentrar en el seno de la empresa.
Se sabe, por ejemplo, que mejores formas de organización empresarial permiten incrementar la productividad. Algo que tiene que ver con la cantidad de trabajo y con su distribución horaria. Que un trabajador esté ocho horas en la oficina no significa que produzca más o mejor, y de hecho es seguro que si trabajara seis horas pero lo hiciera en mejores condiciones podría aumentar su productividad. Los horarios y el ambiente laboral son en efecto muy importantes a la hora de determinar la productividad y lo mismo puede decirse del ambiente natural, de los sistemas de transporte hacia el trabajo, de la facilidad para compatibilizar el trabajo con la vida social y personal o de la participación de los trabajadores en las decisiones estratégicas de la empresa. Trabajadores desmotivados son trabajadores que no producirán tanto como los que están motivados y felices en sus puestos de trabajo.
Pero además de ello la productividad depende de la tecnología, de la educación y de los sistemas informáticos de gestión del tiempo y producción. Un trabajador o trabajadora que sepa utilizar perfectamente cualquier maquinaria u ordenador producirá más y mejor que otro que no sepa hacerlo, y cualquier maquinaria u ordenador que esté actualizado tecnológicamente permitirá que los trabajadores puedan sacar más rendimiento a su tiempo. En definitiva esas variables son extremadamente importantes a la hora de incrementar la productividad.
Pero para incrementar la productividad de esa forma hace falta dedicar esfuerzos notables de gasto público, que es el único capaz de gestionar de forma eficiente los cambios necesarios de esta naturaleza en cualquier economía. En primer lugar hace falta una inversión cuantiosa en educación, pero en una educación bien planificada de acuerdo con las necesidades concretas de producción de una economía. En segundo lugar hace falta mucha inversión en investigación y desarrollo, y eso supone mantener y fomentar grupos de investigación en España que puedan remunerar de forma adecuada a los profesionales investigadores que desean poner a su disposición su conocimiento.
Conocimiento por otra parte adquirido en el sistema educativo del país, de modo que todo está interrelacionado.
También es imprescindible el gasto público para configurar y mantener los sistemas de transporte más adecuados y eficientes, como también lo es para garantizar que haya las condiciones laborales adecuadas para que pueda incrementarse la productividad.
Trabajadores que no pierden dos horas conduciendo de casa al trabajo, que cobran de acuerdo a su cualificación y que no tienen miedo a ser despedidos en cualquier momento son trabajadores más productivos y eficaces. También la misma ceguera de antes o la aversión de las personas con niveles más altos de renta a pagar los impuestos necesarios para poner en marcha desde el sector público esos instrumentos que permiten mejorar la productividad hacen que finalmente no se disponga de ellos y las empresas se vean obligadas a recurrir a esa forma más pobre y empobrecedora de competir que es la que lo hace a través de la moderación salarial.

SALARIOS Y CUOTAS DE MERCADO
Pero cuando se produce la falla más grande de los argumentos neoliberales destinados a reclamar los salarios más bajos como supuesta mejor forma de competir es cuando se contrasta lo que ocurre con la evolución de los salarios en la realidad y con su relación con las mayores o menores cuotas de mercado que tienen los países.
Recientemente los economistas Sylvain Broyer y Costa Brunner demostraron que la evolución de las cuotas de mercado intraeuropeas no tiene nada que ver con los costes de competitividad. Según estos autores la cuota de Francia disminuye desde 1998 hasta 2008 mientras que su competitividad permanece estable, la de Italia cae en consonancia con su competitividad, pero la de España se mantiene a pesar de que tiene menos competitividad que Italia, y los Países Bajos pierden competitividad pero ganan mercado 1. Como señalan estos autores, para que las cuotas de mercado de los diferentes países respondieran a sus distintos niveles de costes, esto es, para que se pudiera producir, por ejemplo, el efecto que se pretende alcanzar con las medidas de ajuste salarial que impone el pacto del Euro Plus, tendría que suceder que todos los países de la zona exportaran los mismos productos, es decir, que fueran perfectamente sustituibles entre sí, que es justo lo contrario de lo que ocurre en Europa, en donde la tendencia observada es la de una progresiva especialización.
No se puede afirmar, por tanto, que el ajuste salarial que se busca mediante las reformas políticas dirigidas a flexibilizar los mercados laborales genere siempre ganancias de competitividad y tampoco que éstas tengan siempre y automáticamente como efecto una mayor generación de empleo en la economía.

¿SON CULPABLES LOS SALARIOS DE LA BAJA COMPETITIVIDAD?
Además de la evidencia que acabamos de señalar, lo que deja aún peor al argumento neoliberal es que los salarios ya han estado cayendo durante los últimos diez años sin que este hecho haya supuesto una mejora de la competitividad de la economía española.
Los economistas neoliberales suelen argumentar que los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que tenemos sueldos demasiado altos en relación a lo que producimos y a lo que deberíamos cobrar. Pero ese argumento no se puede sostener si se contemplan los datos de evolución de salarios que reflejan una caída continuada muy aguda.
Sí es cierto que los salarios nominales han subido a lo largo de todos estos años, pero eso es algo que no nos dice mucho.
Sólo nos indica que si ayer cobrábamos 1.000 euros hoy cobramos 1.100 euros, pero no nos explica cuánto más o cuánto menos ricos somos. Porque para responder a eso se necesita saber cómo han subido los precios, es decir, el coste de la vida.
Quizá con 1.000 euros ayer podíamos comprar todo lo que necesitábamos y hoy, sin embargo, con 1.100 euros somos incapaces de comprar la mitad. Para resolver esa duda lo que hay que hacer es analizar la evolución del salario real y no la del salario nominal.
Y si observamos la evolución del salario real nos damos cuenta de que los datos reflejan perfectamente la percepción generalizada de la población española: que cada vez tenemos menos poder adquisitivo porque con el mismo sueldo podemos comprar menos cosas. Así, desde 1994 hasta 2006, cuando comenzó la crisis, los salarios reales cayeron un 5,94 por ciento.
Pero además resulta que la participación salarial en la renta cayó en el mismo periodo un 7,98 por ciento. Lo que quiere decir que, aunque el país se ha enriquecido desde 1996 hasta 2004, y que, por tanto, la tarta que hay que repartir ha aumentado, la proporción que ha correspondido a los trabajadores se ha reducido en ese porcentaje del 7,98 por ciento, en oposición, claro está, con el crecimiento equivalente de los beneficios empresariales. Y, sin embargo, no ha aumentado nuestra competitividad, sino todo lo contrario, lo que significa que esta última depende de otros factores y que no se va a conseguir que mejore ahora bajando aún más los salarios.

LA RESPONSABILIDAD DEL PODER EMPRESARIAL EN NUESTRA MENOR COMPETITIVIDAD
Como se puede deducir de lo que hemos analizado hasta aquí, para poder evaluar correctamente el impacto de los salarios en la competitividad de una economía hay que relacionar su magnitud y su evolución con la productividad y con los precios, y eso se puede hacer a través de un concepto técnico muy importante pero cuyo significado se puede entender también con facilidad: los llamados «costes laborales unitarios», que miden el coste salarial medio que cuesta producir una unidad de producto.
Para entender la importancia de este concepto vamos a poner un sencillo ejemplo.
Supongamos una empresa X que fabrica sillas y en la que trabajan 10 empleados que ganan en total 100.000 euros al año y que producen un total de 10.000 sillas.
Para saber qué nos están costando nuestros trabajadores y para medir si son más o menos productivos que los de la competencia calculamos los costes laborales unitarios (CLU) dividiendo el salario medio (100.000/10) entre la productividad, sabiendo que esta última se calcula dividiendo el producto total (10.000) entre el número de trabajadores (10).
Eso quiere decir que el coste laboral unitario habrá sido de 10 [CLU = (100.000/10) / (10.000/10) = 10].
Esto es lo mismo que decir que si cada trabajador fabrica por término medio 1.000 sillas y que si su salario medio es 1.000, entonces el coste laboral medio o unitario de la silla es de 10.
Ahora imaginemos que tenemos otras dos empresas competidoras. Una de ellas, la empresa Y, tiene también 10 trabajadores que también producen 10.000 sillas pero a los que paga menos (80.000 euros en total). La otra, la empresa Z, tiene también 10 trabajadores a los que paga 100.000 en total pero dispone de mejor tecnología y son capaces de producir 12.500 sillas en total.
Los costes laborales unitarios de esas dos empresas, calculados como indicamos antes, son de 8 en ambas, es decir, más bajos que los de la empresa X 2.
Eso nos demuestra lo que adelantamos antes: que se puede ser más competitivo porque se bajan los salarios, como la empresa Y, o porque se es más productivo, como la empresa Z.
Podríamos decir entonces que los costes laborales unitarios reflejan el contrapeso que hay en cada empresa entre el salario y la productividad. Por eso se puede deducir que, si los salarios suben más que la productividad, los costes laborales unitarios subirán también y, por tanto, la empresa en la que eso ocurra será menos competitiva.
Cuando hemos utilizado el concepto de costes laborales unitarios, como hasta ahora, para el caso de empresas que producían el mismo producto no hemos tenido problemas en la comparación y hemos podido saber quién era más o menos competitiva. Pero cuando lo aplicamos al conjunto de la economía, en la que se producen millones de productos distintos, ya no podemos comparar peras con manzanas y entonces tendríamos que homogeneizar recurriendo al valor monetario de cada producto, que es el resultado de multiplicar la cantidad producida por el precio.
Y eso quiere decir que para el conjunto de toda la economía los costes laborales unitarios ya no muestran el contrapeso entre salarios y productividad sino que ahora hay que tener en cuenta cómo varían los precios.
Y así llegamos a donde queríamos llegar: los economistas Jesús Felipe y Utsav Kumar han demostrado que entre los años 1980 y 2007 los costes laborales unitarios de la Zona Euro han aumentado (y también en España, por cierto), pero que este aumento se explica por incrementos en los precios y no en los salarios 3.

Esto significa que, incluso si se aceptara, como dicen los neoliberales, que los costes laborales unitarios son los determinantes de la competitividad y ésta del empleo, no se podría afirmar, como se viene haciendo para imponer las políticas de recorte salarial de la Unión Europea, que la medida para reducirlos sería el ajuste salarial. Por el contrario, habría que intervenir en el componente precios.
Y lo que sabemos sobre las subidas de los precios, que son las que nos están haciendo perder competitividad, es que tienen sobre todo que ver con el poder de mercado del que gozan las grandes empresas.
Resulta entonces que lo que está haciendo menos competitivas a las empresas y a las naciones de la Zona Euro no es que suban los salarios (de hecho, no podía serlo cuando, como hemos visto, los salarios han bajado en términos reales y también su participación en la renta total), sino que los mercados están dominados por grandes empresas que tienen poder suficiente para subir los precios o para mantenerlos cuando bajan los costes. Y es ese poder excepcional que las empresas utilizan para obtener beneficios extraordinarios controlando los precios al margen de las reglas de la competencia lo que, en todo caso, nos hace perder competitividad o, al menos, lo que explica que hayan subido los costes laborales unitarios.
Y eso sí que es un freno importante a la creación de empleo porque ésta no la producen esas grandes empresas sino las pequeñas y medianas en su mayor parte (alrededor del 80 por ciento), sobre las que se trasladan en forma de mayores costes los precios más elevados que les imponen las que tienen poder sobre el mercado.

LA IMPOSIBILIDAD DE QUE TODOS LOS PAÍSES SEAN COMPETITIVOS
La estrategia neoliberal recomienda el incremento de la competitividad para todos los países y la aplicación en todos ellos de las mismas medidas, con independencia de las situaciones específicas, lo que también conlleva un grave error de concepto.
Ya hemos dicho que la idea de ser más competitivo es la de poder vender los productos a un precio más bajo que los rivales para poder aumentar así las exportaciones. Pero entonces está claro que no todos los países pueden ser competitivos a la vez. Las exportaciones de unos países son las importaciones de otros, de modo que no todos ellos pueden aumentar su relación exportaciones/importaciones. Es una carrera en la que no pueden ganar todos y en la que es muy difícil que, si sólo predominan las leyes del mercado, quienes salen con ventaja lleguen a perder sus posiciones dominantes.
A la vez hay que recordar que se puede ser competitivo en algunos sectores y no competitivo en otros. Lo que significa que las medidas que pueden ser recomendables para algunas empresas pueden ser contraproducentes para otras.
Así, la rebaja de salarios puede ser una buena medida en España, como hemos adelantado antes, para las grandes empresas que pagan salarios aquí pero venden en terceros países donde los salarios no bajan, pues de esa forma reducen sus costes salariales mientras que sus ventas no disminuyen.
Pero las pequeñas y medianas empresas no suelen exportar su producción y sus ventas dependen de la capacidad de consumo interna, es decir, del nivel de salarios que haya en la economía.
Por eso lo que hace la bajada de salarios que imponen las grandes empresas exportadoras es asestar un golpe durísimo porque, aunque puedan bajar sus costes, también lo hacen sus ventas y, en definitiva, sus ingresos, lo que les lleva a destruir empleo.
Incluso hay que tener en cuenta que también las grandes empresas que vendan en mercados europeos se verán igualmente en problemas si las medidas neoliberales se aplican con éxito en toda Europa. En ese caso esas grandes empresas también verán cómo sus ventas caen al ser sus compradores más pobres que antes.
Por estas razones no es cierto que la búsqueda compulsiva de la competitividad sea una estrategia que nos enriquezca a todos, como afirman los neoliberales para justificar sus propuestas de reducción de salarios, sino más bien todo lo contrario.
Al estar basadas en esa permanente pérdida de poder adquisitivo son estrategias globalmente empobrecedoras.
La alternativa debe ser otra. Por un lado tratar de mejorar la posición en los mercados mediante estrategias basadas en la mayor productividad, en la calidad y en la innovación y no en la simple reducción del salario. Y, por otro lado, establecer la cooperación como principio que guíe las relaciones económicas, favoreciendo acuerdos y sinergias, la colaboración y el estímulo mutuo para encontrar fórmulas orientadas fundamentalmente a satisfacer las necesidades humanas y no sólo a que las grandes empresas obtengan cada vez más beneficio a costa de limitar la capacidad global de producir los bienes y servicios que necesitan los seres humanos.

LA NECESIDAD DE UN PACTO NACIONAL SOBRE EL REPARTO DE LA RENTA
En nuestra opinión los principales problemas estructurales de la economía española a los que ya hemos hecho referencia son el alto nivel de desempleo incluso en épocas de bonanza económica, nuestra insuficiente capacidad de generar ingreso y la poca competitividad de nuestras empresas. Y todos ellos tienen que ver con un mismo factor: la desigual distribución de la renta que se ha ido agudizando en los últimos años.
La caída de la participación de los salarios en la renta nacional en España ha sido de unos 10 puntos en la última década (frente a unos 4 puntos en Alemania) a pesar de que ahora hay unos 5 millones más de trabajadores ocupados, y de unos 13 puntos desde 1976. Eso ha estado necesariamente asociado a una constante pérdida de fuerza de la demanda interna, que es la que puede sostener la creación de empleo de las pequeñas y medianas empresas y, lógicamente, a un crecimiento paralelo del excedente empresarial que tampoco ha servido para crear empleo, como dicen los neoliberales que debe ocurrir cuando reclaman constantemente moderación salarial.
Si se quiere recuperar el empleo en España, si se quiere dar la vuelta a una economía que lo destruye a poco que se deteriora la actividad en su entorno, hay que cambiar el modo de generar ingreso y de distribuirlo.

LA EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS DEL TRABAJO Y DE LA DESIGUALDAD SALARIAL
El salario medio medido en euros estandarizados (es decir, en euros homologables en su capacidad adquisitiva entre países de distinto nivel de riqueza) por trabajador era en España en 2007 de 27.348, en Grecia de 24.485 y en Portugal de 20.072, los tres países con la media salarial más baja de la UE-15, que es el grupo de países de la Unión Europea que tienen un nivel de desarrollo económico semejante al nuestro.
La media salarial de Dinamarca en ese mismo año fue de 36.184, la de la Gran Bretaña 38.145 y la de Luxemburgo de 44.602, siendo estos países los que tenían la media salarial más alta. Pero hay que tener en cuenta que esa cantidad mide la media de los salarios de la gente que trabaja en el momento en que se calcula sin tener en cuenta el nivel de desempleo (es decir, los que no trabajan y buscan empleo). Si se incluye este último, la media salarial en los países con gran desempleo, como es el caso de España, es mucho menor que la cifra citada anteriormente. De ahí que el nivel salarial para toda la población (ocupada y no ocupada) en España sea incluso más baja que la cifra citada.
Además, en España hay una gran distancia entre los salarios altos y los bajos. Así, dividiendo las rentas salariales por decilas (grupos en los que están desde el 10 por ciento de mayor salario medio al 10 por ciento de menor), se puede ver que los que están en la decila superior tienen unos salarios que son 3,46 veces mayores que los de la decila inferior (uno de los diferenciales más elevados de la UE-15). En Suecia este diferencial es sólo 2,28 veces, en Dinamarca 2,73 veces y en Finlandia 2,57 veces. En Alemania es 3,35 veces y en Francia 2,91.
España también es el país en el que existe mayor diferencia entre los salarios altos y la media salarial (contando las veces que la decila superior salarial es mayor que el salario medio).
Lo que caracteriza, pues, la situación en España es una media salarial muy baja con una dispersión salarial muy elevada (es decir, con un alto porcentaje de trabajadores con salarios bajos): del 17 por ciento en 2007.
Esto último refuta claramente el dogma neoliberal según el cual la dispersión salarial es una condición necesaria de eficiencia económica y elevada productividad. Los países nórdicos tienen salarios más altos, con menores desigualdades salariales, y son los que tienen y gozan de mayor eficiencia económica precisamente porque allí el porcentaje de salarios bajos es ínfimo.
El excesivo número de salarios bajos en España se debe en parte a unos salarios mínimos muy bajos (junto con Grecia y Portugal). Aquí el salario mínimo es menos de la mitad que en países como Francia, Bélgica, Holanda o Reino Unido.
Y, como es bien conocido, en España los economistas, los empresarios y los políticos conservadores y neoliberales se oponen a la elevación del salario mínimo y proponen incluso su eliminación. Argumentan que su elevación destruiría empleo pero los datos muestran, por el contrario, que Grecia, España y Portugal, que son los países con el salario mínimo
más bajo de la UE-15 (en 2008 en Grecia era de 4,86 euros estandarizados por hora, en Portugal de 3,31 y en España de 4,07 euros por hora), tienen también el mayor nivel de desempleo.
Mientras que Francia, Bélgica, Holanda y Gran Bretaña, que tienen un salario mínimo que es más del doble del de España (Francia 8,70, Bélgica 8,23, Holanda 8,22 y Gran Bretaña 8,06 euros estandarizados por hora), tienen un desempleo mucho menor.
En contra de lo que dicen los neoliberales es necesario el aumento del salario mínimo, porque tiene un impacto muy positivo en el nivel salarial de la mayoría de la población empleada, aumenta su capacidad adquisitiva, ayuda a que se recupere la demanda y sirve de estímulo para el aumento de la producción y del empleo. Por eso una de las medidas de mayor éxito tomadas por el presidente Franklin Roosevelt para salir de la Gran Depresión en Estados Unidos fue aumentar el poder de los sindicatos (para que crecieran los salarios) y subir así el salario mínimo.
En resumidas cuentas, en España los salarios son demasiado bajos y la dispersión salarial es demasiado acentuada, lo cuales causa y efecto a la vez de la persistencia de un régimen de distribución de la renta que hace que la economía sea muy ineficiente y tenga que soportar constantemente un altísimo nivel de endeudamiento familiar.

LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES: TANTO AUMENTO ¿PARA QUÉ?
Mientras que los trabajadores vienen sufriendo la pérdida constante de poder adquisitivo de los salarios y peso en la distribución de la renta, recayendo sobre sus espaldas los sacrificios que las políticas neoliberales obligan a hacer, los beneficios de los grupos empresariales más importantes de España que marcan la pauta de desarrollo económico no se han visto afectados.
Durante el periodo de la crisis (2007-2010), época durante la cual el número de desempleados ha pasado de 1,8 millones en 2007 a más de 4 millones en 2010, sólo tres empresas que componen el Ibex-35 (las 35 más grandes que cotizan en Bolsa) han tenido pérdidas, lo cual supone sólo un 8,5 por ciento de las grandes empresas. Todas las demás reportaron beneficios. Es más, de las tres que indicaron pérdidas, dos tuvieron pérdidas sólo durante el primer año y al año siguiente beneficios de más de 900 millones de euros una de ellas, y más de 2.000 millones de euros en la otra. Sólo la tercera empresa, ACERINOX, obtuvo pérdidas dos años seguidos y consiguió obtener 123 millones de euros de beneficio en 2010.
El centro del mundo empresarial no ha tenido pérdidas durante estos años de crisis y a pesar de ello se ha destruido empleo, lo que ratifica la necesidad que planteamos en el capítulo anterior en el sentido de obligar a las grandes empresas a realizar una gestión del empleo en función de la demanda social de bienes y servicios y no sólo de su beneficio. Ha de impedirse que empresas que obtienen beneficios puedan disminuir sus plantillas y es imprescindible que cualquier ventaja fiscal que puedan obtener (al revés de lo que ahora sucede) deba estar condicionada a la creación de empleo y al mejoramiento salarial de sus empleados o al establecimiento de un fondo en la empresa, conjuntamente gestionado por los empleados y la dirección, con el fin de crear empleo.
Se trata de medidas que ya existen en muchos países europeos, en donde, por cierto, hay mucho menor desempleo que en el nuestro, mucha más competitividad y mayor eficiencia económica y bienestar social. Su implantación en España está aún más justificada precisamente porque aquí las grandes empresas tienen un poder excesivo y muy negativo desde el punto de vista de hacer más eficiente y más justa a la actividad económica a costa del que tienen los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios.
Como hemos visto, este excesivo poder de los grandes grupos empresariales ha destruido empleo y ha provocado pérdidas de competitividad al suponer subidas de costes laborales unitarios asociadas a presiones sobre sus precios. Y sus grandes excedentes han alimentado la burbuja especulativa y grandes salidas de capital hacia otros países en detrimento de la inversión y del desarrollo nacional. Hay que poner fin a todo ello urgentemente.

PACTO DE RENTAS Y CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO
Las propuestas que hacemos nacen de lo que nos parece que son tres evidencias fundamentales de la economía española.
La primera, que sus grandes limitaciones que ya hemos mencionado repetidamente, tienen su origen en la desigualdad y en la insuficiencia de rentas orientadas a su demanda y a su mercado interno.
La segunda, que nos parece que no tiene ningún sentido económico ni es en absoluto viable que todas las economía europeas o todos los sectores y empresas españolas traten de ser competitivas unas frente a otras.
Y la tercera, que la experiencia muestra que no es posible mantener niveles de empleo y de ingreso satisfactorios o suficientes mediante políticas cuyos simples efectos son deprimir la demanda interna y aumentar el excedente empresarial.
Nos parece que de esta evidencia se debe deducir que la regeneración de la economía española sólo puede proceder de una estrategia de fortalecimiento de su mercado interno combinada con otra que modifique a medio y largo plazo su dimensión exportadora, sustituyendo su especialización tradicional por otra basada en nuevas líneas productivas que puedan ser competitivas sin recurrir al simple expediente de los recortes salariales. En nuestra opinión todo ello podría ser posible si se forjara un gran pacto de rentas que permitiera que los salarios recuperen, en un plazo que puede estar entre los cinco y diez años, el mayor nivel de participación en la renta nacional alcanzado en la etapa democrática.
Es fundamental entender que esta medida no va solamente en beneficio de los asalariados sino que al dedicar éstos la mayor parte de sus incrementos de renta al consumo, produciría también una extraordinaria recuperación de la oferta y de los beneficios de las pequeñas y medianas empresas, que la experiencia nos dice que se traducen enseguida en incrementos de las contrataciones.
Para que esta medida fuera viable y tuviera un impacto verdaderamente transformador sería necesario que al mismo tiempo se dispusiera del capital humano, físico y social necesario, lo que obligaría a poner en marcha sobre todo planes extraordinarios de inversiones en educación, innovación y desarrollo, a reconvertir la política de creación de infraestructuras para dejar de estar al servicio de la ganancia de las grandes empresas (en especial bancarias y constructoras) que permitiera la puesta en marcha de las actividades de nueva generación a las que nos referimos en el capítulo III, lo que lógicamente obliga, como veremos en el siguiente capítulo, a aumentar la presencia del sector y el gasto público y no a reducirlo como proponen los neoliberales.

LA VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
Como hemos comentado, los economistas neoliberales, los dirigentes de los bancos centrales, los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y, por supuesto, los banqueros y los líderes de la patronal afirman que la mejor vía para salir de la crisis y lograr que crezcan la actividad económica y el empleo es bajar los salarios.
Y como lo hacen con tanta insistencia y diciendo siempre que se trata de una idea científica es normal que la población termine creyendo que es así.
Pero es muy importante ser conscientes de que las cosas no son exactamente como las pintan los neoliberales y que hay evidencias empíricas que demuestran, por el contrario, que las propuestas que estamos realizando son mucho más eficaces para generar actividad económica y crear empleo.
Además de las razones que ya hemos analizado con anterioridad, los neoliberales argumentan que el crecimiento económico es espoleado fundamentalmente por las empresas y, por tanto, que es necesaria una alta participación de los beneficios en la renta para que se pueda invertir y así se puedan contratar trabajadores. De modo que los incrementos de la participación de los salarios en la renta debilitarían el crecimiento económico y la creación de empleo. Pero otros economistas estiman, por el contrario, que el crecimiento económico es el resultado de que aumente no sólo la inversión sino también el consumo, el gasto público y el saldo del comercio exterior. Y, por tanto, que se puede generar crecimiento económico mediante el estímulo del consumo que favorecen los salarios más elevados.
Hace ya tiempo, en 1990, los economistas Amit Bhaduri y Stephen A. Marglin desarrollaron un modelo para estudiar cuál de las dos estrategias resulta más favorable para las economías y concluyeron que el resultado final dependía de la configuración de la economía. Es decir, que subir y bajar salarios sería bueno o malo para el crecimiento económico dependiendo de las características específicas de la economía en cuestión.
Según estos economistas un aumento de la participación de los salarios puede debilitar la inversión porque reduce el ahorro −como dicen los neoliberales para justificar que no suban−, pero también incrementa la demanda global de la economía, como sabemos, al aumentar el consumo. El resultado final dependerá entonces de la sensibilidad de la inversión ante las variaciones de la participación de los salarios en la renta.
Pues bien, los estudios empíricos que se han realizado a partir del modelo de Bhaduri y Marglin han determinado que en la mayoría de las economías europeas (incluida la economía europea como un todo) lo mejor para aumentar el  crecimiento económico es la alternativa de subir los salarios. Y un estudio realizado por Martin Naastepad en 2007 para España concluyó asimismo que esa estrategia también era la más conveniente para el caso español.
Podemos afirmar, por tanto, que la estrategia neoliberal basada en reducir salarios no favorecerá ni el crecimiento de la actividad ni el aumento del empleo en España y, en consecuencia, que para lograrlos es más acertado actuar como acabamos de proponer.

1. Sylvain Broyer y Costa Brunner, L’évolution récente des parts de marché intra-UE n’a rien à voir avec la compétitivité coûts, Flash Economie, Natixis, núm. 193, 2010).

2. En la empresa Y serían [(80.000/10) / (10.000/10) = 0,8] y en la empresa Z [(100.000 /10) / (12.500 /10) = 0,8].

3. Jesús Felipe y Utsar Kumar, Unit Labor Costs in the Eurozone: The Competitiveness Debate Again, Working Paper of Levy Institute, 2011.

HAY ALTERNATIVAS (Cap. V)

LA HIPOTECA DEL DÉFICIT SOCIAL

La actual crisis está siendo utilizada por los economistas neoliberales como excusa para atacar al Estado y al gasto público y por eso afirman que lo que hay que hacer para salir de ella es recortar el gasto público y en particular el destinado a mantener servicios sociales e infraestructuras de bienestar social. E insisten en esta idea de una forma mucho más reiterada desde que estalló el problema de la deuda de la manera y por las causas que hemos comentado.
En contra de esas ideas es muy importante tener claro que esas políticas no van a conseguir lo que dicen pretender (facilitar la recuperación y fomentar el empleo o incluso reducir la deuda) sino que van a provocar todo lo contrario: el mayor empobrecimiento de las clases trabajadoras que son las que, con su consumo, sostienen la demanda, y una pérdida de dinamismo económico y de capacidad para generar empleo.
La reducción del gasto público que se está proponiendo y llevando a cabo no es una salida a la crisis sino justamente lo contrario, es una de las causas de la crisis porque genera desigualdad y limita las posibilidades de creación de actividad económica. Además, lógicamente, de producir una mayor insatisfacción social y personal.

EL BIENESTAR COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD
El discurso neoliberal orientado a realizar recortes de gasto social y a debilitar las estructuras de bienestar suele basarse en la idea de que ambos son factores retardatarios de la actividad económica y enemigos de la competitividad, pero los datos empíricos nos indican lo contrario 1.
En contra de esa opinión que se empeñan en extender los neoliberales, incluso una institución dominada por esa ideología, como es el Foro de Davos, tiene que reconocer que los países que tienen mayor eficiencia económica son los países del norte de Europa, que han sido gobernados durante la mayoría del periodo que abarca desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1990 por partidos que se han caracterizado por su gran sensibilidad social, que se ha traducido en Estados del Bienestar bien financiados y con elevado gasto público social por habitante.
El contraste entre los países del norte de Europa, gobernado por partidos con mayor compromiso social, y los del sur, gobernados por partidos conservadores de escasa sensibilidad social, no puede ser más acentuado. El enorme retraso social de España debido a la escasa financiación que aquí se ha dedicado al bienestar colectivo se debe a haber estado gobernada por una dictadura fascista durante cuarenta años. Y aunque mucho se ha hecho desde entonces, el hecho es que treinta y tres años después de haber terminado la dictadura España todavía está a la cola de la Europa social. Algo que sólo se puede explicar por la excesiva influencia que las fuerzas conservadoras y neoliberales continúan teniendo sobre el Estado.
El Estado del Bienestar contribuye a la eficiencia económica del país, educando a la ciudadanía, asegurando trabajo estimulante, que permita el desarrollo del potencial de creatividad que tiene todo ser humano, y ofreciendo seguridad y protección social que garantizan una cohesión social, en el que la cooperación y la solidaridad facilitan los necesarios cambios que la sociedad y la economía requieren para ir adaptándose en su proceso de modernización. El miedo, la inseguridad y la represión (y el desempleo es una forma de represión) nunca motivan a la población. La seguridad, la cooperación y la solidaridad sí que la motivan.
Por eso el bienestar insuficiente sólo puede conllevar una economía menos dinámica, más ineficaz y, por supuesto, más injusta y menos satisfactoria.

EL ESTADO DEL BIENESTAR Y LA CRISIS
Un ejemplo de que el subdesarrollo social afecta de forma negativa a la eficiencia económica es que los países que han sufrido más la crisis han sido los países periféricos de la Zona Euro Zona (Grecia, Portugal, España e Irlanda), es decir, los que precisamente se caracterizan por ser Estados del Bienestar muy poco desarrollados y muy poco financiados, como resultado de tener unas políticas fiscales muy regresivas con unos ingresos al Estado muy bajos, tal como se documenta en los próximos párrafos.
La crisis financiera se ha producido con su enorme magnitud justamente, como hemos analizado, por el gran incremento de la desigualdad que se ha generado en los últimos decenios y al que ha contribuido en gran medida el debilitamiento del Estado del Bienestar. Por tanto, mantener y fortalecer el gasto social y la provisión de bienes y servicios de bienestar no es sólo una cuestión de preferencia ética, que lo es y esto es de por sí muy importante. Además es la mejor manera de apostar por el mayor dinamismo económico y por la mayor capacidad de generación de empleo.

De hecho, una de las causas principales por las que España es incapaz de generar suficientes volúmenes de empleo y por las que su tasa de paro es tan elevada, incluso en épocas de bonanza, es que no ha desarrollado suficientemente su Estado del Bienestar, debido sobre todo a haber vivido más de cuarenta años del sigo pasado bajo una dictadura y a tener un Estado excesivamente influido por fuerzas conservadoras y grupos fácticos.

LA DEBILIDAD DEL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA
El Estado del Bienestar en España está muy poco financiado y desarrollado y, se mire como se mire, estamos a la cola de la Europa social.
Si contemplamos el gasto social en las transferencias públicas (como las pensiones), o en los servicios públicos del Estado del Bienestar (como sanidad, educación, servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, entre otros), vemos que está (21 por ciento del PIB) muy por debajo del promedio de la UE-15 (27 por ciento) y muy por debajo de los países más avanzados, como Suecia (29,3 por ciento). Lo mismo ocurre, por cierto, con los países periféricos de la Zona Euro, como Irlanda (21 por ciento), Portugal (23 por ciento) y Grecia (25 por ciento).
Otro indicador del subdesarrollo social de España es el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del Estado del Bienestar. En España es sólo un 9 por ciento, mucho más bajo que en Suecia (25 por ciento). Un español de cada diez trabaja en su Estado del Bienestar, comparado con un sueco de cada cuatro.
El déficit de empleo público, incluyendo el social, es enorme, negando el mensaje neoliberal que se reproduce constantemente en los medios de información de mayor difusión de que hay demasiados empleados públicos en España y muy pocos emprendedores. Los datos muestran, como ya señalamos antes, que España es el país con menos empleados que trabajan en los servicios del Estado del Bienestar y en el sector público y en cambio es el que registra mayor número de emprendedores.
Estos enormes déficits, que raramente tienen visibilidad mediática, aparecen también en Grecia, Portugal e Irlanda y se debe a que han estado gobernados por dictaduras enormemente conservadoras fascistas o fascistoides (como es el caso de España, Grecia y Portugal) o por regímenes autoritarios profundamente conservadores (como es el caso de Irlanda) durante la mayoría del periodo que va desde finales de la década de 1930 hasta finales de la década de 1970. Y, aunque ha habido cambios importantes, éstos han sido insuficientes para eliminar el enorme déficit de gasto público social.
En realidad el retraso social de España, como en aquellos otros países citados con anterioridad, se debe al enorme dominio de las fuerzas conservadoras y liberales en la historia de estos países. Así, cuando el dictador murió en 1975, España se gastaba sólo el 14 por ciento del PIB en su Estado del Bienestar, mucho menos de lo que se gastaban aquel año los países que más tarde pasarían a formar la Unión Europea de los Quince (UE-15), cuyo promedio era de un 22 por ciento del PIB.
El gasto subió durante el periodo que abarca desde 1978 (cuando se inició la democracia) hasta 1993 debido en parte al gobierno socialdemócrata de Felipe González, pero, sobre todo, a la presión e incluso agitación social liderada por los sindicatos a finales de la década de 1980, cuando se convocaron varias huelgas generales.
En 1993 el porcentaje de gasto público social había alcanzado el 24 por ciento del PIB. Ni que decir tiene que los países de la UE-15 también vieron subir su gasto social, pues pasó a ser un 28 por ciento, pero el hecho de que subiera con mayor  rapidez en España que en el promedio de la UE-15 explica que el déficit de España con la UE-15 se redujera a la mitad al  pasar de 8 (22-14) a 4 puntos (28-24).
Pero en el año 1993 el gobierno socialista se alió con las fuerzas conservadoras y liberales catalanas (CiU) y el resultado de esta alianza fue que la preparación de España para integrarse en el euro, que exigía la disminución del déficit del Estado (que entonces era del 6 por ciento del PIB) para no rebasar el 3 por ciento exigido por el criterio de Maastricht, se hizo a base de recortar de una manera muy marcada el gasto público social.
Esta operación podría haberse hecho a base de incrementar los impuestos pero no se hizo. En España la reducción del déficit siempre se ha hecho a base de reducir el gasto público social (tal como estamos viendo ahora).
El mantenimiento de esa opción explica que cuando el Estado español consiguió reducir e incluso eliminar el déficit público del Estado en 2003 fuera a costa de haber aumentado de manera considerable el déficit social de España con el promedio de la UE-15, es decir, la diferencia en euros estandarizados entre lo que España se gastaba por habitante en su Estado del Bienestar y lo que se gastaba el promedio de la UE-15. Un déficit que en 2005 era mayor que en 1994.

LAS CAUSAS DEL SUBDESARROLLO SOCIAL DE ESPAÑA
Ya se ha indicado que las causas de este subdesarrollo han sido el enorme dominio de las fuerzas conservadoras y liberales sobre el Estado español, que ha determinado unas políticas fiscales sumamente regresivas. Así, mientras que las personas que están en nómina pagan impuestos comparables a los que pagan sus homólogos en la UE-15, las personas de elevadas rentas, así como el capital, pagan muchos menos impuestos que sus homólogos en la UE-15.
Como consecuencia los ingresos del Estado en España representan sólo el 32 por ciento del PIB, un nivel mucho más bajo que el promedio de la UE-15, 44 por ciento, y de los países más avanzados como Suecia, 54 por ciento.
Ésta es la mayor causa del subdesarrollo social de España. Es lo que solía llamarse «poder de clase», es decir, poder de la clase dominante que tiene enorme influencia en los establishment políticos y mediáticos del país.
Este poder de clase aparece también en el escasísimo impacto redistributivo del Estado. Así, la pobreza en España baja sólo 4 puntos (del 24 por ciento de la población al 20 por ciento) como consecuencia de las transferencias públicas sociales, mientras que baja 9 puntos en el promedio de la UE-15 (del 25 al 16 por ciento) y 14 puntos en Suecia (del 27 al 13 por ciento).
Puesto que la pobreza se define como el sector de la población que tiene una renta que alcanza el 60 por ciento de la renta mediana (aquella que tiene el 50 por ciento de la renta por encima y el 50 por ciento por debajo), entonces vemos que el impacto redistributivo es muy bajo.
Resultado de ello es que España es uno de los países con mayores desigualdades en la UE-15, con coeficiente de Gini, que mide la concentración del ingreso, de 31,3, mucho mayor al promedio de la UE-15, que es de 29. En ningún otro país las rentas superiores (los muy ricos y los ricos) son mejor tratadas y las rentas medias e inferiores (las clases medias y trabajadoras) peor tratadas por el Fisco. Esto es el poder de clase.

¿ES CIERTO QUE EL ESTADO NO PUEDE SOSTENER UN ESTADO DEL BIENESTAR MÁS FINANCIADO QUE EL ACTUAL?
Un argumento que se cita constantemente es que España se está gastando demasiado en su Estado del Bienestar y que hay que reducirlo.
Los datos, sin embargo, muestran la falsedad de tal argumento. España no es pobre. En realidad es casi tan rica como el promedio de los países de la UE-15 (que son los países más ricos de la UE), pues su nivel de PIB por habitante es el 94 por ciento de ese promedio. Sin embargo, su gasto público social es sólo el 72 por ciento del promedio de la UE-15. Si fuera el 94 por ciento, España se gastaría 66.000 millones de euros más de los que se gasta en su Estado del Bienestar.
No es cierto, por tanto, que España no tenga recursos para corregir su déficit social. Lo que ocurre es que no los recauda.
La gente con más dinero no paga lo que sus homólogos pagan en la UE-15. Según las cifras provistas por la Agencia Tributaria del Estado español, basadas en las declaraciones de renta, un empresario ingresa menos que un trabajador, las grandes empresas españolas sólo pagan un 10 por ciento de sus beneficios y los multimillonarios que mantienen que gestionan sus ingresos y sus patrimonios mediante SICAV apenas pagan el 1 por ciento.

La insuficiente financiación de los derechos sociales

Como es lógico, el subdesarrollo social de España se manifiesta en todas las dimensiones del Estado del Bienestar o, lo que es lo mismo, en el imposible disfrute de derechos sociales básicos reconocidos sobre el papel por la Constitución.
Sistema sanitario El sector sanitario en España está poco financiado y, por tanto, poco desarrollado. Sólo el 4,1 por ciento de la población adulta trabaja en el sector sanitario en España, un porcentaje que es uno de los más bajos de la UE-15 (6,6 por ciento).
España tiene el PIB per cápita equivalente al 94 por ciento del PIB del promedio de los países de la UE-15 y, en cambio, el
gasto público sanitario per cápita es sólo del 79,5 por ciento del promedio. Si fuera el 94 por ciento, España se gastaría 13.700 millones de euros más de los que se gasta en sanidad. No es creíble, por tanto, indicar que la sanidad pública es insostenible.
En realidad España se está gastando mucho menos de lo que le correspondería por su nivel de desarrollo económico. El crecimiento del gasto sanitario como promedio para toda España fue en los últimos diez años sólo del 2,7 por ciento por año, comparado con un 4,1 por ciento en el promedio de la OCDE. Es más, gran parte del crecimiento del gasto sanitario en España ha sido en el sector privado, que es lo que se está tratando de fortalecer. Y hay que tener presente que el sector sanitario privado encuentra su principal obstáculo de desarrollo en el sector sanitario público, y por eso sus representantes recomiendan una y otra vez el desmantelamiento progresivo del sector público. En caso de privatización parcial o completa los pacientes del sistema público pasarían a ser clientes del sistema privado, y eso significa negocio y beneficios. No es mera casualidad que las voces que apoyan la reducción del gasto público también pidan una desgravación del aseguramiento privado.
Además la simple existencia de un sistema sanitario privado refleja una situación de desigualdad en el acceso a un servicio esencial como la salud. No en vano el 30 por ciento de la población española (la de renta superior) utiliza la sanidad privada y el 70 por ciento restante, las clases populares (la clase trabajadora y la mayoría de las clases medias), utilizan los servicios públicos. Cualquier privatización, sea del grado que sea, empujará a las clases medias y trabajadoras a tener que pagar mucho más por acceder a los mismos servicios.
Actualmente estamos viendo un resurgimiento de este debate público-privado, y poco a poco los gobiernos avanzan en el deterioro del sistema público con el objetivo de crear nuevos espacios de negocio para el sistema privado.
Para justificar tales prácticas los gobiernos y los economistas liberales consideran que el sistema público es insostenible.
Por ejemplo, se asume erróneamente que el usuario español abusa del sistema, tomando el elevado número de visitas sanitarias por habitante (nueve visitas) como ejemplo de este abuso (el promedio de la UE-15 es de seis visitas). Pero lo que no se dice es que, de estas nueve visitas, hay al menos tres que en otros países las atiende o bien una enfermera o bien un administrativo, y que en España en cambio las hace el médico. El médico está sobrecargado, pero ello no quiere decir que el usuario abuse, pues en otros países las enfermeras tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor apoyo administrativo.
Además los que generan la demanda que ocasiona costes (farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no son los usuarios sino los médicos.
Es decir, el sistema no es insostenible pero sí necesita reformas, aunque deben ser reformas que avancen en el fortalecimiento del sistema público y no en su deterioro o su desaparición.
La realidad es que la sanidad pública española está subfinanciada y quedan todavía áreas de servicios por cubrir, tales como los servicios de dentista.
Por otra parte este bajo gasto sanitario se traduce en un sistema ineficiente. En general la sanidad privada puede ser mejor que la pública en la comodidad y la atención al paciente (una cama por habitación en las clínicas privadas, más tiempo de visita y menos tiempo en espera). En cambio la sanidad pública es mejor que la privada en la calidad del personal y de la tecnología e infraestructura médica.
De hecho, en países de extenso desarrollo de la privada, como Estados Unidos, la evidencia muestra que la mortalidad es mayor en las instituciones sanitarias con afán de lucro que en las sin afán de lucro, lo que muestra el peligro que puede significar la mercantilización de la medicina. El afán de optimizar los beneficios puede entrar en conflicto con la calidad del servicio (lo cual ocurre por lo general, ahorrando en personal de enfermería y otro tipo de personal).
Lo que se requiere, pues, es una sanidad pública multiclasista, que mantenga la calidad del personal y de la infraestructura y a la vez mejore de forma sustancial la atención y la comodidad del usuario. Pero ello requiere un gasto público mucho mayor que el actual.

Educación

Lo mismo que ocurre en el caso de la sanidad pública sucede en la educación pública. Todos los alumnos que van a colegios o institutos públicos son potenciales clientes de los colegios o institutos privados, pero dejar de financiar la educación pública a los niveles recomendados por los organismos internacionales es profundamente antisocial, ya que las escuelas privadas atienden prioritariamente a los sectores de mayor renta y las escuelas públicas atienden a las clases populares.
Los recortes de gasto público educativo acentuarán todavía más tal polarización educativa por clase social, dificultando la movilidad social, que es una de las más bajas de la UE-15, y debilitando así las bases de nuestra estructura productiva. En efecto, además de ser una estrategia que perjudica a los sectores de rentas más bajas y, por tanto, netamente injusta y desigual, el recorte del gasto en educación pública es muy perjudicial desde el punto de vista económico porque este limitado desarrollo implica una insuficiente inversión en el capital humano, que es un factor fundamental del crecimiento y de la competitividad.
Porque, en contra de lo que indican los economistas neoliberales, las desigualdades dificultan la eficiencia educativa y económica.
Vemos también que como ocurría en Sanidad la dicotomía privada/pública reproduce una polarización por clase social que no es ni justa ni eficiente. La mejor escuela en la UE-15, por ejemplo, es la finlandesa, tal como señalan los informes PISA sobre calidad de la educación. Ésta es una escuela multiclasista, donde el hijo del banquero y el hijo del empleado de la banca asisten al mismo colegio, una situación impensable en España.
Pero consecuencia de ello es que el hijo del banquero en España está por detrás del empleado de la banca en Finlandia. En contra de lo que indican los economistas neoliberales las desigualdades dificultan la eficiencia educativa y económica.

Vivienda

Otro bien de primera necesidad y derecho social que se ha venido considerando en nuestro país como un bien de lujo es la vivienda. Pero precisamente por permitir que la vivienda se considerara una mercancía más se ha podido gestar la burbuja inmobiliaria que tanto daño ha hecho a la economía española.
El precio de las viviendas (por metro cuadrado) creció nada menos que un 106 por ciento desde que se estableció el euro, en 1999, hasta el 2007, mientras que los salarios nominales crecieron sólo un 8 por ciento, lo que refleja cómo sólo las rentas más adineradas se han permitido el lujo de adquirir viviendas en condiciones que no requerían la firma de un contrato abusivo con el banco.
La solución pasa por considerar la vivienda como un bien de primera necesidad gestionado por el Estado, para lo cual es imprescindible que el sector público disponga de un excedente de viviendas que pueda ofrecer en alquiler a precios progresivos (en función de la renta de las familias), y eso lo puede conseguir utilizando el impresionante excedente de viviendas que tienen los bancos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Una manifestación especialmente vergonzosa del problema social al que lleva la insuficiente o mal orientada financiaciónde la vivienda es el incremento desmesurado de los desahucios que se producen y del número de familias que pierden sus viviendas en manos de bancos que, mientras tanto y con ayudas públicas, obtienen miles de millones de euros de beneficios.
Según el Consejo Superior del Poder Judicial en el primer trimestre de 2011 hubo 15.491 desahucios, lo que supone una nueva cifra récord y un 36,9 por ciento más que en el mismo trimestre de 2010. Pero la Plataforma de Afectados Por la Hipoteca que está en contacto mucho más directo y real con este problema afirma que en muchos miles de casos más se produce «autodesahucio» porque las familias entregan las viviendas cuando ya no pueden más, o, aunque no haya orden judicial de lanzamiento, se produce el desalojo real que luego no reflejan las cifras oficiales de la Justicia. Lo que le lleva a estimar que en 2010 se registraron 93.000 desalojos de viviendas, cuando las cifras oficiales reflejaron 48.000. Y esa misma fuente estima que a mediados de 2011 podrían estar en curso un millón de expedientes de desahucio que se unirían a los 250.000 que se han realizado desde el inicio de la crisis.
En la mayoría de estos casos se puede producir, además, que las familias deban seguir pagando una parte de sus hipotecas puesto que el gran poder de los bancos se traduce en el establecimiento prácticamente unilateral de la tasación del valor de la vivienda.
Frente a ello no es solución la simple aceptación de la dación de pago, que al fin y al cabo viene a significar la pérdida de la vivienda, sino el reconocimiento efectivo del derecho constitucional a disfrutar de ella. Para ello sería necesario crear, por el contrario, mecanismos de arbitraje que permitan establecer acuerdos de prórroga o reestructuración de la deuda hipotecaria, al estilo de los que existen en otros países europeos, con el fin primordial de que no se pierda el bien fundamental que es la vivienda y el derecho a habitarla.

Condiciones de trabajo

Otra manifestación de nuestro subdesarrollo social es el empeoramiento de las condiciones de trabajo, con un aumento del porcentaje de trabajadores que indican estar estresados en el trabajo (el 52 por ciento de la población total en 2009). Lo que no sólo tiene que ver con el hecho de que los trabajadores españoles trabajan más horas al año (1.654 horas) que las de la media de los países de la OCDE (1.628 horas), sino también con la menor dotación de servicios de bienestar vinculados a la vida laboral y, por supuesto, con nuestro menor nivel de salarios.

Pensiones

Al igual que pasa con la sanidad y con la educación, el sistema público de pensiones está en peligro como consecuencia de los ataques de los bancos y de las entidades financieras que buscan incrementar el negocio de sus planes de pensiones privados.
Con el agravante de que tal ataque está siendo justificado por economistas neoliberales que continuamente recomiendan reformas profundas en el sistema para evitar su colapso a base de argumentaciones falsas. Se asume erróneamente que la evolución demográfica (el envejecimiento de la población) es el único factor que importa a la hora de valorar la sostenibilidad del sistema de pensiones cuando en realidad hay muchas otras variables que influyen en dicha sostenibilidad.
En contra de las medidas que se vienen implantando y que simplemente persiguen reducir el gasto en pensiones públicas para así obligar a suscribir fondos privados de ahorro, y dado que la suficiencia financiera del sistema público depende también de los ingresos y no sólo de los gastos, se mejoraría su situación favoreciendo el aumento de la masa salarial y el de la población femenina ocupada, la distribución más igualitaria de la renta, el incremento de la productividad mejorando las condiciones laborales o la participación de los trabajadores en la empresa, combatiendo la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral 2.
Sin olvidar que el aumento de la productividad implica un incremento muy notable de la riqueza del país. De la misma manera que ahora el 3 por ciento de la población adulta trabajando en agricultura produce lo que producía el 30 por ciento de la población agrícola hace cuarenta años, dentro de cuarenta años un porcentaje incluso menor producirá mucho más que el 3 por ciento actual. Pues el mismo símil se aplica al sostenimiento de las pensiones. Si hoy se necesitan tres personas para sostener a un pensionista (se necesitaban seis hace cuarenta años), es más que probable que en el futuro se necesiten menos trabajador activos para sostener a los inactivos.
Pero incluso aunque se aceptara, que no hay por qué, que el sistema no se puede sostener basado sólo en las cotizaciones de la población trabajadora, se podría recurrir a financiarlo mediante impuestos.

Dependencia y sector de cuidados (cuarto pilar del bienestar)

Como hemos señalado, es el poder de clase es el que determina el subdesarrollo social de España al imponer una insuficiente financiación generalizada de la provisión de los bienes y servicios de bienestar colectivo. Pero donde este subdesarrollo es más acentuado es en aquellos sectores del Estado del Bienestar que afectan a las familias, que en España quiere decir a las mujeres.
En España las escuelas de infancia para niños de 0 a 2 años y los servicios domiciliarios a personas con dependencia están muy poco desarrollados. Sólo el 10 por ciento de niños de 0 a 2 años van a escuelas de infancia públicas, en comparación con el 28 por ciento de la UE-15 o el 58 por ciento de Suecia. Y lo mismo ocurre en cuanto a los servicios de dependencia: en 2004 sólo un 2 por ciento de las personas con dependencia en España tenían atención garantizada al margen de la no retribuida que pudieran recibir (en la mayoría de las veces por las mujeres) de sus hogares, frente al 18 por ciento en la UE-15 y al 23 por ciento en Suecia.
Este subdesarrollo tiene costes humanos, sociales y económicos extraordinarios.
La insuficiente financiación de los servicios de cuidados y de los que pueden permitir la adecuada conciliación de la vida laboral y personal hace que las labores de cuidados recaigan en su mayoría sobre el hogar. Pero la escasa corresponsabilidad entre hombres y mujeres a la hora de hacerse cargo del trabajo doméstico y de cuidados hace que sean estas últimas las que sobre todo atiendan a los infantes, a los jóvenes y adolescentes que están en casa hasta que tienen 32 años como promedio, a las personas mayores y, en general, casi todas las tareas del hogar. Y el 52 por ciento de ellas además trabaja en el mercado laboral, todo lo cual tiene efectos muy negativos.
En primer lugar genera sobrecarga de trabajo y mucho estrés. Las mujeres españolas tienen tres veces más enfermedades debidas al estrés que el hombre.
En segundo lugar tiene también un coste social elevado: España tiene una de las fecundidades más bajas del mundo. Y ello es fácil de entender pues la mujer joven tiene difícil encontrar un puesto de trabajo que le permita tener acceso a una vivienda, condición necesaria para establecer una familia. Es más, no suele disponer de los servicios de ayuda a la familia que tienen otras mujeres europeas, como las francesas o las suecas.
Finalmente también tiene un enorme coste económico. Si las mujeres en España tuvieran el mismo porcentaje de actividad en el mercado de trabajo que las mujeres suecas, en España habría 3 millones más de trabajadoras creando riqueza y pagando impuestos. De ahí la enorme importancia y exigencia de que se desarrolle el cuarto pilar del Estado del Bienestar para poder permitir la integración de las mujeres al mercado de trabajo.
Esto es una inversión de una gran importancia para crear riqueza, mucho mayor, por cierto, que invertir en el AVE, pero,  sin embargo, no existe conciencia de ello en los centros de decisión económica del país.
Una buena prueba de esto último es que el mismo gobierno socialista que promulgó las Leyes de Dependencia e Igualdad las dejó casi desde el principio sin financiación suficiente, lo que creó una frustración importante, sobre todo en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, en donde se realizaron recortes adicionales que prácticamente han impedido su puesta en marcha. Y también el hecho de que, cuando la crisis económica estalló, han sido precisamente las políticas de igualdad, e incluso el propio Ministerio que se creó como su buque insignia, las primeras que han visto mermar sus presupuestos. Así ocurrió con la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas que el Gobierno anuló a pesar de estar ya aprobado por ley.
El Estado del Bienestar debería ser una cantera de creación de empleo. Hemos mostrado que si hubiera el porcentaje de personas adultas en el Estado del Bienestar que tiene Suecia, no habría desempleo en España. Pero para ello es necesario que el Estado del Bienestar se vea como una inversión fundamental para mejorar la calidad de vida, así como la eficiencia económica del país.

1 Todos los datos utilizados en este capítulo pueden encontrarse en el Observatorio Social (http://www.observatoriosocial.org/ose/).

2 Véase Navarro, V. Torres López, J., Garzón Espinosa, A.: «Están en peligro las pensiones públicas? Las pregunas que todos nos hacemos, las respuestas que siempre nos ocultan», ATTAC, 2010.